Por Dánae Rivadeneyra (UTERO.PE)
El Poder Judicial declaró nulo todo el informe final de la
Megacomisión, donde se recomendaba acusar constitucionalmente al
expresidente Alan García por las irregularidades cometidas durante su
segundo gobierno. Coincidentemente, también venció el plazo de vigencia
de esta comisión. Es decir, si se quisiera volver a investigar a Alan
García, se tendría que formar una nueva comisión.
Por más increíble que parezca, esta no es la primera vez que Alan García
se salva de ser investigado directamente. Desde su primer gobierno
hasta el fin de su segundo mandato, Alan García ha sido seriamente
vinculado con actos de corrupción y violación a los derechos humanos.
Sin embargo, él ha sabido driblear como nadie a la Justicia.
“Los crímenes de Alan García son tan horrendos como los de Fujimori,
pero por más indicios que se han encontrado, el Ministerio Público ha
jugado siempre a su favor”, dice Gloria Cano, directora de APRODEH. “Lo
máximo que se ha logrado es que sea llamado como testigo” continúa Julio
Arbizu, exprocurador anticorrupción.
TÁCTICA Y ESTRATEGIA
La estrategia con la que Alan García ha enfrentado las investigaciones
ha dependido de quién es el investigador al que se enfrenta. Por
ejemplo, en el caso de la Megacomisión, “la defensa de García ha tratado
de anular todo el proceso recurriendo a acciones de amparo”, señala el
congresista Sergio Tejada. En otras ocasiones ha jugado en pared con
aliados políticos. Por ejemplo, en el 2001, gracias a la influencia de
los fujimoristas, consiguó la prescripción de los casos de corrupción de
su primer gobierno. Pero, cuando las cosas se han puesto más
complicadas, curiosamente, el Ministerio Público ha archivado las
investigaciones o ha decidido que no “hay mérito para iniciar una
investigación”.
En el caso narcoindultos, la procuraduría le presentó al Fiscal de la
Nación, José Pélaez Bardales, algunas de las fichas de conmutaciones “de
puño y letra de García donde él cambiaba la fecha de la condena”, la
institución que dirige Peláez Bardales no las aceptó aduciendo que “no
hay rigor probatorio” y que ya había una investigación en curso iniciada
por el Congreso, recuerda Arbizu. “El que haya una investigación no
quiere decir que no se pueda iniciar otra. Lastimosamente, cuando el
Fiscal da respuestas así de absurdas no hay a dónde más acudir”, afirma
el procurador anticorrupción Christian Salas.
Algo parecido sucedió en el caso de enriquecimiento ilícito, rápidamente
archivado por Peláez. Aunque la Procuraduría Anticorrupción pidió
ampliar la investigación y aportó nuevos indicios, el Fiscal no los
aceptó. “Existe una inclinación de parte del Ministerio Público por ser
más flexibles con ciertas figuras prominentes del APRA", sentencia
Arbizu. Lo cierto es que en los casos de corrupción a los que Alan
García estaba vinculado ha existido más de una extraña coincidencia que
lo ha librado de ser investigado.
LOS PETROAUDIOS Y BTR
En octubre de 2008 se desató el escándalo de los petroaudios:
interceptaciones telefónicas ilegales en las que se escuchaba a
funcionarios de la administración de García traficar con sus influencias
para otorgar contratos con el Estado. Los principales actores de
aquella tragicomedia fueron Alberto Químper de Perupetro y el aprista
Rómulo León, a quienes el país entero escuchó hablar de “aceitadas” para
conseguirle favores a la empresa petrolera noruega Discover Petroleum
Company.
Los audios pusieron al descubierto toda una maquinaria de ‘chuponeo’ que
terminó con la salida de Jorge del Castillo, entonces Primer Ministro,
junto a todo su gabinete. Más tarde supimos de la estrecha amistad de
García con el dueño de Bussiness Track, de sus reuniónes con Fortunato
Canaán, de las llamadas de Rómulo León a Palacio de Gobierno, etc.
La investigación se inició ese mismo año y se dividió en dos: por un
lado el caso Businnes Track que incluía sólo a los chuponeadores; y por
el otro, el caso Petroaudios que pretendía indagar sobre los casos de
corrupción que se desprendían de las conversaciones e involucraban a
funcionarios de la administración aprista que habían vendido favores.
“Lo de BTR se resolvió con una celeridad asombrosa para el promedio de
los casos peruanos”, señala Julio Arbizu. Efectivamente, el caso BTR
concluyó con la encarcelación de los responsables materiales. Sin
embargo, “han pasado seis años desde que se inició la investigación por
el caso petroaudios y ni siquiera estamos en el jucio oral”, dice el
procurador Salas.
Lo más preocupante del caso es que prescribirá en octubre. Pero este es
un final anunciado si se tiene en cuenta que las irregularidades
comenzaron desde las primeras detenciones. Cuando se inició la
investigación, el fiscal encargado, Óscar Zevallos sólo notificó a la
Procuraduría de Energía y Minas como representante del Estado y no a la
Procuraduría Anticorrupción, cuando los delitos investigados eran
competencia de ésta. Luego, se ha obstaculizado el proceso con el
contínuo cambio de fiscales. En total han sido cinco los que han visto
el caso. Primero fue Óscar Zevallos, luego Juana Meza, seguida de Flor
de María Vega, Delia Espinoza y Milagros Mora, actual fiscal encargada.
“Este cambio constante de fiscales ha sido un problema porque es un tema
inmenso y justo cuando el fiscal termina de estudiarlo, lo cambian por
uno nuevo. Resulta bastante sospechoso”, señala Christian Salas.
En lo referido a los informantes del caso BTR también hay hechos más que
sospechosos. Por ejemplo, los marinos Ismael Matta Uribe y Luis
Amengual Rebaza se acogieron voluntariamente a la colaboración eficaz,
sin embargo, después de dar su manifestación, fueron excluidos del
proceso y en vez de ser comprendidos en el caso se les premió con un
contrato en los consulados de Patterson, Nueva Jersey, y Nueva York,
respectivamente, con un sueldo de 4.500 dólares.
Además, Ismael Matta entregó a la fiscalía un USB con información
incriminatoria que hasta ahora no ha sido incluida como prueba del
proceso. “Se quedó en manos de (Walter) Milla. Él lo tiene que tener, él
nunca lo entregó”, señala Sergio Tejada. En el informe de la Megacomisión, se recomienda que tanto el Fiscal
Walter Milla como Jorge del Castillo, sean acusados por el delito de
encubrimiento.
Pero eso no es todo, coincidentemente, el mismo día del primer
allanamiento a las oficinas de BTR, la entonces Fiscal de la Nación,
Gladys Echaíz,tuvo una cita con Alan García. “Ella dice que fue para
discutir un proyecto de ley pero esto resulta una coincidencia
inverosímil”, afirma Tejada.
Otro hecho llamativo es que el General de la Policía en retiro, Miguel
Hidalgo, entonces ministro del Interior decidió que sea la Dirección
Antidrogas (DIRANDRO) la que se encargue del caso y no la División de
Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT). Hidalgo
justificó su decisión argumentando quela DIVINDAT no tenía los recursos
suficientes. Como es de imaginar, la decisión de Hidalgo sólo trajo
dificultades a la investigación. En un posterior allanamiento a la casa
de la analista de BTR, Giselle Gianotti, en enero de 2009, se incautaron
cuatro USBs que en el traslado hacia la DIRANDRO fueron cambiados por
otros. La fiscalía recién se percató del cambiazo en marzo de 2010. Es
decir, un año y dos meses después.
Las pruebas siguieron desapareciendo. La madrugada del lunes 4 de mayo
del 2009, un “intruso” ingresó al despacho de la jueza María Martínez
Gutiérrez, en el cuarto piso de Palacio de Justicia, y borró 592
archivos (audios y correos electrónicos) de dos USBs incautados también a
Giselle Gianotti. Pero no es sólo la desaparición de pruebas lo que
juega en contra del esclarecimiento de esta investigación. “Hay muchos
audios y archivos que están lacrados. Hemos pedido al juzgado, a la
fiscalía que (los) saquen y se abran y escuchen pero se han negado”,
señala el procurador Salas.
A todo esto se suman también las dilaciones para empezar con el juicio
oral. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia pedía que para
iniciar la fase oral se notificara a Discover Petroleum, incluida en la
investigación como tercero civil responsable. El problema con este
pedido es que Discover Petroleum ya no existe. “Nosotros pedimos que se
inicie el juicio y se les envíe lo actuado pero hasta ahora no hay fecha
cierta”, comenta Julio Arbizu. Mientras tanto,los involucrados en este
caso están esperando que llegue octubre y se haga el milagro de la
prescripción.
LA SOMBRA DE LA PRESCRIPCIÓN ASOMA
Esta no sería la primera vez que la prescripción salva a García de ser
investigado. En 1992 se inició un proceso en contra del líder aprista
por enriquecimiento ilícito, debido a su supuesta participación en el
escándalo del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI), su
intermediación en la compra venta de aviones Mirage 2000, además de un
evidente desequilibrio patrimonial.
El otro proceso fue abierto en 1994, también por enriquecimiento
ilícito, colusión ilegal, negociación incompatible y cohecho pasivo,
además se le acusaba de entregar sobornos para otorgar los derechos de
construcción del tren eléctrico al consorcio italiano Tralima.
Convenientemente, Alan García huyó del país y se refugió en Francia y
Colombia, esperando que los delitos por los que se le acusaba,
prescriban. El futuro del caso petroaudios parecería seguir el mismo camino.
LOS FANTASMAS DE LAS MATANZAS
Si el segundo gobierno de García se caracterizó por los escándalos de
corrupción, el primero estuvo marcado por graves delitos de violación a
los derechos humanos.
El caso Cayara es uno de los que más llama la atención debido a las
irregularidades que se cometieron. Entre los días 14 y 20 de mayo de
1988, un total de 39 campesinos del distrito de Cayara, Ayacucho,fueron
asesinados de manera sistemática por un grupo de militares. Los pocos
pobladores que quedaron vivos de aquella masacre, convertidos en
testigos, fueron asesinados meses después.
“El Fiscal Carlos Escobar Pinedo estuvo encargado de la información, él
le pidió ayuda a García para proteger a los testigos, le dio sus
nombres, y al poco tiempo casi todos fueron asesinados”, señala Gloria
Cano, directora de APRODEH.
Ese mismo año, la Comisión del Senado encargada de investigar la matanza
negó los crímenes. Los únicos que discreparon fueron los senadores
Javier Diez Canseco y Gustavo Mohme Seminario.
En el año 2005, la Fiscal Cristina de Olazábal incluyó a Alan García en
la investigación del caso Cayara como responsable político junto a otros
tres jefes militares y cuatro senadores. Poco tiempo después la fiscal
fue removida de su cargo. Su sustituta, la fiscal Miluska Cano excluyó a
Alan García de la investigación.
El caso de la matanza en El Frontón, en 1986, fue similar. A pesar de
que 33 internos fueron ejecutados, el caso fue sobreseído por falta de
pruebas. En 1990, una Comisión Investigadora del Congreso determinó que
altos funcionarios civiles y militares estaban implicados en la masacre y
acordaron emitir un informe al Ministerio Público pero el APRA, con el
apoyo de los fujimoristas de Cambio 90, logró los votos necesarios para
rechazar la acusación.
En el 2005, el Fiscal superior Edgar Chirinos ordenó al fiscal
provincial Mario Gonzáles reabrir la investigación contra el
expresidente Alan García y todos los miembros del Consejo de Ministros
de 1986. Sin embargo, el 26 de enero de 2006, la 5ta Fiscalía
Supraprovincial, a cargo del fiscal Mario Gonzáles, resolvió el archivo
definitivo del caso. Finalmente, en setiembre de 2013, el Tribunal
Constitucional afirmó que lo sucedido en el Frontón no constituye un
delito de lesa humanidad poniéndole fecha de “prescripción” a aquella
ejecución extrajudicial.
“Hay un poder oculto detrás del Ministerio Público que ha impedido que
se investigue”, afirma Gloria Cano, directora de APRODEH. “Yo estoy muy
decepcionado del subsistema y con la nueva elección del fiscal no parece
que el panorama vaya a mejorar”, finaliza el exprocurador
anticorrupción, Julio Arbizu.
