LOS SECRETOS DEL NARCO AVIÓN FAP DC8-62F Nº 371

El avión FAP DC8-62F Nº 371 fue intervenido a las dos de la tarde del 11 de mayo de 1996 por iniciativa del entonces jefe del Ala Aérea 2 de la FAP, mayor general FAP Pedro Palomino. Adentro, luego de varias horas de búsqueda se encontró un cargamento de 169.600 kilogramos de clorhidrato de cocaína que había sido cuidadosamente escondido en la bodega número 3 del avión. La intervención se realizó pocas horas antes del despegue programado de un vuelo clasificado como “secreto”, para llevar motores y equipos bélicos necesitados de mantenimiento en Rusia.

La Dirandro, que intervino poco después del hallazgo e inició una de las típicas investigaciones policiales de la época de Fujimori, determinó lo obvio: que un oficial, varios suboficiales y técnicos fueron cómplices en el intento de narcotráfico. Pero ni la Dirandro, ni la Fiscalía, ni la Fuerza Aérea investigaron a los altos mandos de la institución –y mucho menos a los que estaban por encima de ellos– para definir si tenían o no responsabilidad. Esa fue apenas una de las cosas que se dejó de investigar. Nunca se supo, por ejemplo, dónde se compró la droga y menos a quién ni tampoco se descubrió quién era el destinatario. En los hechos, más que una investigación, hubo un control de daños para encapsular las inculpaciones y evitar llegar a los eslabones más altos de la cadena de narcotráfico. 

OPERACIÓN ENCUBRIMIENTO

No solo eso. Un año después de la incautación de la droga, en julio de 1997, el entonces gobernante Alberto Fujimori exculpó en un discurso público a los oficiales de la tripulación del narcoavión. Uno de los exonerados por Fujimori era su edecán, el comandante FAP Luis Escarcena Ishikawa, quien era uno de los tres pilotos del avión que transportaba la cocaína. Es más, Escarcena Ishikawa fue solo incluido como testigo en las investigaciones.

El discurso de Fujimori fue para el sometido Poder Judicial de ese tiempo, como si se tratara de una sentencia del Tribunal de La Haya. Un mes después el PJ solo sentenció al personal subalterno.

Los oficiales no solo fueron absueltos sino que uno de ellos, el coronel FAP Óscar Salinas, fue premiado con un ascenso.

Blanca Nélida Colán, la incondicional Fiscal de la Nación de esos años, intervino directamente en el caso. Colán llegó al grupo aéreo Nº 8 al día siguiente del operativo y nombró a dedo a una fiscal, Fabiola Peña Tavera, para que investigue, o más bien encubra el caso.

Como se recuerda, años más tarde Colán fue condenada a 10 años de prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito, omisión de denuncia y encubrimiento personal durante el fujimontesinismo.

¡Y encubrimiento fue lo que hubo en el caso del narcoavión!

IDL-Reporteros ha obtenido documentos hasta ahora desconocidos que revelan la historia secreta del narcoavión. Uno de los hallazgos es saber que ese no fue, ni mucho menos, el único narcovuelo. De hecho, IDL-R pudo averiguar que desde 1992 se enviaron no menos de cuatro cargamentos de droga al extranjero en aviones de la FAP.

Los primeros datos que condujeron al hallazgo de la droga en el narcoavión fueron comunicados a fines de noviembre de 1995, al entonces coronel Pedro Palomino Horna, en ese año jefe de la VI Región Aérea Territorial de la FAP, con sede en Juanjuí. Palomino dirigía el programa de interdicción aérea que estaba a punto de destruir el puente aéreo de narcovuelos entre el Huallaga, el VRAE y Colombia. Hasta entonces la FAP había derribado cerca de 30 avionetas.

En un viaje a Lima, Palomino se reunió con el técnico FAP Jorge Rodríguez, que había trabajado antes con él y que servía ese año en el grupo aéreo Nº 8. Rodríguez le entregó una carta (más bien un informe manuscrito de 6 páginas) que refería en detalle cómo se transportó droga al extranjero en aviones de la FAP, en 1993 y 1994, hasta en cuatro oportunidades.

LOS VUELOS

Según ese informe el primer vuelo se realizó del 17 al 19 de junio de 1993; el segundo del 1 al 3 de octubre; el tercero del 24 de octubre al 3 de noviembre; y el cuarto del 14 al 17 de abril de 1994. Todos ellos con destino a Estados Unidos.

También figuraban los nombres de los técnicos implicados en cada caso, el monto de dinero que recibían por cada envío y los signos exteriores de riqueza que ostentaba el personal a su retorno.

Rodríguez le explicó a Palomino que el comandante del grupo aéreo Nº 8, coronel FAP Barry Power, ya estaba al tanto del asunto porque también le había entregado la carta. Pero Power no había hecho ninguna investigación.

A inicios de 1996 Palomino ascendió a mayor general y fue trasladado a Lima para asumir la jefatura del Ala Aérea N° 2 del grupo aéreo Nº 8. Dispuesto a actuar sobre la grave información que tenía, Palomino entregó copia de la carta al comandante general de la FAP, general Waldo Richter; y al jefe de la Dirección de Inteligencia de la FAP (DIFAP), Elesván Bello.

Con una información tan detallada era imperativo para Richter ordenar una investigación a fondo. Era obvio, o por lo menos muy probable, que los suboficiales constituían el último eslabón de una cadena que podía comprometer a los niveles más altos de las Fuerzas Armadas y del gobierno. Según fuentes con conocimiento de causa, tanto Richter como Bello manifestaron su rechazo a investigar el caso. De hecho, no hicieron nada.

Palomino tomó por su cuenta una serie de medidas de control en el ala aérea Nº 2. Ordenó inspecciones a los aviones que salían de la base con destino al interior del país y al extranjero.

VUELO SECRETO

El 12 de mayo de 1996 el avión FAP DC8-62F Nº 371 debía llevar equipos y motores con destino a Rusia para ser reparados. El vuelo se clasificó como secreto, lo que permitía evitar controles en los países donde tendría que hacer escala. La versión que hasta ahora se conocía y que figura en los informes finales de las comisiones investigadoras de la FAP y el atestado de la Dirandro sobre el caso, es que la inspección al avión se habría hecho a raíz de una llamada anónima que el general Palomino recibió el 6 de mayo alertándolo que en aquel vuelo logístico transportarían droga.

Según información obtenida por IDL-R, Palomino no recibió ninguna llamada anónima. Fue él quien le solicitó autorización al comandante general de la FAP para hacer una inspección al avión porque tenía información confiable que en ese vuelo iban a transportar droga.

Según indicaron las fuentes, Richter se negó en un inicio, pero ante la insistencia de Palomino aquél permitió la inspección a condición de que se atribuyera el operativo a una llamada anónima de alerta.

Luego de obtener la autorización, el general Palomino y un equipo de la FAP inició la inspección a las 2 de la tarde. En la bodega de carga posterior, detrás del ‘carenado’, encontraron un bulto negro que contenía seis paquetes negros y una caja de cartón con varios paquetes de color marrón que arrojaron un peso bruto de 174.22 kilos de cocaína.

POSTERGACIONES

El general PNP Luis Pérrigo, entonces jefe de la Dirandro, inició las investigaciones, que pronto arrojaron varios datos muy reveladores. Lo más importante de todo fue que el vuelo tuvo varias postergaciones. Y en cada una de ellas se aumentó la carga de droga. Eso lo detalló el atestado policial Nº 068-05.96-Dirandro PNP/DITID-DC, al que ha tenido acceso IDL-R. Sin embargo, la Policía no profundizó ese importantísimo dato.

Según el informe, el vuelo en un inicio había sido programado para el 27 de abril de 1996. Cuatro días antes, el 23 de abril, ingresaron 60 kilos de cocaína al avión. El segundo ingreso de 30 kilos de cocaína fue el 29 de abril. El tercer y último ingreso de la droga (80 kilos) se hizo el 7 de mayo, luego de que se postergara la salida del vuelo para el 12 de mayo.

La programación de un vuelo clasificado como secreto solo podía ser modificada por disposiciones del más alto nivel, indicaron varias fuentes a IDL-R. De hecho, la autorización del vuelo se hizo mediante una Resolución Suprema.

Las investigaciones de la Dirandro confirmaron que desde 1992 los aviones de la FAP eran utilizados para enviar droga al extranjero.

“Se establece que esta modalidad de tráfico, utilizando los aviones de la FAP, venía siendo utilizada desde 1992 aprox. Y de acuerdo a las diligencias policiales, con la participación del RMP (representante del Ministerio Público), se determinó que se habría comercializado a ABR96 170 kgs. de CC. aprox., participando en este ilícito penal personal Técnico FAP integrantes de diferentes tripulaciones al exterior”, refiere el documento.

La Comisión Especial de Investigación (CIE) de la FAP conformada por disposición de Richter, también supuestamente investigó las responsabilidades administrativas de los oficiales y suboficiales implicados en el caso del narcoavión.

Lo contradictorio es que acusaron al general Palomino de graves faltas disciplinarias, cuando fue él quien pidió que se hiciera el operativo y finalmente encontró la droga en una de las bodegas del avión.

Meses después, el Consejo de Investigación para Oficiales (CIOG), presidido por el comandante general de la FAP, exculpó a Palomino. Por otro lado, en la resolución de la Comandancia General, Richter asegura que el tráfico de drogas es un “hecho sin precedentes en la FAP”, pese a que la Dirandro había establecido que había, precisamente, varios precedentes.

IDL-R buscó al general Richter para preguntarle por qué no investigó sobre los supuestos envíos de droga reportados por el personal a la Dirandro, pero este se negó a dar una entrevista.

Años después se sabría porqué. En 2005, el entonces fiscal anticorrupción Jorge Chávez Cotrina, denunció al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos y a los altos mandos de la FAP de entonces como cómplices del delito de tráfico ilícito de drogas por el caso del narcoavión. Entre ellos al excomandante general de la FAP, Waldo Richter, y al jefe de la Dirección de Inteligencia de la FAP (que luego reemplazaría a Richter como comandante general), Elesván Bello. Este proceso judicial está en su etapa final.

Pero hasta la fecha no se ha investigado lo más importante: quién integró y cómo operó la organización de narcotráfico que utilizó los aviones de la Fuerza Aérea para el contrabando masivo de drogas desde, por lo menos, 1992.

ROMINA MELLA

DE IDL- REPORTEROS