sábado, 20 de septiembre de 2014

CASO COMUNICORE: DE CÓMO CASTAÑEDA LE ROBÓ 33 MILLONES AL CONCEJO DE LIMA





El Poder Judicial excluyó del caso Comunicore a Luis Castañeda, pero los fiscales que acusan al menos a media docena de sus ex funcionarios señalan que estos no pudieron actuar por cuenta propia.

Mientras que para el ex alcalde Luis Castañeda el caso Comunicore “es un asunto entre privados”, para las autoridades que acusan de corrupción a ex funcionarios de la gestión municipal del líder de Solidaridad Nacional, estos actuaron bajo conocimiento y autoridad de Castañeda.

Ángel Páez.

Luis Castañeda Lossio logró desvincularse del caso Comunicore. Pero en el caso Comunicore Castañeda es una inevitable pieza clave.
La Sexta Sala Superior Penal de Reos Libres se apresta a iniciar juicio oral a media docena de ex funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima que pertenecieron a la gestión de Castañeda, a los que el fiscal superior penal Aldo Cairo Pastor acusó de colusión desleal el 22 de noviembre del 2013.(Hay que investigar a este fiscal por supuestas malas decisiones)
El fiscal superior Cairo denunció a cuatro ex funcionarios del municipio limeño: el ex gerente de Finanzas del municipio Juan Blest García; al ex subgerente de Tesorería Ulises Merino Rojas; al ex subgerente de Contabilidad Sergio Guerra Castillo; y al ex asesor de la Gerencia de Finanzas Daniel Arias Donayre.
Cairo, sin embargo, excluyó del caso al ex gerente municipal Ángel Pérez Rodas; al ex gerente administrativo Carlos Chávez Málaga; al ex gerente de Servicios para la Ciudad, Carlos Asmat Dyer, quienes fueron inicialmente acusados por la fiscal especializada en corrupción de funcionarios, Fanny Quispe Farfán, el 9 de diciembre del 2010. .(Hay que investigar a este fiscal por supuestas malas decisiones)
La Procuraduría Anticorrupción ha requerido a la Sexta Sala Superior Penal de Reos Libres que, antes de iniciar el juicio oral, incluya en el proceso a Pérez, Chávez y Asmat, por el papel protagónico que cumplieron en el denominado caso Comunicore.
CADENA DE HECHOS
De acuerdo con los informes acusatorios de los fiscales Fanny Quispe y Aldo Cairo, así como de la Comisión Investigadora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el caso Comunicore es el resultado de una concertación de voluntades para buscar el beneficio económico de terceras personas. Para alcanzar dicho resultado, altos funcionarios de la gestión de Luis Castañeda aprovecharon sus cargos.
El caso Comunicore se consumó mediante tres operaciones paralelas y vinculadas entrañablemente:
a)     La renovación del contrato de servicios con la compañía de limpieza Relima por diez  años más, del 2005 al 2015, y que alcanza un monto aproximado de 550 millones de soles.
b) El pago de 35,9 millones de soles a favor de Relima y que debía resolverse como parte del acuerdo para la renovación del contrato.
c) El desvío de fondos públicos para cumplir con abonar a Relima la deuda de 35,9 millones de soles.
El caso Comunicore, que se ventilará en la Sexta Sala Superior Penal de Reos Libres, no aborda el presunto delito de lavado de activos que se imputa a ex funcionarios del concejo limeño, de la empresa Relima y de Comunicore. La titular de la Primera Fiscalía contra el Crimen Organizado, Paola Díaz, es la que investiga este caso y acaba de requerir una ampliación de 120 días más para aplicar pericias contables a siete ex funcionarios de la gestión de Castañeda.
Luis Castañeda Lossio logró zafarse del caso Comunicore, pero como puede desprenderse de las acusaciones fiscales y del informe de la Comisión de Investigación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, los ex funcionarios acusados actuaron de acuerdo con autorizaciones y directivas del ex alcalde. No debería sorprender, ya que el propio Castañeda defendió la operación financiera y la elogió como uno de los episodios más exitosos de su gestión.
El 3 de marzo del 2010, cuando el ex alcalde se presentó ante la Comisión de Fiscalización que investigaba el caso, llegó a afirmar que el concejo limeño ganó con la operación y que se ahorró dinero. “Relima, en las negociaciones que ha tenido con la municipalidad, ha dejado de percibir 70 millones de soles. Unos 14 millones por el menor pago de un laudo arbitral y otros 56 millones por la renegociación o renovación del contrato con Relima. Entonces eso significa 70 millones de soles a favor de la Municipalidad de Lima Metropolitana”, dijo.
Como lo indican los fiscales Fanny Quispe y Aldo Cairo, así como el informe de la Comisión Investigadora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, además de informes de la Contraloría General de la República, la renovación del contrato  con Relima por diez años más (2005-2015) se consumó sin tomarse en cuenta los severos cuestionamientos a la calidad de los servicios prestados por la compañía brasileña de limpieza durante el periodo del primer contrato (1995-2005).
Pero la observación más importante de las autoridades acusadoras dista mucho de la versión triunfalista de Castañeda.
GANADORES Y PERDEDORES
Si bien el municipio ahorró con el pago a Relima de 35,9 millones de soles por una deuda fijada por laudo arbitral –y no por el éxito de la gestión municipal–, también es cierto que la empresa brasileña consiguió el contrato de renovación por 550 millones de soles.
Tampoco mencionó el ex alcalde ante el Congreso que los 35,9 millones que el municipio acopió para pagarle a Relima terminó en manos de la empresa Comunicore, entre cuyos socios se encontraba Álex Montoya Agüero, prófugo de la justicia desde que se le imputó la condición de “blanqueador” de millones de dólares del narcotráfico.
Para las autoridades, el caso Comunicore pudo concretarse porque entre quienes cumplieron un papel determinante había estrechos vínculos.
El 7 de enero del 2005 –el mismo año en que se vencía el contrato con Relima–, en uno de los primeros actos del caso Comunicore, el director administrativo del municipio, Carlos Chávez Málaga, por su propia iniciativa pidió al estudio de abogados Benites, De Las Casas, Forno & Ugaz una opinión legal sobre la renovación del contrato con la empresa de limpieza brasileña por diez años más. Las autoridades han establecido que hasta ese momento Relima nunca solicitó al municipio la renovación del contrato.
Curiosamente, muy poco después, el 9 de febrero, el gerente general de Relima, Odilón Gaspar Amado, propuso al alcalde Castañeda renovar el contrato. Y el 29 de marzo, el gerente de Finanzas, Juan Blest García, informó al gerente administrativo de Relima, Miguel Garro Barrera, que el municipio estaba en condiciones de pagar la deuda de 35,9 millones de soles.
Carlos Chávez Málaga y Juan Blest García trabajaban para Castañeda desde la década de los ochenta, en distintas instituciones públicas, y el primero era amigo de Miguel Garro Barrera, quien, al mismo tiempo que laboraba en Relima también era el hombre fuerte de Comunicore.
Esto explica por qué la renovación del contrato con Relima, el pago de la deuda a esta compañía brasileña y la transferencia de los fondos abonados por el municipio de Lima a la empresa Relima terminaron en una cuenta de Comunicore.
TODO ESTÁ PROBADO
Las autoridades atribuyen a Juan Blest García la arquitectura financiera de la operación Comunicore. Está acusado de colusión desleal y malversación de fondos, y, además, es investigado por presunto lavado de activos.
“Todo lo que se publica es mentira”, dijo Juan Blest a La República: “Para qué voy a dar una entrevista si solamente van a publicar lo que quieren. El caso está judicializado, así que todo se verá en el Poder Judicial. Por eso no me interesa hablar ni aclarar nada. Yo he entregado todas las pruebas necesarias al Poder Judicial y será el Poder Judicial el que determinará la verdad de los hechos. Yo no tengo nada más que decir”.
La línea de defensa de Luis Castañeda Lossio consiste en señalar que los ex funcionarios de su gestión como alcalde acusados por presuntos actos de corrupción vinculados con el caso Comunicore deben responder ante las autoridades como corresponde, ya que actuaron dentro de las facultades que se les asignó. (Este problema se presenta en todas las instituciones estatales porque el Jefe no firma nada, deberia  modificarse algunos articulos para salvaguardar los intereses económicos del Pueblo)
Lo que han encontrado las autoridades son evidencias de que los ex funcionarios imputados no actuaron por su cuenta sino bajo mandato de la ex autoridad edil.
Como demuestra la exhaustiva cronología que aparece en estas páginas, elaborada sobre la base de la información de las acusaciones fiscales, los informes de la Contraloría y de laComisión Investigadora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el 24 de agosto del 2005 el entonces alcalde suscribió la resolución N° 2282 encargándole el puesto de director general de Finanzas a Juan Blest García retroactivamente desde el primero de enero del 2005, precisamente poco antes de que se iniciara la llamada Operación Comunicore, hasta el 17 de octubre del mismo año.
Y a partir de esta fecha se encargó a Juan Blest la Oficina General de Finanzas del municipio limeño, que es la que pagó a Comunicore en cinco armadas los 35,9 millones de soles (que se redujo a 33,7 millones por una serie de pagos administrativos).
Y el 27 de diciembre de 2005, el mismo día que Relima comunicó al municipio que había cedido a Comunicore sus derechos sobre la deuda de 35,9 millones de soles, el municipio encargó a Juan Blest que a partir de dicha fecha asumiera la Gerencia Municipal (resolución de alcaldía N° 2835), hasta el 2 de enero del 2006.
Esto es, desde la alcaldía le entregaron todo el poder a Juan Blest García para que cumpliera con la operación financiera y pagarle la deuda a Relima de 35,9 millones de soles –y que cobraría Comunicore–, y la renovación del contrato con la empresa de limpieza brasileña por diez años más por un costo proyectado en 550 millones de soles.
De todos estos nombramientos ex profesos el ex alcalde estaba informado.
CONEXIONES VIRTUALES
“Según nuestro criterio como Procuraduría Anticorrupción, Luis Castañeda sí tenía conocimiento de estos hechos. No solo por la forma apresurada en la que se gestaron todos estos pagos sino también por la participación de todos estos gerentes que eran sus funcionarios de confianza y por el sistema de pago que usaron. Sin embargo, ni para el Ministerio Público ni para el Poder Judicial estos hechos no eran suficientemente relevantes para incluir a Castañeda en el juicio”, afirmó a La República el procurador anticorrupción Christian Salas Beteta.
“Si bien la responsabilidad penal la asumirán los procesados, resulta extraño para la Procuraduría Anticorrupción que no se haya permitido investigar también al ex alcalde Castañeda”, añadió Salas.
Hay dos operaciones financieras que las autoridades han identificado como sospechosas por su relación entre sí y su rapidez, como se puede observar en la infografía de estas páginas. En un mismo día, el 4 de agosto del 2005, antes de que se pagaran los 35,9 millones de soles a Relima/Comunicore –pero ya se había acordado que se abonaría dicha suma–, se aprobó y firmó para la renovación del contrato con la empresa de limpieza por 550 millones de soles:
a)     A las 3 y 30 de la tarde el director de Servicios a la Ciudad, Carlos Amat Dyer, sustentó ante la Comisión de Asuntos Legales, sin que el tema estuviera en agenda, la renovación del contrato con Relima. La comisión aprobó la iniciativa.
b)     Entre las 5 de la tarde y 7 y 20 de la noche, el mismo Amat, ante la sesión del concejo encabezada por Luis Castañeda Lossio, argumentó a favor de la renovación del contrato. El concejo dio su visto bueno.
c)     Carlos Amat, en nombre del municipio, suscribió el contrato de servicios de limpieza con Relima, en una hora que hasta el momento se desconoce.
Poco después también salió rapidísimo –y con la participación de casi los mismos funcionarios de Castañeda– el pago de 35,9 millones de soles a Relima que luego se transfirió a Comunicore:
a)     El 20 de diciembre, Relima acuerda con Comunicore venderle la deuda de 35,9 millones de soles que le tenía el municipio de Lima.
b)     El 26 de diciembre, Emape le devolvió al municipio un préstamo de 13 millones que no había solicitado. Blest era un funcionario de Emape asignado como gerente de Finanzas del municipio. Ese dinero sería parte del pago a Relima/Comunicore.
c)     El 27 de diciembre, Relima y Comunicore informaron al municipio sobre el acuerdo de venta de la deuda de 35,9 millones de soles. Juan Blest pidió en el día a la Gerencia de Asuntos Jurídicos si procedía la venta de la deuda.
d)     Blest, quien en un principio acordó pagar a Relima la deuda de 35,9 millones en un plazo de 10 años, informó a la empresa brasileña que lo haría en seis meses a partir del 3 de enero del 2006.
e)     El 3 de enero, Blest pagó la primera armada de 3,8 millones de soles a Comunicore, sin ni siquiera esperar la opinión de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.
¿No sabía nada de esto Castañeda?
“Esa es una pregunta que no me la debe hacer a mí sino al señor Castañeda. Solo puedo decir que este es un tema judicial que enfrentan los gerentes de la municipalidad del tiempo en que Castañeda fue alcalde. Por lo tanto, si hay algo que preguntar sobre este tema es al señor Castañeda. Es más, autorizo que lo pongan así, que yo sugiero que le pregunten al señor Castañeda”, dijo a La República el congresista Martín Belaunde Moreyra, de la bancada de Solidaridad Nacional.
Pero para Castañeda, en lo que concierne a él, Comunicore es un caso cerrado. 
(COMO QUE NO SABIA NADA CASTAÑEDA, ES COMO QUE SE PIERDA PLATA EN SU CASA Y NO SE DA CUENTA DE ESTO, Y MILLLONES , SE DEBE CAMBIAR O MODIFICAR O AGREGAR ARTICULOS PARA CASTIGAR DE INMEDIATO A LOS JEFES DIRECTOS COMO EN ESTE CASO DE CASTAÑEDA, LA AUTORIDAD DE MAS ALTA GERARQUIA EN UNA INSTITUCION CUAQUIERA SE LE DEBE CASTIGAR E INHABILITARLO, Y SE SOLUCIONA TODOS LOS PROBLEMAS, PERO ESTO ESTA EN MANOS DEL PODER JUDICIAL , QUIEN SERA EL MACHO QUE LO HARA)
COINCIDENTES AUSENCIAS DEL EXALCALDE
El 17 de octubre del 2005, al día siguiente de que Miguel Garro, a pedido de Juan Blest, emitió 10 facturas para que le pagaran a Relima/Comunicore los 35,9 millones de soles, el concejo limeño aprobó el pedido del entonces alcalde Luis Castañeda de una licencia a cuenta de sus vacaciones, del 18 de noviembre al 2 de diciembre del 2005.
Sin embargo, el concejo le amplió la licencia del 9 al 20 de diciembre. Y lo hizo por tercera vez, en esta ocasión del 28 de diciembre del 2005 al 8 de enero del 2006.
Estas coincidencias llamativas son investigadas por las autoridades del caso porque en dicho periodo de ausencias de Castañeda, se produjo la reestructuración financiera del municipio limeño con el propósito de pagar los 35,9 millones de soles a Comunicore y renovar el contrato con Relima por diez años más por 550 millones de soles.
Por si fuera poco, en tales fechas el municipio de Lima comenzó a pagar la deuda con Relima, y esta empresa a su vez le transfirió a Comunicore, la que durante la ausencia de Castañeda comenzó a recibir los montos en cinco armadas por parte del municipio. Estas acciones las cumplieron funcionarios nombrados ad hoc.

sábado, 13 de septiembre de 2014

LOS TÍTULOS FIRMADOS POR EL DOCTOR BAMBA NO VALEN

 
El ex presidente García afirma haber seguido cursos de doctorado, pero ello no le concede el título de doctor. Pues hay que sustentarlo con el grado correspondiente expedido por una universidad especializada; García no es doctor, por tanto no debe llamársele doctor y menos engañar a los alumnos de doctorado de una universidad arrogándose tal título sin tenerlo. Si se está en un instituto donde se dan cursos de postgrado como los doctorados, y el director no tiene Doctorado, este no puede dirigir la institución. De ser así se está vulnerando el artículo 38° de la Ley Universitaria promulgada el 09 de julio del presente año que exige que la unidad encargada de integrar las actividades de postgrado debe ser dirigida por un docente con mayor grado a los que otorga. Es decir que el Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la USMP debe tener un director con título de doctor de acuerdo a ley. Igualmente, el Reglamento de la USMP, publicado en su portal web, indica que los directores de las escuelas de postgrado deben tener dicho grado académico.

¿Cómo es posible que alguien que no tenga el título de Doctor pueda firmar y dar títulos de Doctor?, ¿cómo se come está lógica?, que alguien que no sepa conducir autos extienda brevetes; que, “¿tan difícil es ser honesto?”. No existe antiaprismo sino indignación ante tanta mugre política. Sus alumnos que se “tragaron el sapo” han sido birlados grotescamente y los títulos de DOCTOR de estos alumnos son objetables ante cualquier instancia sea administrativa o judicial no valiéndoles nada por haber sido autorizados por quien no posee título doctoral. Por ello García debe ser denunciado ante la Fiscalía Penal Anticorrupción y aquellos quienes resulten responsables, como son los funcionarios de la Universidad San Martín y su rector Chang, de esta tremenda farsa. 

 Nuestro Código Penal contempla en su artículo 362 “El que, públicamente, se arroga grado académico, título profesional que no le corresponden, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de un año”. Esta norma se complementa con el delito de Falsedad Genérica previsto en el artículo 438 del mismo texto legal que establece que el delito de falsedad genérica será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.”

martes, 1 de julio de 2014

PRONTUARIO DELICTIVO DE ALAN GARCÍA

Jamás respondió ante la justicia


Nunca estuvo sentado frente a un juez o un tribunal a pesar de haber sido investigado por un sinnúmero de delitos.

A comienzos de 1983, Alan García se armó de solemnidad y citó al grupo de su generación para hacerles un anuncio. Hasta donde sé, ahí estaban Carlos Roca, Luis Alva, Rómulo León y César Vega Vega, entre otros, y la noticia esperada era su decisión de lanzarse a la secretaria general del partido con 33 años y de ahí a la presidencia en 1985.

La determinación estaba tomada y lo que García estaba esperando de los asistentes era que digan si iban a apoyarlo en el objetivo de derrotar a la llamada “generación intermedia” y ganar para su lado a la mayor parte de las viejas glorias del partido.
Entre los años 60 y 70, García concluyó estudios de abogado en la Universidad Católica, fue parte de las fuerzas de choque juveniles que actuaban en otras universidades y logró convertirse en parte de un grupo de nuevos líderes que lograron una especial cercanía con el fundador del APRA, que los veía como un destacamento de recambio.

Luego el joven abogado barranquino partió a Europa supuestamente para hacer estudios de especialidad, pero, según hace ver su examigo Augusto Valqui Malpica, regresó sin ninguna calificación adicional a las que ya tenía y lo hizo requerido por Haya para reintegrarse a la actividad política en el período final del régimen militar.

Alan fue de esa manera catapultado a constituyente y diputado en un proceso récord, convertido en secretario de Organización del partido y jefe de la campaña de Armando Villanueva, en unos cuantos años, y con ese meteórico ascenso llegó a la decisión que finalmente comunicó a sus más cercanos amigos.

Ya se había consumado el cisma con Andrés Townsend que marcó las elecciones de 1980 y la disputa era ahora entre sectores de lo que por un tiempo se conoció como “armandismo”. La generación intermedia definió su candidato que sería el extravagante Carlos Enrique Melgar y contra él competiría el ascendente Alan García.

EL OBSERVADOR

En el año 1983, yo era uno de los líderes del único diario cooperativo que ha existido en el Perú y que se llamaba “El Observador”, en torno al cual se había producido una alianza que nunca se había visto, ni volvería a verse, entre apristas e izquierdistas para mantener el periódico luego del retiro de su fundador, el banquero Luis León Rupp.

Éramos, sin duda, un experimento periodístico tanto en materia de línea compartida como de gestión sin dinero, en tiempos de aguda crisis que hacía cada vez más difícil reunir lo necesario para seguir ganando la calle y cumplir con diversas obligaciones.

Los apristas y proapristas más notorios que escribían en el diario eran Víctor Tirado, Laureano Carnero Checa, Pablo Truel, Jorge Moral y otros, y todos ellos se movían en la idea de que el turno en el partido de la estrella, que ya se insinuaba como posible ganador de las siguientes elecciones, le correspondía a los intermedios y no a los jóvenes ambiciosos por saltarse las etapas.

El efecto se sintió entonces bajo la forma de varias columnas de un diario supuestamente independiente, convertidas en parte de la campaña interna de un partido político. Y todos los columnistas estaban contra García.

Varias veces conversé con Tirado, quien fue un tiempo presidente de la cooperativa y me dijo que Alan estaba pecando por vehemencia y atropellando a dirigentes de trayectoria. Eso era lo que se decía en sus escritos que por supuesto no lograron ningún resultado.

CARA A CARA CON GARCÍA

El aniversario de la cooperativa se hizo después de la victoria de Alan García para la secretaría general aprista y lo tuvo como invitado especial. Fue la primera vez que nos vimos cara a cara y la única en que estuvimos juntos en un rol de oradores. Fue ese día que aprecié su poder para improvisar y la cantidad de afirmaciones vacías con las que podía arrancar aplausos.

No sabía, sin embargo, que en ese mismo año volvería a encontrarlo en una reunión en un conocido restaurante de Miraflores organizada por un amigo que estaba cercano a Alva Castro, para conversar sobre la crisis que había comenzado en la cooperativa por las crecientes dificultades económicas que exasperaban los enconos políticos.

Todo nos conducía a un choque y ruptura, en medio de acusaciones mutuas. Nosotros decíamos que los apristas estaban sectarizando el diario y haciendo caer sus ventas; ellos, que nosotros realizábamos una mala administración y distribución del diario.

Recurrí a García creyendo que podía mediar y favorecer un apaciguamiento. Pero luego de oírme, su pregunta fue directa:
—¿Y quiénes son los del APRA en el diario?
—Tirado, Moral, Truel, Laureano…
—¿Esos?, ¿esos?, ¿y quieres que hable con ellos? Si no sirven para nada. Representan el prialelismo, la conciliación. Bótalos. Tienes todo mi apoyo.
—Pero Alan, esto es serio…
Ya había acabado la conversación, que no sirvió para nada. En noviembre del 83, “El Observador” se dividió en dos sectores y hasta tuvimos dos diarios durante casi dos meses. Luego se formó el diario “Hoy”, con los que habían salido de la cooperativa, que se convertiría en impulsor abierto de la campaña de García hacia la presidencia.

El 85, García ganó las elecciones y Tirado se convirtió en su secretario de prensa, Truel fue miembro del directorio de “El Peruano” y de la televisora del Estado; y los demás también se acomodaron. Los que no servían para nada, se pusieron al servicio de García, al que habían considerado un bisoño ambicioso.
Jamás respondió ante la justicia
EL PRIMER GOBIERNO

Los días de la juramentación de García los pasé en Cuba, en una reunión internacional sobre la deuda externa y, al volver a Lima, encontré que había desatado una fiebre de entusiasmo por los anuncios de 28 de julio.

El recorte del pago de la deuda a 10% del valor de las exportaciones, el desistimiento de la compra de una parte del lote de aviones de guerra Mirage para destinar el dinero a otros fines, el programa de apoyo al sector agrario más empobrecido, el combate al narcotráfico, levantaban ilusiones. Luego vendría la anulación de los contratos petroleros.

Estábamos llenos de anuncios impactantes que en su mayor parte fueron solamente efectistas y en otros ocultaron operaciones dolosas como en el caso de los aviones.

Quién no le creía al locuaz mandatario de 36 años era el parlamentario izquierdista Carlos Malpica, que conocía al APRA por dentro y al tipo de dirigente que personificaba García. Tuve ocasión de colaborar con él en la investigación de los nuevos contratos petroleros que me enseñó como se puede repudiar un entreguismo para instalar otro.

En junio de 1986, ocurriría la masacre de los penales y las mentiras y medias verdades de Alan García se envolvieron en sangre. A casi un año de su primer gobierno, el presidente que había desatado tantas esperanzas entraba en un círculo de violencia militarista que había criticado a su predecesor.

En 1987, sorprendería al mundo al anunciar la estatización de la banca que nunca se produjo pero que empujó a una brutal polarización política. Entre 1988 y 1990, el Perú se desbarrancó en la hiperinflación y la recesión, que abrió el camino al autoritarismo de Fujimori.

CONGRESO ACUSA A GARCÍA

Entre 1990 y 1991, Alan García fue acusado ante el Congreso de los delitos de homicidio agravado (caso de los penales), del que fue salvado con los votos fujimoristas, y enriquecimiento ilícito, del que fue acusado ante la justicia.

En abril de 1992, Fujimori dio un golpe de Estado, cerró el Congreso y entre otras decisiones autorizó a García a abandonar el país con destino a Colombia, que le ofreció asilo.

Durante nueve años vivió entre Bogotá y París, en donde se hizo de varias propiedades. Nadie sabe quién le pagó esos años de vida muelle en el exterior y ese incremento de patrimonio.

Pero en Lima siguieron adelante diversas investigaciones que lo comprometían: una gruesa coima por las obras del tren eléctrico, denunciada por el funcionario italiano que le entregó el dinero; una acusación de uso indebido de las reservas internacionales, colocadas en un banco mafioso, por lo que fueron a la cárcel el presidente y el gerente de esa entidad financiera, y en la que se conocieron documentos y correspondencia que comprometían a García Pérez con la operación.

También era investigado el caso de los dólares MUC subvaluados que fueron entregados a los amigos del gobierno y que sirvieron para comprar acciones en Canal 13 y otras empresas a favor de García; las denuncias sobre la triangulación para el traspaso de los aviones Mirage no comprados a traficantes árabes de armas, etc.

LAS PRESCRIPCIONES
 
A comienzos del 2001, hubo un arreglo secreto para limpiar a García y permitirle regresar para participar en las elecciones que finalmente perdió con Toledo. Todas las investigaciones en su contra, más las acusaciones del Congreso, fueron declaradas prescritas.

De la mano con Ricardo Letts, intentamos levantar un último obstáculo judicial contra el expresidente exigiendo al Ministerio Público que lo acusara por la matanza de los penales a 15 años de esos terribles sucesos.

Fue en ese momento en que observé de cerca como actúan los fiscales para proteger un sistema político del que García es pieza clave. El día en que el denunciado fue llamado a declarar llegó con una portátil que ingresó al despacho y gritó todo lo que pudo en defensa de su jefe.

Al día siguiente, el fiscal mandó al archivo un expediente de casi mil páginas, en el que figuraban hechos nuevos que probaban que la orden de la matanza salió de Palacio, con declaraciones de diversos testigos.

Como le ha ocurrido siempre, García salió del despacho fiscal seguro de su condición de intocable, que ha vuelto a manifestarse en los últimos años ante las esforzadas investigaciones de la Megacomisión.

FUERA DE LA ACTIVIDAD POLÍTICA
Nunca trabajó realmente
 hombre de la suerte y la impunidad que ha ocupado el centro de la política peruana por treinta años tiene varios rasgos que no deben olvidarse: nunca trabajó realmente fuera de la actividad política que desarrolla desde que era universitario; nunca explicó como se ha convertido en uno de los hombres más ricos del Perú, con solo los ingresos que percibió en condición de presidente, exmandatario y parlamentario; nunca estuvo sentado frente a un juez o un tribunal a pesar de haber sido investigado por un sinnúmero de delitos; nunca tuvo el menor remordimiento por aquellos de sus subordinados que tuvieron que pagar con la cárcel y el desprestigio por hechos delictivos que jamás hubieran podido producirse sin su participación; nunca se arrepintió de decisiones suyas que trajeron muerte y dolor, como lo de los penales y lo del baguazo. Ese es García. ¿Qué les parece?

miércoles, 14 de mayo de 2014

CAJAMARCA-PERU: MINERA YANACOCHA PIERDE JUICIO

Mauricio Quiroz Torres
 
 
 
FUE DECLARADA INFUNDADA LA DEMANDA DE AMPARO INTERPUESTA POR MINERA YANACOCHA. GRAN MINERIA QUIERE CONTAMINAR LAGUNAS DE SAN PABLO EN CAJAMARCA.
 
 
La Juez del 29º Juzgado Civil de Lima Dra. ROSA MARIA DONATO MEZA mediante sentencia de 07 de abril  2014, colgada en la página web del Poder Judicial el 14 de los corrientes, declaró INFUNDADA  la demanda interpuesta por Minera Yanacocha SRL en contra de la Municipalidad Provincial de San Pablo e Improcedente la solicitud de inaplicación de la Ordenanza Municipal N 011-2007-MPSP en sus Art. 1 y 2 con costas y costos.
 
Como se sabe la referida Minera- propiedad del Grupo Benavides de la Quintana (Minas Buenaventura), la imperialista Newmont Mining Corporation y el Banco Mundial a través de la International Financial Corporation- pretende dejar sin Lagunas a la Provincia de San Pablo del Departamento de Cajamarca: http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Mineria/cajamarca_peru_minera_yanacocha_en_cabecera_de_cuenca_en_san_pablo_cajamarca
 
 
En esta sentencia que honra a la judicatura peruana tan plagada de entreguismos, se hace una ponderación entre los derechos constitucionales supuestamente vulnerados de la Minera Yanacocha por la  Ordenanza Municipal (vulneración al derecho de propiedad, libertad de industria , libertad de empresa, trabajo) con lo establecido en los art. 3, 4 y 5 de la Ordenanza Municipal que declara Areas de Conservación Ambiental Municipal a la zona de Las Lagunas, a la zona de Pozo Seco en la categoría de Areas Naturales Protegidas Complementarias.
 
Para ello aplicó el “test de proporcionalidad”  concluyendo que ningún derecho fundamental es absoluto y que las medidas dictadas por la parte demandada,  es decir San Pablo con su Ordenanza Municipal,  resultan idóneo, persiguen un fin legítimo y son medidas que resultan necesarias para la protección de la zona, porque las actividades de exploración y explotación minera dañarían el suelo y el agua  del lugar que constituyen acuíferos naturales ubicados en cabecera de cuenca del Rio Jequetepeque cuyas aguas alimentan y dan origen entre otros a las quebradas Honda y diversos ríos de la zona, puquiales etc. que afloran en las zonas bajas y medias , no habiendo planteado la parte accionante Minera Yanacocha una alternativa que haga posible tanto las actividades mineras y la preservación de estas zonas ecológicas.
 
Añade la sentencia  que debe tenerse también en consideración  el derecho a que tienen los pobladores de la Provincia de San Pablo a un ambiente equilibrado y adecuado  tal como lo señala la Constitución.  
 
Para su sentencia  también sirvieron los alegatos y medios probatorios aportados por el Gobierno Regional de Cajamarca que ingresó al proceso en su calidad de Litisconsorte coadyuvante.
 
Finalmente, respecto de la solicitud de inaplicación de los Art. 1 y 2 de la Ordenanza Municipal, la sentencia  las declaró improcedente porque el amparo no es la vía para declarar su inaplicabilidad por ser éstas normas de carácter heteroaplicativas.
 
Esta sentencia judicial es un triunfo del pueblo de San Pablo dijo, Edilberto Barrantes, Presidente del Comité Interinstitucional de Conservación y Turismo Lagunas Alto Perú y Anexos de la Cuenca del Jequetepeque, quien agradeció también al  Dr. Genaro Ledesma Izquieta y su dilecta hija,  Dra. Nelly Ledesma Raraz, al Comité Central de la Cuenca del Jequetepeque, al Congreso de la República en persona de  Mesías Guevara Amasifuen y Jorge Rimarachin Cabrera; a las Universidades Federico Villarreal en persona de su dirigente Nacional Wilter Guevatra Ventura, a la Universidad Nacional de Trujillo, U.N. Cajamarca;  a los hermanos Ronderos, Artistas, al Sabio Andino Dolores Ayaya; a los Comerciantes de Cajamarca con su lideresa Lucy Castillo; al Lic. Moisés Gutiérrez Cabanillas, ex alcalde Provincial de San Pablo; a la Municipalidad Provincial de San Pablo en Persona de su alcalde Segundo Castrejón Terán, a los usuarios de Canal tres Puentes de Alto Perú,  Prof. Salvador Arribasplata Cabanillas, Miguel Linares Espinoza, Carlos Alfaro Chávarri; a la ONG  Grufides en persona de Marco Arana Zegarra;  al Renama del Gobierno Regional de Cajamarca con su Pdte.  Gregorio Santos Guerrero, Lic. Sergio Sánchez Ibáñez; al Ing. Reinahr Seifert, Manuel Céspedes Correa, Andrés Caballero, Lic. Rosario Morales Alberca, al Chasqui del Tahuantinsuyo, Hernán Arribasplata Linares Alcalde del Centro Poblado Menor Ingatambo;  Oscar Briceño Saavedra, Genaro López Celis, Ronald Estrada Julón y todos los moradores de Alto Perú, San Cirilo y Yanacanchilla.
 
Sin embargo, Edilberto Barrantes hizo un llamado a todos ellos a no bajar la guardia pues este tipo de empresas imperialistas van a seguir batallando para defender lo indefendible y ahora se viene el segundo round en la Corte Superior de Justicia.

viernes, 2 de mayo de 2014

BOLIVIA: EVO MORALES ES EL PRESIDENTE PEOR PAGADO DE LA REGIÓN


Bolivia: Evo Morales es el presidente peor pagado de la región


El presidente de Bolivia, Evo Morales, aumentó su salario mensual en un 10%, hasta los US$ 2.844, sin embargo sigue siendo el mandatario americano peor pagado, afirma el ministro boliviano de Economía y Finanzas, Luis Arce.
El incremento fue aprobado este jueves con motivo del Primero de Mayo, se incluye dentro de la subida salarial del 10% decretada este año en Bolivia para todos los funcionarios públicos, asimismo, es un porcentaje que sirve de referencia para el sector privado.
Según Arce, Morales aprobó el aumento del 10% a su salario y renunció a que se aplique una fórmula de cálculo sobre 15 salarios mínimos que le hubiera permitido ganar US$3.102 mensuales.
El ministro dijo que el presidente de Bolivia es el peor pagado de la región, a comparación de los de Perú, Venezuela y Ecuador que ganan entre 5.500 y 7.000 dólares; el de Paraguay, que triplica la cifra de Morales y a los de Colombia, Argentina, Brasil y Uruguay, que la cuadruplican.

miércoles, 2 de abril de 2014

TODAS LAS VECES QUE ALAN GARCÍA SE SALVÓ DE LA JUSTICIA

Por Dánae Rivadeneyra (UTERO.PE)

El Poder Judicial  declaró nulo todo el informe final de la Megacomisión, donde se recomendaba acusar constitucionalmente al expresidente Alan García por las irregularidades cometidas durante su segundo gobierno. Coincidentemente, también venció el plazo de vigencia de esta comisión. Es decir, si se quisiera volver a investigar a Alan García, se tendría que formar una nueva comisión.

Por más increíble que parezca, esta no es la primera vez que Alan García se salva de ser investigado directamente. Desde su primer gobierno hasta el fin de su segundo mandato, Alan García ha sido seriamente vinculado con actos de corrupción y violación a los derechos humanos. Sin embargo, él ha sabido driblear como nadie a la Justicia.

“Los crímenes de Alan García son tan horrendos como los de Fujimori, pero por más indicios que se han encontrado, el Ministerio Público ha jugado siempre a su favor”, dice Gloria Cano, directora de APRODEH. “Lo máximo que se ha logrado es que sea llamado como testigo” continúa Julio Arbizu, exprocurador anticorrupción.

TÁCTICA Y ESTRATEGIA

La estrategia con la que Alan García ha enfrentado las investigaciones ha dependido de quién es el investigador al que se enfrenta. Por ejemplo, en el caso de la Megacomisión, “la defensa de García ha tratado de anular todo el proceso recurriendo a acciones de amparo”, señala el congresista Sergio Tejada. En otras ocasiones ha jugado en pared con aliados políticos. Por ejemplo, en el 2001, gracias a la influencia de los fujimoristas, consiguó la prescripción de los casos de corrupción de su primer gobierno. Pero, cuando las cosas se han puesto más complicadas, curiosamente, el Ministerio Público ha archivado las investigaciones o ha decidido que no “hay mérito para iniciar una investigación”.

En el caso narcoindultos, la procuraduría le presentó al Fiscal de la Nación, José Pélaez Bardales, algunas de las fichas de conmutaciones “de puño y letra de García donde él cambiaba la fecha de la condena”, la institución que dirige Peláez Bardales no las aceptó aduciendo que “no hay rigor probatorio” y que ya había una investigación en curso iniciada por el Congreso, recuerda Arbizu. “El que haya una investigación no quiere decir que no se pueda iniciar otra. Lastimosamente, cuando el Fiscal da respuestas así de absurdas no hay a dónde más acudir”, afirma el procurador anticorrupción Christian Salas.

Algo parecido sucedió en el caso de enriquecimiento ilícito, rápidamente archivado por Peláez. Aunque la Procuraduría Anticorrupción pidió ampliar la investigación y aportó nuevos indicios, el Fiscal no los aceptó. “Existe una inclinación de parte del Ministerio Público por ser más flexibles con ciertas figuras prominentes del APRA", sentencia Arbizu. Lo cierto es que en los casos de corrupción a los que Alan García estaba vinculado ha existido más de una extraña coincidencia que lo ha librado de ser investigado.

LOS PETROAUDIOS Y BTR

En octubre de 2008 se desató el escándalo de los petroaudios: interceptaciones telefónicas ilegales en las que se escuchaba a funcionarios de la administración de García traficar con sus influencias para otorgar contratos con el Estado. Los principales actores de aquella tragicomedia fueron Alberto Químper de Perupetro y el aprista Rómulo León, a quienes el país entero escuchó hablar de “aceitadas” para conseguirle favores a la empresa petrolera noruega Discover Petroleum Company.

Los audios pusieron al descubierto toda una maquinaria de ‘chuponeo’ que terminó con la salida de Jorge del Castillo, entonces Primer Ministro, junto a todo su gabinete. Más tarde supimos de la estrecha amistad de García con el dueño de Bussiness Track, de sus reuniónes con Fortunato Canaán, de las llamadas de Rómulo León a Palacio de Gobierno, etc.

La investigación se inició ese mismo año y se dividió en dos: por un lado el caso Businnes Track que incluía sólo a los chuponeadores; y por el otro, el caso Petroaudios que pretendía indagar sobre los casos de corrupción que se desprendían de las conversaciones e involucraban a funcionarios de la administración aprista que habían vendido favores.

 “Lo de BTR se resolvió con una celeridad asombrosa para el promedio de los casos peruanos”, señala Julio Arbizu. Efectivamente, el caso BTR concluyó con la encarcelación de los responsables materiales. Sin embargo, “han pasado seis años desde que se inició la investigación por el caso petroaudios y ni siquiera estamos en el jucio oral”, dice el procurador Salas.

Lo más preocupante del caso es que prescribirá en octubre. Pero este es un final anunciado si se tiene en cuenta que las irregularidades comenzaron desde las primeras detenciones. Cuando se inició la investigación, el fiscal encargado, Óscar Zevallos sólo notificó a la Procuraduría de Energía y Minas como representante del Estado y no a la Procuraduría Anticorrupción, cuando los delitos investigados eran competencia de ésta. Luego, se ha obstaculizado el proceso con el contínuo cambio de fiscales. En total han sido cinco los que han visto el caso. Primero fue Óscar Zevallos, luego Juana Meza, seguida de Flor de María Vega, Delia Espinoza y Milagros Mora, actual fiscal encargada.

“Este cambio constante de fiscales ha sido un problema porque es un tema inmenso y justo cuando el fiscal termina de estudiarlo, lo cambian por uno nuevo. Resulta bastante sospechoso”, señala Christian Salas.

En lo referido a los informantes del caso BTR también hay hechos más que sospechosos. Por ejemplo, los marinos Ismael Matta Uribe y Luis Amengual Rebaza se acogieron voluntariamente a la colaboración eficaz, sin embargo, después de dar su manifestación, fueron excluidos del proceso y en vez de ser comprendidos en el caso se les premió con un contrato en los consulados de Patterson, Nueva Jersey, y Nueva York, respectivamente, con un sueldo de 4.500 dólares.

Además, Ismael Matta entregó a la fiscalía un USB con información incriminatoria que hasta ahora no ha sido incluida como prueba del proceso. “Se quedó en manos de (Walter) Milla. Él lo tiene que tener, él nunca lo entregó”, señala Sergio Tejada. En el informe de la Megacomisión, se recomienda que tanto el Fiscal Walter Milla como Jorge del Castillo, sean acusados por el delito de encubrimiento. 

Pero eso no es todo, coincidentemente, el mismo día del primer allanamiento a las oficinas de BTR, la entonces Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz,tuvo una cita con Alan García. “Ella dice que fue para discutir un proyecto de ley pero esto resulta una coincidencia inverosímil”, afirma Tejada.

Otro hecho llamativo es que el General de la Policía en retiro, Miguel Hidalgo, entonces ministro del Interior decidió que sea la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) la que se encargue del caso y no la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT). Hidalgo justificó su decisión argumentando quela DIVINDAT no tenía los recursos suficientes. Como es de imaginar, la decisión de Hidalgo sólo trajo dificultades a la investigación. En un posterior allanamiento a la casa de la analista de BTR, Giselle Gianotti, en enero de 2009, se incautaron cuatro USBs que en el traslado hacia la DIRANDRO fueron cambiados por otros. La fiscalía recién se percató del cambiazo en marzo de 2010. Es decir, un año y dos meses después.

Las pruebas siguieron desapareciendo. La madrugada del lunes 4 de mayo del 2009, un “intruso” ingresó al despacho de la jueza María Martínez Gutiérrez, en el cuarto piso de Palacio de Justicia, y borró 592 archivos (audios y correos electrónicos) de dos USBs incautados también a Giselle Gianotti. Pero no es sólo la desaparición de pruebas lo que juega en contra del esclarecimiento de esta investigación. “Hay muchos audios y archivos que están lacrados. Hemos pedido al juzgado, a la fiscalía que (los) saquen y se abran y escuchen pero se han negado”, señala el procurador Salas.

A todo esto se suman también las dilaciones para empezar con el juicio oral. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia pedía que para iniciar la fase oral se notificara a Discover Petroleum, incluida en la investigación como tercero civil responsable. El problema con este pedido es que Discover Petroleum ya no existe. “Nosotros pedimos que se inicie el juicio y se les envíe lo actuado pero hasta ahora no hay fecha cierta”, comenta Julio Arbizu. Mientras tanto,los involucrados en este caso están esperando que llegue octubre y se haga el milagro de la prescripción.

LA SOMBRA DE LA PRESCRIPCIÓN ASOMA

Esta no sería la primera vez que la prescripción salva a García de ser investigado. En 1992 se inició un proceso en contra del líder aprista por enriquecimiento ilícito, debido a su supuesta participación en el escándalo del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI), su intermediación en la compra venta de aviones Mirage 2000, además de un evidente desequilibrio patrimonial.

El otro proceso fue abierto en 1994, también por enriquecimiento ilícito, colusión ilegal, negociación incompatible y cohecho pasivo, además se le acusaba de entregar sobornos para otorgar los derechos de construcción del tren eléctrico al consorcio italiano Tralima. Convenientemente, Alan García huyó del país y se refugió en Francia y Colombia, esperando que los delitos por los que se le acusaba, prescriban. El futuro del caso petroaudios parecería seguir el mismo camino. 

LOS FANTASMAS DE LAS MATANZAS

Si el segundo gobierno de García se caracterizó por los escándalos de corrupción, el primero estuvo marcado por graves delitos de violación a los derechos humanos.

El caso Cayara es uno de los que más llama la atención debido a las irregularidades que se cometieron. Entre los días 14 y 20 de mayo de 1988, un total de 39 campesinos del distrito de Cayara, Ayacucho,fueron asesinados de manera sistemática por un grupo de militares. Los pocos pobladores que quedaron vivos de aquella masacre, convertidos en testigos, fueron asesinados meses después.
“El Fiscal Carlos Escobar Pinedo estuvo encargado de la información, él le pidió ayuda a García para proteger a los testigos, le dio sus nombres, y al poco tiempo casi todos fueron asesinados”, señala Gloria Cano, directora de APRODEH.

Ese mismo año, la Comisión del Senado encargada de investigar la matanza negó los crímenes. Los únicos que discreparon fueron los senadores Javier Diez Canseco y Gustavo Mohme Seminario.
En el año 2005, la Fiscal Cristina de Olazábal incluyó a Alan García en la investigación del caso Cayara como responsable político junto a otros tres jefes militares y cuatro senadores. Poco tiempo después la fiscal fue removida de su cargo. Su sustituta, la fiscal Miluska Cano excluyó a Alan García de la investigación.

El caso de la matanza en El Frontón, en 1986, fue similar. A pesar de que 33 internos fueron ejecutados, el caso fue sobreseído por falta de pruebas. En 1990, una Comisión Investigadora del Congreso determinó que altos funcionarios civiles y militares estaban implicados en la masacre y acordaron emitir un informe al Ministerio Público pero el APRA, con el apoyo de los fujimoristas de Cambio 90, logró los votos necesarios para rechazar la acusación.

En el 2005, el Fiscal superior Edgar Chirinos ordenó al fiscal provincial Mario Gonzáles reabrir la investigación contra el expresidente Alan García y todos los miembros del Consejo de Ministros de 1986. Sin embargo, el 26 de enero de 2006, la 5ta Fiscalía Supraprovincial, a cargo del fiscal Mario Gonzáles, resolvió el archivo definitivo del caso. Finalmente, en setiembre de 2013, el Tribunal Constitucional afirmó que lo sucedido en el Frontón no constituye un delito de lesa humanidad poniéndole fecha de “prescripción” a aquella ejecución extrajudicial.

“Hay un poder oculto detrás del Ministerio Público que ha impedido que se investigue”, afirma Gloria Cano, directora de APRODEH. “Yo estoy muy decepcionado del subsistema y con la nueva elección del fiscal no parece que el panorama vaya a mejorar”, finaliza el exprocurador anticorrupción, Julio Arbizu.