ASÍ NOS ROBAN Y QUEDAN IMPUNES LOS PRESIDENTES Y POLÍTICOS

La millonaria compra de un inmueble por la suegra de Alejandro Toledo y la compra de una casa por Alan García ha vuelto a agitar el ánimo público en torno a la verdadera riqueza de los gobernantes. Pero el sistema está hecho para que el ciudadano no sepa cuáles son realmente los bienes de los principales funcionarios estatales del Perú. Aquí, como se cuenta en estas páginas, se tarda años en saber lo que en países vecinos se conoce en cinco minutos.

Ricardo Uceda.
INFOS.

El 12 de enero del 2010, Napoleón Fernández Urcia, director general de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial, respondió una solicitud de información sobre los bienes y rentas del entonces mandatario Alan García. La había hecho un mes antes el periodista Carlos Enrique Bracamonte. La contestación de Fernández Urcia fue un cuadrito con las fechas de las ediciones del diario oficial El Peruano en las que figuraba la declaración jurada anual del mandatario y en las que Bracamonte podía ver satisfecha su curiosidad.

Bracamonte, por cierto, había leído El Peruano. Pero en el diario oficial las declaraciones juradas no aparecen en su integridad. La de Alan García correspondiente al 2009 decía que el presidente ganaba 16.000 soles mensuales y que tenía bienes por 546.172 soles y  patrimonio no identificado por 1 millón 283 mil 594 soles.

Eso era todo. Lo que los gobernantes le permiten saber al público solo es un estimado general del valor de sus bienes y de sus ingresos. Del actual presidente Ollanta Humala, por ejemplo, solo es posible saber que gana 16.000 soles mensuales y que el valor de sus bienes es de 115.611 soles. Nada más.

Está prohibido conocer cuántas casas tiene un funcionario público, o cuántos autos, o cuánto de dinero hay en sus cuentas bancarias. No debe saberse si tiene depósitos –y por cuánto– en el exterior, ni cuáles son sus inversiones empresariales. Estos detalles figuran en una parte de la declaración jurada que la Contraloría mantiene fuera del alcance del ciudadano. Sin embargo, la Constitución señala que esta información debe ser pública. ¿Cómo se llegó a la absurda situación en la que el Estado peruano le saca la vuelta a su ley fundamental favoreciendo el enriquecimiento de sus políticos en el gobierno?

La explicación tiene un aspecto político y otro legal. Los hechos que se describirán permiten concluir que los políticos de dentro y fuera del gobierno no están interesados en transparentar sus bienes. Los jueces, por su parte, vacilan. Ellos también deben declarar.

PALACIO 1, BRACAMONTE 0

Sigamos primero a Carlos Bracamonte. En su solicitud había pedido la declaración jurada completa de Alan García y lo mandaron a leer El Peruano. Ante la negativa, presentó una demanda de hábeas data contra Napoleón Fernández, quien, dicho sea de paso, sigue siendo jefe de Asesoría Jurídica de la Presidencia.

El 26 de marzo del 2010, el juez Ricardo Chang admitió la demanda y el 29 de setiembre la contestaron los procuradores de la Presidencia del Consejo de Ministros. Explicaron que el reglamento de la ley sobre declaraciones juradas de los funcionarios públicos había dividido a este documento en dos partes. Una confidencial, denominada Sección Primera, con los detalles de los bienes y cuyo destino final es la Contraloría. Y una Sección Segunda, para el consumo público, que ya vimos que es una simple cifra redonda. Los procuradores añadían que Bracamonte podía darse por bien servido con las copias de El Peruano que recibió, y que no esperara más.

¿Qué resolvió el juez? Que los procuradores tenían razón.

El caso subió en apelación a la Corte Superior de Lima, cuando ya se había producido el cambio de gobierno. La fundamentación del abogado de Bracamonte, Roberto Pereira, era muy simple: el reglamento al que se aferraron tanto los procuradores como el juez no podía limitar un derecho establecido tan explícitamente en la Constitución. Esta señala que deben ser publicados los ingresos “por todo concepto” que perciban los altos funcionarios.

La sentencia apelada contiene dos afirmaciones que merecen resaltarse. Por un lado, dice que es muy peligroso que se conozca información sobre los ahorros del dignatario, pues “debido a la situación de violencia e inseguridad podría ser mal utilizada”. Esta es la principal coartada que se emplea en público y en privado para ocultar los bienes de los gobernantes. Por otra parte, el fallo arguyó que el Tribunal Constitucional le daba la razón. Hay, en efecto, una historia más antigua.

EL TC CONTRA EL TC

En julio del 2003, el entonces jefe de la Oficina de Acceso a la Información del IPYS, Javier Casas, le pidió a la secretaria general del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, María Lila Iwasaki, copia de la declaración jurada del encargado del despacho, Eduardo Iriarte. Quería, por supuesto, las dos secciones del documento, e Iriarte se negó. Hizo el mismo pedido a otros dos ministerios  y tampoco funcionó. El de Defensa, dirigido por Aurelio Loret de Mola, se negó a entregar la Primera Sección. Lo mismo el de Educación, Nicolás Lynch. En los tres casos, las oficinas de asesoría jurídica opinaron que la solicitud era ilegal. Lo lícito, para ellos, era el reglamento de la ley de declaraciones juradas, dado en el 2001 durante el gobierno de Valentín Paniagua, cuando era ministro de Justicia Diego García Sayán, y viceministro el actual premier Juan Jiménez. Sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, entregó las dos secciones de su declaración.

Casas, quien se volvió un experto en el tema, enjuició a los tres ministerios, arguyendo lo mismo que Pereira en el 2011. Un reglamento no podía limitar un derecho constitucional destinado a combatir la corrupción. En febrero del 2006, el Tribunal Constitucional le dio la razón al Ministerio de Defensa precisando, además de la idoneidad del reglamento de marras, que la Sección Primera contenía información sobre la intimidad de los funcionarios que también estaba protegida constitucionalmente.

En los otros juicios, en cambio, los jueces pensaron diferente. En setiembre del 2006, la Corte de Justicia de Lima falló en contra del Ministerio de Educación, ordenándole entregar a Casas toda la información solicitada. Y el 14 de setiembre del 2009, el Tribunal Constitucional nuevamente se pronunció, esta vez ante la demanda de hábeas data contra el Ministerio de Transportes, que había terminado allí después de seis años de litigio. El TC le dio la razón en buena parte al demandante. Los detalles merecen atención.

NADA QUE TEMER

¿Qué contiene la famosa Sección Primera? Tras los datos generales del declarante y de su cónyuge vienen todos los tipos de ingresos, ya sea del sector público o del privado, o por ejercicio individual, o por concepto de arriendo o dietas. Las casas o departamentos  deben ser identificados registralmente y hacerse el señalamiento de su valor, lo mismo que los autos u otros bienes muebles. Luego viene lo urticante: ahorros, colocaciones, depósitos e inversiones en el sistema financiero, tanto si son personales o matrimoniales. Finalmente, las deudas. En su segundo fallo sobre el tema, el TC consideró cada concepto y determinó que no todo debía ser protegido por la reserva. En realidad, la mayoría de los conceptos podían publicarse.

Consideró que los bienes muebles e inmuebles, por ejemplo, en la medida que pueden ser registrados, son de acceso público. Todos los ingresos provenientes del sector público también. En cuanto a los ahorros, depósitos e inversiones en el sistema financiero del declarante y su cónyuge, hizo dos salvedades. Las operaciones financieras estaban protegidas por el secreto bancario, pero los instrumentos financieros –por ejemplo, las cuentas y su identificación– no. Tampoco consideró que fueran de carácter público los ingresos provenientes del sector privado. En suma, esta sentencia, aunque tiene aspectos que pueden ser discutidos, va a contrapelo de lo que actualmente existe: una falsa publicidad de la declaración jurada.

Y en cumplimiento del fallo, varios ministros y altos funcionarios del MTC cumplieron con publicar su declaración jurada completa, con excepción de sus ingresos provenientes del sector privado. Lo hicieron, sucesivamente, Eduardo Iriarte, Verónica Zavala y Enrique Cornejo. Ninguno tuvo problemas de seguridad por ello.

Por eso fue inexplicable que el primer juez que vio la demanda de Bracamonte contra la Presidencia de la República dijera basarse en la sentencia de Casas contra el Ministerio de Transportes. En realidad este fallo del TC favorecía al periodista. No fue una sorpresa entonces que el 15 de marzo del 2012 la Corte Superior de Lima declarara fundada en parte la demanda de Bracamonte. La sentencia inicial ha sido corregida. El juicio no ha terminado aún, de modo que es prematuro vaticinar el resultado de una instancia superior.

LOS MENOS TRANSPARENTES

Hasta aquí, una situación en la vía jurídica que tiende a evolucionar hacia una mayor transparencia. Ninguno de los dos fallos del TC es vinculante, de modo que podría haber un tercero que continúe la tendencia de alguno de los dos que se opusieron. Es decir, podría haber un retroceso hacia confirmar que solo la Contraloría conozca las declaraciones juradas, o un avance hacia establecer que todos los dirigentes del sector público exhiban verdaderamente su patrimonio.

Aunque el gobierno se ha comprometido internacionalmente con un Plan de Gobierno abierto, no parece decidido a abrir las declaraciones juradas de sus más altos funcionarios, comenzando por el presidente Humala y su esposa. Podría hacerlo por propia iniciativa –para eso no se necesita decisión judicial–, lo que en ese aspecto lo pondría por delante de sus predecesores García y Toledo.

Por la situación descrita, la declaración jurada del presidente del Perú es una de las menos transparentes de la región, como puede verse en estas páginas. En cuanto al resto de los funcionarios, aún no existe una presión política para transparentar los ingresos, siendo el tema de los depósitos bancarios en el Perú y en el exterior lo que suscita más renuencia. En unos será por temor; en otros porque no los pueden justificar. En el Congreso, parlamentarios como Lourdes Alcorta y Luis Galarreta son los más transparentes con sus ingresos.

Quizá el escándalo no venga de la Contraloría ni del Ministerio Público, pues después de tantos años de guardarse, como perro del hortelano, la Sección Primera de las declaraciones, no conocemos ninguna investigación importante sobre enriquecimiento ilícito basada en esta información confidencial. Quizá ocurra como en España en la última semana. Tras la revelación de las millonarias sumas de dinero negro recibido y repartido por el ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, el presidente de gobierno –al que miles piden su renuncia– ha tenido un ataque de transparencia. La primera página de ayer de El País dice: “Rajoy niega los pagos y promete enseñar al público sus declaraciones”.

CLAVES

Artículo 40 de la Constitución. Es obligatoria la publicación periódica en el diario oficial de los ingresos que por todo concepto perciben los altos funcionarios y otros servidores públicos que señala la ley, en razón de sus cargos.

EL REGLAMENTO CENSOR: DS Nº 080-2001-PCM

Artículo 15. El Formato Único de Declaración Jurada de Ingresos, y de Bienes y Rentas que en anexo forma parte del presente Reglamento contiene dos secciones. La sección primera contendrá la información que será archivada y custodiada por la Dirección General de Administración o la dependencia que haga sus veces y que será remitida a la Contraloría General de la República. La sección segunda contendrá la información que deberá ser publicada en el Diario Oficial El Peruano de acuerdo con los plazos establecidos en el presente Reglamento.