UNA DEUDA HISTÓRICA CON LOS MAESTROS

Teresa Tovar Samanez

La Ley de Desarrollo Docente está en camino. Los argumentos para defender la anterior que no dio frutos ya están desfasados. Luego de un debate serio y amplio, podremos tener una nueva Ley para la carrera magisterial, pero queremos también tener maestros reconocidos que se sientan parte del cambio educativo.

Esto exige en primer lugar rechazar tajantemente los comentarios ofensivos de los maestros que los trataron de burros y flojos (Correo), así como antes los tildaron de comechados (Alan y Chang). Otros no los insultaron pero se escandalizaron de que se les dé un aumento salarial “a cambio de nada”, olvidando que el país tiene una enorme deuda histórica con ellos que apenas podría empezar a pagarse con un aumento flat que los saque del nivel de sobrevivencia al que han sido sometidos.

La actual propuesta otorga un aumento general al mismo tiempo que coloca a los docentes dentro de la carrera magisterial, estimulándolos a mejorar, pero desde un mejor pie o punto de partida, pues actualmente con 1,200 soles promedio de sueldo, la mayor parte de maestros tiene dos o tres trabajos y muy poco tiempo para estudiar para un examen fundamentalmente cognitivo que amenazaba con dejarlos fuera de la carrera. No es, pues, “a cambio de nada”, es a cambio de tratar al docente como profesional en lugar de como miserable.

Ya no se trata del insulto sino del vilipendio que desde las clases altas considera que un maestro debe darse por bien servido con 1,200 soles y es posible amenazarlo con sacarlo fuera de la carrera si no “rinde” con ese sueldo ínfimo que es uno de los más bajos de América Latina (476 dólares vs 1,280 en Colombia, 1,196 en Chile u 934 en Argentina).

Otros van más allá y culpan a los docentes de todos los males de la Educación, dejando de lado asuntos elementales como por ejemplo que el Perú invierte solo 500 dólares por año por estudiante, 20 veces menos que Brasil, México o Colombia, o pasando por alto que el DS 882 posibilitó que surgieran cientos de Institutos Pedagógicos privados tipo chifa al paso que estafaron a muchos docentes, que hoy sufren los efectos de una deficiente formación. Hay también, pues, una deuda pública de formación profesional con ellos que está pendiente y que debe formar parte de la “inversión” actual en Educación.

No se trata de idealizar a los docentes, a los cuales hay que exigirles un desempeño profesional y ético a la par que otorgarles condiciones de trabajo dignas. Es preciso censurar drásticamente a aquellos docentes abusadores, terroristas y corruptos; diferenciándolos de la gran mayoría de maestros, a los que el país debe darles oportunidad de capacitarse, mejorar y cubrir el desfase profesional al que han sido sometidos ocasionado por la postergación de la Educación en nuestras prioridades de política.

Nuestros niños necesitan no solo buenos docentes, sino maestros motivados y satisfechos. Los maestros deben ser convocados, no arrinconados, y formar parte del diálogo que hoy se abre para mejorar la Educación. Está en juego la relación del cambio educativo con el magisterio, la misma que ha sido ausente o equívoca en reformas anteriores.

LEY DE DESARROLLO DOCENTE AUMENTA INCENTIVOS Y ENDURECE SANCIONES

Un aspecto principal que busca la reforma docente que propone el gobierno es revalorar el papel del maestro, pues parte de la premisa que no es posible llevar adelante una reforma en el aprendizaje sin que los profesores estén involucrados. Según el viceministro de Gestión Institucional, Fernando Bolaños, la actual legislación docente ha significado un primer paso, pero – precisa– no permite avanzar como se debe, por decirlo de algún modo.

Después de revisar el proyecto de Ley de Desarrollo Docente, tan criticado la última semana –aunque su texto recién se conoció ayer–, queda en evidencia que la propuesta representa una continuación de la actual Ley de Carrera Pública Magisterial, mantiene la meritocracia como método para ascender y ganar más, otorga más incentivos, y especifica y amplía las sanciones.

Cabe señalar que la estrategia de incorporar a todos los docentes de la antigua Ley del Profesorado a la Carrera Magisterial en 10 años, estaba muy lejana de cumplirse. Entre 2009 y 2011, con cinco concursos nacionales, apenas 25 mil docentes, de los 267 mil docentes de la antigua norma, pasaron al nuevo régimen. A ese ritmo se tendría que esperar unos 30 años para lograr la unidad.

La nueva propuesta del gobierno de Ollanta Humala elimina el carácter voluntario de esa migración, e inserta de saque a los 320 mil maestros del país en la nueva carrera magisterial, con un ordenamiento en el salario de todos, que representará, además, un incremento general. Según Bolaños, ya existe la partida presupuestal para el primer incremento universal.

PODRÁN GANAR MÁS

Los de la antigua ley, que representa el 80% del total de profesores del país, pasarán automáticamente al primer y segundo nivel de la nueva norma, mientras que los que ahora están en la carrera magisterial (unos 55 mil, entre los ‘migrantes’ y los que han ingresado al magisterio en los últimos años), pasarán de inmediato al nivel siguiente en el que se encuentran.

La propuesta del Ejecutivo también incrementa de cinco niveles magisteriales, de la norma actual, a ocho, con tiempos menores de permanencia en ellos (los docentes del Vraem tendrán periodos incluso menores), de tal forma –se lee en la propuesta– que “el profesor se sienta permanentemente estimulado a mejorar”, y con posibilidad de acceso a cargos de mayor responsabilidad.

Bolaños explicó a diario16 que si en la actual carrera magisterial un profesor del nivel máximo puede ganar hasta S/.4 mil, con la nueva norma un docente del nivel VIII ganará mucho más (la remuneración de un docente de este nivel será 160% mayor a la del primer nivel).

EVALUACIÓN E INCENTIVOS

La propuesta de norma, además de mantener el carácter de la meritocracia y las evaluaciones como única forma de ascender en la carrera magisterial, también compromete a los gobiernos regionales como entes vigilantes del proceso de evaluación mediante la formación de comités.

La evaluación para el ascenso de nivel contemplará tres aspectos: idoneidad ética y profesional, acreditación de conocimientos y dominio del área disciplinaria; evaluación del desempeño laboral; y formación y méritos, como el reconocimiento de estudios de actualización, perfeccionamiento y especialización, cargos y distinciones.

Del mismo modo se establece que obligatoriamente los docentes serán evaluados en su desempeño laboral cada tres años.

Y así como hay exigencias, también se establecen incentivos dados por el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales, como mención honorífica con el otorgamiento de las Palmas Magisteriales y otros, agradecimientos, felicitaciones y condecoraciones mediante resolución directoral regional, ministerial o suprema, viajes de estudio, becas y pasantías al interior o exterior, entre otras.

La propuesta legislativa plantea una estructura remunerativa simplificada para todos los docentes, que incluye una remuneración íntegra mensual al que se asocia un conjunto de asignaciones por tres conceptos: desempeño de cargos de responsabilidad directiva o especialidad; labores en ámbitos rurales y de frontera; y características de la institución educativa (unidocente, multigrado o bilingüe).

Adicionalmente se establece una bonificación al trabajo docente en zonas que presentan dificultades particulares como el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Esto será fijado por decreto supremo.

También se mantienen varios pagos ocasionales como las bonificaciones por años de servicio (20, 25 o 30 años), el luto y gastos de sepelio, además del pago de la compensación por tiempo de servicios al momento del cese.

EL DATO

Una de las disposiciones complementarias señala que para asegurar el financiamiento de la ley, los montos de remuneraciones y asignaciones se efectivizarán en dos tramos. El primero es al momento de entrada en vigencia de la ley, y modificará la remuneración íntegra mensual. En el segundo tramo, a partir de enero de 2014, se modificarán las asignaciones establecidas en la ley.

LUIS GARCÍA

PARA LOS QUE AÚN CREEN EN LAS ENCUESTAS

LA PRIMERA encuestadora que funcionó en el Perú, la inventaron, mi apreciado amigo Genaro Delgado Parker, el polifacético hombre de teatro Juan Ureta Mille y un señor apellidado Uriarte,que posteriormente saltó al ruedo, inaugurando “Los Índices U” de opinión pública.

César Augusto Dávila

Poco después, florecería otra empresa similar, cuyas siglas POP, eran interpretadas por Don Jorge “El Cumpa” Donayre, como “Pague o Pierda”.

Naturalmente, los procedimientos “científicos” de estos “sondeos” de intención, se limitaban a ciertas charlas de café en el “Berisso”, en las cuales, solía intervenir Don Raúl “El Gordo” Villarán, que aparte, tenía dos índices particulares, que usaba para presionar a “los big shots” de los medios de comunicación, a fin de que obraran de acuerdo a sus geniales caprichos.

Dichos “estudios” se denominaban “El de los Más Inteligentes” y “El de los Más Poderosos”.

No hace mucho, cuando le recordé a Don Genaro estos detalles, se limitó a sonreír muy a su estilo y me comentó que él solo le llevaba el amén al Gordo, “como una manera de divertirse”.

El cuento de las encuestadoras, intentaba ser una copia fiel y exacta del famoso “Gallup Institute” de los Estados Unidos, que suele ser muy acertado al calificar el posicionamiento de marcas de detergentes, dentífricos y hasta papel higiénico, pero ha fracasado clamorosamente, y más de una vez, en sus intentos de predecir el resultado final de las elecciones presidenciales.

Hasta hoy, las imitaciones sólo siguen siendo muy sinceras expresiones de la admiración por el original. Y el resto es cuento. ¿O a Ud. lo han encuestado alguna vez?

Cuando alguien me pregunta la razón de mi falta de fe en las encuestas y “cuenteadoras”, me remito a una de las tantas “gracias” que solíamos hacer en la inolvidable sala de redacción de “Última Hora”, allá por los 60’s, cuando aun no nacían a la fama, Torrados, Saavedras, ni gordas Giovannas.

Los más “graciosos de la colle” –o sea los “cabeceros”- publicábamos cada cierto tiempo, una modesta columnita titulada “Dice la Calle”, elaborada, gracias al destaque de algún joven redactor que estaba pagando piso y un fogueado reportero gráfico.

Ambos se apostaban a mitad de la calle Baquíjano, en la cual domiciliaba el diario de mis amores y muy sueltos de huesos, arrinconaban a transeúntes de todos los pesos, preguntándoles-foto incluida- su opinión, acerca de asuntos tan tremendos como el sexo de los ángeles, el cambio de ubicación del volcán Misti o la pena de muerte.

Los resultados de esta acriollada “encuesta periodística” llegaban a la mesa minutos antes de la última nota y, naturalmente, eran sometidos a la “sabia interpretación”, de manera que los opinantes callejeros, debían contentarse con ver su fotiche en el diario favorito y, caballero nomás, reírse un poco de las cosas que les hacíamos decir.

De manera que después de esta temprana experiencia de mi carrera periodística, ¿les parece a ustedes que yo pueda, o deba creer en las encuestas made in Chollywood?

Otra nota son los “focus groups”- con los cuales se ganan un buen bille las agencias de publicidad que, si supieran cómo se vende un diario, hace rato que hubieran empezado a fabricar el suyo.

En uno de los más recientes “focus”, celebrado cuando yo dirigía un diario popular, pregunté previamente a los “barras bravas” convocados a opinar, (en realidad iban por la gaseosa, los bocadillos y veinte mangos), si habían visto o leído el diario en cuestión. Y la respuesta fue que jamás lo habían atisbado siquiera. Y sin embargo, opinaron pues, y los financistas pagaron por este desaguisado.

Suma y sigue. Al poco tiempo y atendiendo la docta opinión de un accionista de la empresa, se “realizó una encuesta”, a fin de averiguar qué secciones del diario leía más el “populorum”.

El resultado fue que las hordas incontenibles del malevaje, leían –cáiganse de risa, amables lectores- “la página cultural”, que el recordado periódico, no tuvo, tiene, ni tendrá jamás.

La explicación de estos curiosos eventos que recordaré por siempre, habría que buscarla en las sabias sentencias de mi entrañable –y ausente - amigo “Mortimer”: “pa’cojúo no se estudia”. Y: “a la gente, le encanta que la cojudeen”.

EL LLAMADO A LA CONCORDIA DEL FELIPILLO VARGAS LLOSA

Maniobra de la cancillería chilena: Llamado a la concordia con ladrones y usurpadores

Respondiendo a los intereses y objetivos de la cancillería chilena, uno de sus hombres, Jorge Edwards (Chile), y Mario Vargas Llosa (Perú) han redactado y publicado una declaración en pro —según ellos— de la paz y entendimiento entre Chile y Perú (*). La paz es algo preciado y necesario, pero no se puede invocar a la paz para favorecer los intereses de un solo país, que además es el agresor y usurpador de siempre.

Pretexto de los tontos útiles

El motivo de la declaración es el próximo fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda que el Perú ha presentado por la usurpación chilena de 36 000 km² de mar territorial peruano. Lo malo de la declaración —y que la convierte en instrumento unilateral en favor de Chile— es que no reconoce la usurpación chilena del mar territorial peruano.

Los quince ciudadanos peruanos que han suscrito el mamotreto chileno debieron actuar con más prudencia e informarse bien de los antecedentes del caso y de los intereses específicos del Perú. No es posible hablar de la paz si esta es la tapadera del robo chileno, como tampoco es posible hablar de la paz de los cementerios. Los firmantes peruanos de la carta de Edwards y Vargas han preferido ignorar u olvidar que todo se inicia por la usurpación chilena del mar peruano; si hubiesen tenido un mínimo de sentido común —para no hablar de patriotismo, concepto ajeno a la mentalidad de los firmantes— debieron averiguar el origen del problema, lo cual los habría llevado a la conclusión segura de que estaban suscribiendo un documento digitado por la cancillería chilena¹.

Por otro lado, la vocación por la paz y la concordia no nace de un día para otro ni es una aspiración ciega, que no mira las implicancias propias de cada situación. Si a esos peruanos les preocupase desde siempre el destino del Perú, debieran tener una opinión formada sobre lo siguiente:

—La hegemonía económica de Chile en el Perú, con la meta de llegar a 15 mil millones de dólares en inversiones, pese a que es un país revendedor, no industrializado.

—El dominio de LAN (LATAM) en los cielos peruanos, con el añadido, el extra, del espionaje permanente.

—El control inalterable e indisputado del Triángulo de Tacna, que asegura para Chile, además, 37 mil km² de mar territorial peruano.

—La propiedad chilena de un número cada vez mayor de tierras agrícolas peruanas. Los chilenos devuelven el favor contratando a la indiada peruana para que sean peones.

—Un sistema educativo peruano que continúa maquillando la Historia del Perú² para que los jóvenes (futuros militares) sean indiferentes frente a los robos, asesinatos y terrorismo que perpetraron los rateros chilenos en la guerra, y las usurpaciones de hoy, que nos obligan a litigar en La Haya.

—Una población peruana y juventud peruana que no rinden homenaje en calles y plazas a los héroes peruanos (Bolognesi, Grau, Cáceres). Eso es importantísimo para Chile: distanciar al pueblo de sus héroes, borrarle la memoria histórica.

—La existencia de una fuerza armada peruana que rinde homenaje y respeta a militares chilenos enemigos, como el hampón Arturo Prat Chacón.

—El control del mar peruano y de la pesca, que el Perú ya no puede hacer libremente, por un traidor convenio que ha puesto en marcha el actual gobierno³.

—El control del espacio geográfico peruano, en tierra, mar y aire⁴, lo que lleva a la culminación de los sueños hegemónicos del ratero Diego Portales, que imaginaba el dominio de Chile en toda la costa de América del Sur.

“No me defiendas, compadre”

En el caso de la demanda presentada en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y en general en las relaciones bilaterales Chile-Perú, los chilenos se guían por lo siguiente: 1) mantener inalterables los robos y usurpaciones que cometen contra el Perú; b) beneficiarse de la posición geográfica del Perú, utilizándolo como salida ante posible cierre del comercio con Bolivia y Argentina. O sea que no solo es el robo territorial de siempre sino además el parasitismo económico: el Perú no necesita de Chile, pero Chile sí necesita vitalmente del Perú. Lo que aterra a los chilenos es que los corruptos y vendepatrias dejen de gobernar el Perú y se corte el comercio y se cierren las fronteras con el Perú.

Ayer 25 de julio quedó al descubierto que la declaración Edwards-Vargas es una barata manipulación de la diplomacia chilena. Sin ocultar su alegría y entusiasmo, el apologista del robo y asesinato chilenos, Alfredo Romero, canciller de Chile, sin preocuparse por el papelón de los tontos útiles firmantes, declaró: “En el caso de la Corte de La Haya ambos países […] están comprometidos a cumplir con él. Lo que sí está en manos de los dos países es construir un futuro de relaciones positivas”.

Más claro, imposible: el diplomático chileno del robo y la muerte habla de “futuro” porque lo que más interesa a Chile es seguir agrediendo, usurpando y obtener ganancias con el comercio bilateral. Es harto conocido el mandato de la cancillería chilena de reiterar el olvido de la guerra de rapiña de 1879 con el argumento de “no vivir en el siglo XIX” sino en el siglo XXI (que sus sirvientes peruanos repiten con entusiasmo), como si Chile hubiese evolucionado y se hubiese convertido en país civilizado, cuando sigue siendo el mismo bárbaro, usurpador y promotor de la hegemonía de Chile sobre el Perú.

De su parte, el ministro de Defensa, Andrés Allamand, dijo: “No sólo se trata de que Chile y Perú van a acatar el fallo de La Haya sino que el desafío que tienen Chile y Perú hacia adelante es avanzar en una integración plena”. Por supuesto que para los ladrones y asesinos chilenos “integración plena” significa dominación plena del Perú. He allí el interés de los ladrones chilenos.

Como nunca lo que conviene a Chile conviene al Perú, está muy claro que los ministros chilenos hablan bien de la declaración Edwards-Vargas porque saben que perjudica al Perú, deja incólumes los robos de Chile y asegura el mantenimiento de la condición de colonia que tiene el Perú respecto de Chile.

Paz y concordia de verdad

Los peruanos y chilenos deseamos paz y tranquilidad, y eso es imposible porque hay pendiente una deuda de sangre y porque, además, existen peligrosas inversiones chilenas en el Perú y comercio bilateral Chile-Perú. Los peruanos permitimos que los chilenos (azuzados por su gobierno, violador contumaz del derecho internacional) inviertan en el Perú y luego nos quejamos de hegemonía chilena; eso debe desaparecer. Queremos paz sin peligro y sin riesgos, y eso se obtiene mediante el desarrollo autónomo de Chile y Perú, que crezcan sin meterse en el otro país; no podemos permitir que los chilenos, cual garrapatas, continúen en el Perú porque son vanguardia de la fuerza armada chilena. No hay la menor duda de que Chile se ha apoderado del Triángulo de Tacna y del mar correspondiente cuando vio que esa usurpación era el paso complementario de sus inversiones (“primero invierto, en seguida usurpo territorio y mar”).

Chile ahora hace con el Perú lo que hizo con Bolivia antes de la guerra: infiltró inversiones y después robó territorio (Antofagasta).

No nos quejemos, los chilenos y todo lo que hacen en el Perú (enmascarado en inversiones y actividades culturales) son un grave peligro. La alternativa es tener paz con seguridad, lo que significa mantener lejos del Perú a los delincuentes chilenos, engañadores y manipuladores de declaraciones de paz.

Personajes firmantes

Es también cuestionable o dudosa la autoridad moral de algunos de los firmantes peruanos para hablar de las relaciones peruano-chilenas, por ejemplo:

Javier Pérez de Cuéllar, autor de las nefastas notas reversales que complicaron la situación en el litigio en La Haya por el mar peruano usurpado por Chile, sin que hasta el momento haya pedido perdón al Perú.

El rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que tolera profesores de Historia del Perú con claro perfil de sirvientes de Chile, como Joseph Dager (ver Joseph Dager, uno de los más avezados sirvientes prochilenos) y Margarita Guerra (ver Margarita Guerra, denigradora de Pons Muzzo)

Finalmente, en cuanto a monseñor Luis Bambarén, así como toda la Iglesia Católica del Perú, si se trata de buscar mejorar las relaciones entre el Perú y Chile, antes de suscribir pronunciamientos insulsos, sería mejor que, ejerciendo un verdadero rol de orientación moral, comiencen condenando a sus pares chilenos por no haber pedido perdon al haber (décadas antes de 1879) participado en la instigación criminal contra el Perú en sus homilías en todo Chile, donde azuzaban para lanzarse contra nuestro país en expedición asesina y de rapiña. En ello el Vaticano ya ha dado varios ejemplos al condenar los desvíos de sus representantes en la Edad Media y pedir perdón por ello.

RESPUESTA AL "LLAMADO A LA CONCORDIA" DE VARGAS LLOSA Y EDWARDS.

CHILE SE PREPARA PARA "DECIDIR UN CONFLICTO ARMADO EN CORTO TIEMPO".

Por Angel Páez.

El presidente Piñera plantea que las FFAA deben contar con una "capacidad creíble" para afrontar las amenazas.

El presidente Sebastián Piñera presenta el documento "Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa 2012-2024", en el que describe cómo deben estar preparadas las Fuerzas Armadas de Chile para "anticiparse a una agresión armada" de sus potenciales enemigos externos.

A menos de cinco meses del inicio del juicio oral en el tribunal de La Haya sobre la demanda del Perú contra Chile, el presidente sureño Sebastián Piñera remitió al Senado de su país el documento "Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa 2012-2024" (ENSYD), cuyo contenido revela las líneas maestras de materias que tienen relación con la resolución judicial internacional sobre el diferendo marítimo planteado por el Perú.

La ENSYD entrará en vigencia antes de que el tribunal de La Haya emita su fallo, en el primer semestre del 2013, por lo que su formulación debe despertar la atención de Palacio de Gobierno.

"La ENSYD es la expresión política y la respuesta conceptual y ejecutiva del Estado (de Chile) a los desafíos de seguridad previsibles en el contexto nacional e internacional en que el país se desenvolverá en el periodo comprendido entre los años 2012 y 2024", señala el documento. Precisamente, en esa etapa La Haya resolverá la demanda del Perú contra Chile. En el vecino del sur algunos sectores políticos manifiestan que el fallo será desfavorable para los chilenos y que el Estado se debe preparar para el eventual revés judicial.

Por eso, la ENSYD indica qué perfil deben tener las Fuerzas Armadas chilenas, tanto en términos de capacidades bélicas como presupuestales, para garantizar el equipamiento proyectado, justamente en un periodo en el que se resolverá la controversia judicial formulada por Perú.

LEGÍTIMA DEFENSA

"Chile pretende enfrentar exitosamente las interferencias, los riesgos y las amenazas, así como superar las vulnerabilidades que obstaculizan sus objetivos de desarrollo y sus aspiraciones", precisa el documento presidencial. Según la ENSYD, "el desarrollo de Chile y su seguridad están estrechamente relacionados, conformando un círculo virtuoso. No hay desarrollo sin seguridad". Y añade los objetivos: "Un Chile soberano, un Chile próspero y un Chile seguro". ¿Una resolución a favor de Perú, podría considerarse contraria a los postulados del presidente Piñera? Eso se escuchará en el debate en el Senado sureño.

Según la ENSYD, Chile "no está exento de verse envuelto en una crisis internacional o ser incluso objeto de agresión armada a su territorio (...), por ello el país requiere contar con una capacidad creíble para disuadir y adecuada para actuar en legítima defensa". Como es público, Chile es uno de los países latinoamericanos con mayor inversión en adquisición de equipamiento bélico respecto a sus vecinos, pero esto no parece ser suficiente, de acuerdo con el contenido de la ENSYD. De allí que propone alcanzar una "capacidad creíble", lo que implica condiciones bélicas superiores en relación con el probable adversario, el que debe ser confrontado incluso con antelación.

En efecto, eso es lo que dice el documento: "En lo específico, la capacidad operacional debe permitir fundamentalmente anticipar una agresión armada al territorio nacional, tener superioridad en el enfrentamiento, generar efectos estratégicos de larga distancia y decidir un conflicto armado en corto tiempo".

"Anticipar una agresión armada", "tener superioridad en el enfrentamiento" y "decidir un conflicto armado en corto tiempo" son conceptos que seguramente serán debatidos por el Senado chileno, y que en el Perú se debe seguir con atención.

No hay una mención al proceso en La Haya, pero el documento menciona el irrestricto respeto a las instancias y normas internacionales, lo que es un indicativo de que acatará lo que resuelva el tribunal.

NÚMEROS QUE HABLAN

"Chile busca satisfacer sus intereses en el ámbito de la soberanía y de la prosperidad sin constituir una amenaza para nadie, y aspira a que los riesgos y amenazas a su seguridad no interfieran mayormente sus objetivos nacionales", señala, pero aclara: "Es un país con vocación de paz y buscará su seguridad por medio de la cooperación internacional, aunque reservándose el derecho inherente a la legítima defensa, en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas".

Los niveles de gasto en armamento podrían contradecir la resuelta adhesión de Chile de los medios pacíficos para la resolución de diferencias.

En 2008 desembolsó 1,518 millones de dólares en compras bélicas, en el 2009 llegó a 1,613 millones y el 2010 sumó 1,802 millones, con evidente tendencia al alza, de acuerdo con el Ministerio de Defensa de Chile.

Aparte, las Fuerzas Armadas chilenas cuentan con más de 3 mil millones de dólares en un fondo acumulado por concepto de la Ley de la Reserva del Cobre (10 por ciento de las ventas del metal se destina al gasto militar).

La ENSYD describe en detalle los "atributos de la fuerza". Esto es, las características de las "capacidades estratégicas" con las que deben contar los institutos militares sureños para responder adecuadamente a una supuesta agresión externa con precisión. "Precisión es el atributo que hace posible ubicar y anular la capacidad de combate del adversario, en el menor tiempo posible, y en cualquier condición o escenario, por medio de la integración de sistemas de armas o electrónicos para obtener los efectos más eficaces".

Para el cumplimiento de los objetivos señalados, implicará, sin duda, una inversión de grandes proporciones. Coincidentemente, en el Senado chileno se encuentra el proyecto de eliminación de la Ley Reservada del Cobre, y en su lugar se aprobaría un Fondo de Capacidades Estratégicas.

Esto significa que la desaparición de la Ley Reservada del Cobre no afectaría los actuales niveles del gasto, especialmente cuando baje el precio internacional del metal rojo.

"El financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa es la clave para poder satisfacer las necesidades de seguridad del país consideradas en la ENSYD", precisa el documento.

¿Para qué? "En el corto plazo, mantener la disponibilidad y nivel de disuasión de los medios con que actualmente cuentan las Fuerzas Armadas. Y, en el mediano plazo, manteniendo un nivel de disuasión eficaz (...)".

A continuación, el documento detalla con qué medios terrestres, marítimos y aéreos deben contar las Fuerzas Armadas de Chile.

El vecino del sur, gracias en gran parte al flujo de fondos obtenidos de la Ley de Reserva del Cobre, cuenta con una homogénea flota de combate aéreo multirol, compuesto por 48 unidades de aviones de guerra F-16, fabricados entre el 2005 y el 2006, y dotados con armamento moderno. Además de 100 tanques Leopard 1B y 140 del tipo 2A4, y ocho fragatas provistas de hasta cinco clases de misiles.

Pero, según la ENSYD, todavía falta mucho para alcanzar la "capacidad creíble" para anticiparse y derrotar en el más corto tiempo al eventual enemigo exterior.

EN CIFRAS

3,000 millones de dólares es el fondo de reserva de Chile para compras de armas.

1,518 millones gastó Chile en armas en el año 2008.

1,802 millones destinaron las FFAA chilenas en adquisiciones bélicas en el 2010.

“Llamado a la concordia” de Mario Vargas Llosa y Jorge Edwards sobre el diferendo marítimo

Escritores se presentaron en Madrid, España. Foto: EFE.

Con este documento se busca que los gobiernos de Perú y Chile lleguen a un acuerdo.

Esta mañana los escritores Mario Vargas Llosa –Perú- y Jorge Edwards –Chile- presentaron el “Llamado a la concordia”, documento en el cual piden paz entre ambas naciones para dejar atrás el subdesarrollo y nacionalismos exacerbados; pues –dijo- su relación va más allá de cualquier diferendo marítimo, como el que se desarrolla en La Haya (Países Bajos). A continuación el manifiesto:

LLAMADO A LA CONCORDIA

Hace un poco más de treinta años, con motivo del centenario de la Guerra del Pacífico, un grupo de intelectuales, artistas, hombres de ciencia, peruanos y chilenos, se puso de acuerdo para hacer un llamado a la paz definitiva entre nuestros países. Hicieron ver en una declaración pública que nuestro enemigo común, más allá de cualquier retórica nacionalista, era el subdesarrollo: el hambre, la ignorancia, la desocupación, la falta de democracia y libertad.

Tres décadas más tarde, Chile y el Perú se encuentran de nuevo frente a una instancia decisiva de su historia moderna. La Corte Internacional de Justicia de La Haya, después de estudiar en profundidad los argumentos de ambas partes y de escuchar los alegatos orales de sus abogados, pronunciará su dictamen sobre la demarcación de los territorios marítimos de ambos países.

La decisión de La Haya se produce en un contexto muy diferente al del año 1979. Chile y el Perú han recuperado la democracia representativa y las libertades públicas. Ambos se encuentran en el camino de un desarrollo moderno vigoroso, estable y sustentable. Nosotros, los abajo firmantes, estamos convencidos de que la próxima sentencia del Tribunal de La Haya, en lugar de ser motivo de reservas, reticencias, rumores innecesarios, de visión estrecha, es una oportunidad para dar un paso positivo en nuestras relaciones, para salir de una vez por todas de la mentalidad del siglo XIX que a veces ha enturbiado nuestro trato y entrar de lleno en una mirada propia del siglo XXI: una mirada solidaria, con proyecto de futuro, que contemple una verdadera integración cultural, científica y económica. Creemos que la decisión de La Haya, pronunciada por un tribunal internacional que ambos países reconocen, cuya legitimidad es un hecho indiscutible del mundo contemporáneo, debe marcar un hito en nuestro avance hacia sociedades integradas, libres, desarrolladas, dignas de nuestro tiempo.

América Latina ha sido la región de las esperanzas postergadas, de las divisiones externas e internas, del atraso, del oscurantismo. Si Perú y Chile comprenden la oportunidad histórica que ahora se les ofrece, la de entrar en una etapa de paz auténtica, de reconciliación verdadera, sin reservas, de amistad constructiva, creadora en todos los órdenes, contribuirán a cambiar la imagen de América Latina en el mundo actual. Y serán un ejemplo de concordia y colaboración regional. Nuestro entendimiento servirá para dar aliento a acuerdos internacionales todavía más amplios. El favorable momento actual de nuestros países, subrayado por el importante episodio jurídico e internacional que se aproxima en La Haya, servirá para robustecer nuestra voluntad de ver desterrado para siempre el odio y la violencia de América Latina. Y para consolidar el proceso firme y pleno de nuestro desarrollo democrático y económico. La experiencia de un pasado de discordias y desconfianzas, deberá servirnos para impedir que esos fantasmas nos sigan persiguiendo y paralizando nuestras mejores iniciativas.

DATO

Entre los firmantes del documento –además de los escritores antes mencionados- se encuentran Luis Bambarén, Isabel Allende, Julio Cotler, Roberto Dañino, Beatriz Merino; etc.

LAS TINTERILLADAS DE VILLA STEIN

El director del Instituto de Defensa Legal (IDL), Glatzer Tuesta, sostuvo que la sentencia de Villa Stein es totalmente ilegal y un claro acto de impunidad, pues tiene como objetivo favorecer de manera indebida a los condenados y también al expresidente Alberto Fujimori y explicó puntos claves del controvertido fallo.

Señaló que “la sentencia anula la condena de todos los acusados por el delito de asociación ilícita para delinquir bajo el argumento de que fueron condenados sin que la Fiscalía haya presentado denuncia por ese delito. Esto es falso. La Fiscalía sí presentó una denuncia con la figura de asociación ilícita para delinquir, que estuvo a cargo de la jueza Victoria Sánchez. Incluso, desde el año 2001, el procurador público ad hoc, Ronald Gamarra, pudo participar de todo el proceso judicial, pues justamente era un delito en agravio del Estado”.

 LESA HUMANIDAD.


Indicó que el fallo es ilegal, además, porque “la Sala Penal afirma que no sería posible condenar a los integrantes del destacamento Colina como autores de un crimen de lesa humanidad, pues esta calificación no se encuentra ni en la denuncia, ni en la acusación del Ministerio Público. Sin embargo esto también es falso, pues la acusación del fiscal superior Pablo Sánchez, emitida el 11 de mayo de 2005, señala que: ‘… ha quedado demostrada la comisión de crímenes de lesa humanidad, habiéndose determinado un concurso real de los siguientes delitos tipificados en el código penal: homicidio calificado, asociación ilícita para delinquir, secuestro agravado y desaparición forzada de personas’. Por lo tanto, se le debe recordar al magistrado Villa Stein que el Ministerio Público sí cumplió con su obligación legal”.

Sostuvo que increíblemente la sentencia, sin señalar evidencia alguna, determina implícitamente que los ciudadanos podían ser ejecutados sumariamente, pues eran terroristas y no civiles, al comentar que la sentencia desconoce la calificación del crimen de Barrios Altos como crimen de lesa humanidad y lo califica como un delito común, “pues si bien es posible reconocer que los crímenes del destacamento Colina fueron parte de una política de Estado, esta política no era contra la población civil sino contra los terroristas”.

ABSOLUCIÓN DE PINTO

Sobre la absolución del coronel EP Alberto Pinto Cárdenas, jefe del SIE en 1992, condenado por los casos de “El Santa” y “Pedro Yauri”, dijo que la sala aplica un concepto absolutamente desterrado por el derecho internacional, lo que se conoce en la jurisprudencia interna como la llamada obediencia debida. “La Suprema, interpreta que favorecer el funcionamiento del destacamento Colina, sabiendo perfectamente cuál era su misión (asesinar), solo es parte de su ‘oficio cotidiano’ y, por lo tanto, no es responsable. Es increíble”, sostuvo.

Además, criticó que la sentencia abandone la teoría de la autoría mediata por medio de un aparato de poder organizado y solo mantiene la condena de los jefes –Montesinos Torres, Hermosa Ríos, Rivero Lazo y Salazar Monroe- en condición de coautores. “Este cambio tiene una particular relevancia, pues solo la autoría mediata permite reconocer los llamados crímenes sistemáticos cometidos por un aparato de poder organizado; y, sobre todo, ayuda a determinar la existencia de una mayor responsabilidad penal de los jefes porque son ellos los que emiten las órdenes superiores para ejecutar los crímenes. Eso no se logra con la coautoría. Por ello, la sentencia termina desconociendo la naturaleza misma de la organización criminal estatal.