¿Qué significa cambiar el modelo económico?
Por Diario UNO el abril 5, 2016
Roberto Machado
Economista. Miembro del Equipo Económico del Frente Amplio.
En
el debate presidencial realizado el domingo 3 de abril, los candidatos
del continuismo económico, la derecha en todas sus versiones, encabezada
porKuczynski y Keiko Fujimori, se presentaron como entusiastas
defensores del modelo económico implantado en el país en 1990 por el reo
Alberto Fujimori.
En contraposición, Verónika Mendoza del Frente Amplio señaló con
absoluta claridad que nos proponemos no solo cambiar el modelo económico
neoliberal primario-exportador, sino también la Constitución de 1993,
hija del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, y de su supuesta
validación en un referéndum bamba con evidentes visos de fraude, donde
el fujimontesinismo controlaba el escrutinio.
CAMBIO DE CONSTITUCIÓN
No se puede cambiar el modelo económico sin cambiar la actual
Constitución, que impone al modelo neoliberal principalmente en tres
aspectos. En primer lugar, se consagra el rol subsidiario del Estado,
con lo que el sector público solo puede intervenir en aquellas
actividades donde el sector privado no quiera participar. Se elimina así
la posibilidad de tener empresas públicas en sectores estratégicos para
el desarrollo nacional, tales como los de energía e hidrocarburos. Es
tan indefendible esta posición, que desde hace años tenemos en el país
la significativa presencia de empresas públicas extranjeras, tales como
la china Shougang, la colombiana Ecopetrol, y la chilena Empresa
Nacional del Petróleo (ENAP). En 2014, la estatal china CNPC, compró los
activos de la también estatal brasileña Petrobras en los lotes 56 y 58
del gas de Camisea en Cusco.
En segundo lugar, la Constitución de 1993 establece el trato nacional
a las empresas extranjeras, lo cual carece de todo sentido, dado que
esta es una de las principales cartas de las que dispone todo gobierno a
la hora de negociar cualquier tipo de acuerdo económico con otros
países, incluyendo los Tratados de Libre Comercio (TLC). Es decir, el
Perú no puede pedir a sus contrapartes que se otorgue trato nacional a
las empresas peruanas que eventualmente pudieran invertir en esos países
a cambio de otorgar un trato similar dentro de nuestras fronteras.
Simplemente porque la Constitución actual ya les otorga ese derecho a
todas las empresas de cualquier país, a cambio de nada.
En tercer lugar, la Constitución de 1993 otorga estatus de ley a los
contratos suscritos entre el Estado peruano y empresas privadas
nacionales y extranjeras. Esto blinda a todos estos contratos, y no
permite modificar una letra sin acuerdo de ambas partes. Por eso es que
Kuczynski dice que no se puede renegociar el contrato del gas de
Camisea, y se exaspera e insulta llamando ignorante a un periodista de
Puno, que le pregunta al respecto. Cabe señalar que a lo largo de la
vigencia de la actual Constitución, se han renegociado contratos en
múltiples oportunidades, pero siempre a pedido de las empresas privadas,
nunca del Estado peruano. Y adivinen qué. En la mayoría de las veces,
los representantes de todos los gobiernos desde los años 90 (Fujimori,
Toledo-Kuczynski, García, Humala) han accedido a los pedidos de las
empresas, lo cual nos ha costado millones de soles a todos los peruanos.
Por todo esto, en el gobierno de Verónika y el Frente Amplio cambiaremos la Constitución fujimontesinista, para:
i) Terminar con la subsidiariedad del Estado, de modo que este pueda
intervenir en actividades estratégicas para nuestro desarrollo, con
empresas públicas eficientes y transparentes, con gobierno corporativo, y
directorios integrados por profesionales independientes, así como por
representantes de los trabajadores y usuarios o consumidores.
ii) Recuperar para el Estado la capacidad de exigir a los países con
los que negocia acuerdos comerciales o de otra índole,trato nacional
para las empresas peruanas que invierten en sus territorios, a cambio de
lo mismo para las empresas de sus países que inviertan en territorio
peruano.
iii) Quitarles el rango de ley a los contratos suscritos entre el
Estado y empresas privadas nacionales y extranjeras para así facilitar
eventuales renegociaciones de los términos de los mismos cuando el
interés nacional así lo exija, respetando la legislación que norma estos
procedimientos.
Por supuesto, hay otros importantes cuestionamientos a la
Constitución de 1993 que van mucho más allá de lo económico, y que
tienen que ver con aspectos medulares de los derechos ciudadanos, como
el acceso universal a servicios públicos gratuitos y de calidad en
materias esenciales como educación, salud, vivienda, saneamiento, y
pensiones. Todos estos derechos fundamentales,que han sido convertidos
en meras mercancías por la actual Constitución. Del mismo modo, la
reivindicación de los derechos sociales y reproductivos como parte de
los derechos humanos que son indivisibles e inalienables, y la
eliminación de toda forma de discriminación, reivindicando la equidad de
género en toda su extensión y a todo nivel; los derechos de la
comunidad LGTBI, incluyendo el matrimonio paritario; y los derechos de
los pueblos indígenas a la no discriminación, al reconocimiento y
titulación de sus territorios, a la consulta previa para proyectos
extractivos y todas aquellas decisiones públicas o privadas que los
afecten (Convenio 169 de la OIT ratificado por el Perú), y a la
educación bilingüe e intercultural, respetando sus formas de
organización y su cultura.
Cambio de modelo económico
Está bastante difundida la idea de que Verónika y el Frente Amplio
proponen cambiar el modelo económico implantado por el fujimorismo en
1990 – y mantenido y/o profundizado por los gobiernos de
Toledo-Kuczyinski, García y Humala – por sus nefastos efectos sociales y
ambientales. Si bien esto es cierto, oculta un aspecto esencial de la
mayor relevancia: el modelo económico vigente también es inviable desde
el punto de vista productivo debido a su carácter primario-exportador,
que asigna a la minería el papel de locomotora del crecimiento.
La inviabilidad productiva del modelo económico neoliberal radica en
que los niveles de productividad del trabajo dependen crucialmente del
tamaño de la unidad productiva: a mayor tamaño, mayor productividad
laboral. Según cálculos de la OIT, las brechas de productividad laboral
según tamaño de empresa son abismales en el Perú: un trabajador de gran
empresa (más de 100 trabajadores) produce al año 15 veces más que un
trabajador de microempresa (auto-empleados, microempresas de 2 a 10
trabajadores, empleo doméstico y trabajadores familiares no remunerados
(TFNR)); un trabajador de mediana empresa (de 51 a 100 trabajadores)
produce 8 veces más que un trabajador de microempresa; y un trabajador
de pequeña empresa (de 11 a 50 trabajadores) produce 2 veces y media más
que un trabajador de microempresa (ver Gráfico). Y la tragedia
productiva a la que nos condena el actual modelo económico, es que según
cifras del INEI, en 2014, 7 de cada 10 trabajadores ocupados estaban
empleados en microempresas, incluyendo trabajadores auto-empleados, TFNR
y empleo doméstico.
No es difícil comprender las implicancias productivas y de
crecimiento económico que esta situación reviste. La verdad es que la
minería –el sector prioritario del actual modelo económico– no genera
empleo de calidad en cantidad suficiente (productivo, con salarios
dignos, con derechos), ni encadenamientos productivos con el resto de la
economía (por eso tampoco genera mayor empleo indirecto). Como
resultado, el actual modelo económico es una maquinaria que produce y
reproduce empleos precarios a escala nacional, expulsando a la inmensa
mayoría de trabajadores y trabajadoras del país al auto-empleo y a la
microempresa de sobrevivencia. La prensa neoliberal trata de dorar la
píldora bombardeándonos con la idea de que estas personas son
“emprendedoras”. Nada más falso. Estos peruanos y peruanas, que se
rompen el alma diariamente para llevar algún ingreso a sus casas, están
en estos empleos no por opción, sino por necesidad. Aunque hay algunas
historias de progreso, éstas son excepcionales. En la inmensa mayoría de
los casos, el resultado son extenuantes jornadas laborales que generan
reducidos ingresos.
Verónika Mendoza y el Frente Amplio pondrán remedio a esta situación,
mediante un decidido apoyo a los pequeños productores de las ciudades y
de las zonas rurales con un “combo” de apoyo que contendrá tres
componentes: asistencia técnica y capacitación para que mejoren sus
técnicas de producción; crédito abundante y barato para que puedan
mejorar su maquinaria y su tecnología, y ampliar su capacidad de planta;
y mercado para que tengan dónde vender sus productos. En este último
punto, la reactivación del mercado interno es crucial, para lo que
incrementaremos el salario mínimo a S/.1.000 mensuales, aumentaremos la
inversión pública de 4,5% a 6,5% del PBI; y canalizaremosS/.10.000
millones de crédito barato para los pequeños productores.
De modo que el cambio de modelo económico propuesto por Verónika y el
Frente Amplio implica la diversificación y sofisticación del aparato
productivo nacional, encendiendo nuevos motores de crecimiento en los
sectores de agricultura, industria y turismo, entre otros, que generen
empleo de calidad en cantidad suficiente. Para ello repotenciaremos el
Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP) aprobado tardíamente
por el actual gobierno y que no cuenta con los recursos y el apoyo
político necesarios, además de tener serios errores de diseño, como la
escasa importancia asignada al mercado interno y a la expansión e
integración de los mercados regionales y locales.
Con relación a la y otras actividades extractivas, el nuevo modelo
que proponemos impulsará el ordenamiento territorial que determine en
qué zonas se pueden realizar estas actividades y en qué zonas no. En las
que sí, la inversión minera nacional y extranjera será bienvenida a
condición de que respeten el ambiente (Estudios de Impacto Ambiental),
gocen de licencia social (Ley de Consulta Previa) y paguen los
impuestos, gravámenes y regalías que corresponden al Estado.
Finalmente, en el nuevo modelo el Estado tendrá una mayor
participación en la economía, principalmente en el planeamiento
estratégico, la regulación de mercados y la provisión de servicios
básicos universales, gratuitos y de calidad. La intervención del Estado
en la economía también podrá darse en algunas actividades estratégicas,
tales como energía e hidrocarburos (en alianza con el sector privado, de
ser el caso), y no se privatizarán los servicios de agua y saneamiento
que Kuczynski pretende, arrebatándole al acceso al agua potable su
condición de derecho, convirtiéndolo en una mercancía más. Verónika y el
Frente Amplio garantizarán el derecho de todos los peruanos y peruanas
el acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento.
Este cambio del modelo económico supondrá reformular la inserción del
Perú en la economía mundial, limitada a la exportación de productos
primarios desde 1990, principalmente minerales. Verónika y el Frente
Amplio sabemos que los peruanos y peruanas tenemos mucho más que piedras
para ofrecerle al mundo1 .
Conclusión
Afirmamos que no se puede transitar al desarrollo con 7 de cada 10
trabajadores exhibiendo niveles de productividad muy reducidos y en
condiciones de absoluta precariedad laboral. Para remediar esta grave
situación se requiere cambiar el actual modelo económico y la
Constitución de 1993. Habría que recordarles a los candidatos del
continuismo neoliberal que no hay mejor política social que una buena
política de empleo productivo, con salarios dignos y con derechos.
Estamos convencidos de que la inmensa mayoría de trabajadores y
trabajadoras del país, antes que apoyo de los programas sociales del
Estado – que continuaremos y ampliaremos en el gobierno de Verónika y el
Frente Amplio –, preferirían un buen empleo, con una remuneración que
les permitiera sostener a sus familias con dignidad, con contrato,
seguro de salud y pensiones; y plenos derechos ciudadanos, incluyendo el
acceso a servicios universales, gratuitos y de calidad de educación,
salud, seguridad ciudadana, vivienda, y pensiones. Este último punto
incluye el Programa Pensión Mujer, que brindará una pensión digna a las
mujeres que no tuvieron una vida laboral remunerada continua, pero que
dedicaron toda su vida a las labores del hogar, al cuidado de los hijos y
de los adultos mayores.
Los victoriosos jóvenes movilizados en 2014 en contra de la Ley
Pulpín (ley apoyada con entusiasmo por Kuzcynski y Keiko Fujimori) ya lo
dijeron: no son mano de obra barata ni de segunda clase; son ciudadanos
y ciudadanas con plenos derechos, incluyendo a oportunidades de estudio
y de trabajo digno que les permita cultivarse como seres humanos y
progresar con sus familias y sus conciudadanos. Este 10 de abril, con
los jóvenes, los estudiantes, los trabajadores y trabajadores del campo y
las ciudades de todas las regiones, los profesionales honestos y los
empresarios patriotas, daremos todos juntos el primer paso para cambiar
la Constitución y el modelo económico: con Verónika y el Frente Amplio
pasaremos a la segunda vuelta.
