lunes, 4 de febrero de 2013

ASÍ NOS ROBAN Y QUEDAN IMPUNES LOS PRESIDENTES Y POLÍTICOS

La millonaria compra de un inmueble por la suegra de Alejandro Toledo y la compra de una casa por Alan García ha vuelto a agitar el ánimo público en torno a la verdadera riqueza de los gobernantes. Pero el sistema está hecho para que el ciudadano no sepa cuáles son realmente los bienes de los principales funcionarios estatales del Perú. Aquí, como se cuenta en estas páginas, se tarda años en saber lo que en países vecinos se conoce en cinco minutos.
Ricardo Uceda.
INFOS.
El 12 de enero del 2010, Napoleón Fernández Urcia, director general de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial, respondió una solicitud de información sobre los bienes y rentas del entonces mandatario Alan García. La había hecho un mes antes el periodista Carlos Enrique Bracamonte. La contestación de Fernández Urcia fue un cuadrito con las fechas de las ediciones del diario oficial El Peruano en las que figuraba la declaración jurada anual del mandatario y en las que Bracamonte podía ver satisfecha su curiosidad.
Bracamonte, por cierto, había leído El Peruano. Pero en el diario oficial las declaraciones juradas no aparecen en su integridad. La de Alan García correspondiente al 2009 decía que el presidente ganaba 16.000 soles mensuales y que tenía bienes por 546.172 solespatrimonio no identificado por 1 millón 283 mil 594 soles.
Eso era todo. Lo que los gobernantes le permiten saber al público solo es un estimado general del valor de sus bienes y de sus ingresos. Del actual presidente Ollanta Humala, por ejemplo, solo es posible saber que gana 16.000 soles mensuales y que el valor de sus bienes es de 115.611 soles. Nada más.
Está prohibido conocer cuántas casas tiene un funcionario público, o cuántos autos, o cuánto de dinero hay en sus cuentas bancarias. No debe saberse si tiene depósitos –y por cuánto– en el exterior, ni cuáles son sus inversiones empresariales. Estos detalles figuran en una parte de la declaración jurada que la Contraloría mantiene fuera del alcance del ciudadano. Sin embargo, la Constitución señala que esta información debe ser pública. ¿Cómo se llegó a la absurda situación en la que el Estado peruano le saca la vuelta a su ley fundamental favoreciendo el enriquecimiento de sus políticos en el gobierno?
La explicación tiene un aspecto político y otro legal. Los hechos que se describirán permiten concluir que los políticos de dentro y fuera del gobierno no están interesados en transparentar sus bienes. Los jueces, por su parte, vacilan. Ellos también deben declarar.
PALACIO 1, BRACAMONTE 0
Sigamos primero a Carlos Bracamonte. En su solicitud había pedido la declaración jurada completa de Alan García y lo mandaron a leer El Peruano. Ante la negativa, presentó una demanda de hábeas data contra Napoleón Fernández, quien, dicho sea de paso, sigue siendo jefe de Asesoría Jurídica de la Presidencia.
El 26 de marzo del 2010, el juez Ricardo Chang admitió la demanda y el 29 de setiembre la contestaron los procuradores de la Presidencia del Consejo de Ministros. Explicaron que el reglamento de la ley sobre declaraciones juradas de los funcionarios públicos había dividido a este documento en dos partes. Una confidencial, denominada Sección Primera, con los detalles de los bienes y cuyo destino final es la Contraloría. Y una Sección Segunda, para el consumo público, que ya vimos que es una simple cifra redonda. Los procuradores añadían que Bracamonte podía darse por bien servido con las copias de El Peruano que recibió, y que no esperara más.
¿Qué resolvió el juez? Que los procuradores tenían razón.
El caso subió en apelación a la Corte Superior de Lima, cuando ya se había producido el cambio de gobierno. La fundamentación del abogado de Bracamonte, Roberto Pereira, era muy simple: el reglamento al que se aferraron tanto los procuradores como el juez no podía limitar un derecho establecido tan explícitamente en la Constitución. Esta señala que deben ser publicados los ingresos “por todo concepto” que perciban los altos funcionarios.
La sentencia apelada contiene dos afirmaciones que merecen resaltarse. Por un lado, dice que es muy peligroso que se conozca información sobre los ahorros del dignatario, pues “debido a la situación de violencia e inseguridad podría ser mal utilizada”. Esta es la principal coartada que se emplea en público y en privado para ocultar los bienes de los gobernantes. Por otra parte, el fallo arguyó que el Tribunal Constitucional le daba la razón. Hay, en efecto, una historia más antigua.
EL TC CONTRA EL TC
En julio del 2003, el entonces jefe de la Oficina de Acceso a la Información del IPYS, Javier Casas, le pidió a la secretaria general del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, María Lila Iwasaki, copia de la declaración jurada del encargado del despacho, Eduardo Iriarte. Quería, por supuesto, las dos secciones del documento, e Iriarte se negó. Hizo el mismo pedido a otros dos ministerios  y tampoco funcionó. El de Defensa, dirigido por Aurelio Loret de Mola, se negó a entregar la Primera Sección. Lo mismo el de Educación, Nicolás Lynch. En los tres casos, las oficinas de asesoría jurídica opinaron que la solicitud era ilegal. Lo lícito, para ellos, era el reglamento de la ley de declaraciones juradas, dado en el 2001 durante el gobierno de Valentín Paniagua, cuando era ministro de Justicia Diego García Sayán, y viceministro el actual premier Juan Jiménez. Sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, entregó las dos secciones de su declaración.
Casas, quien se volvió un experto en el tema, enjuició a los tres ministerios, arguyendo lo mismo que Pereira en el 2011. Un reglamento no podía limitar un derecho constitucional destinado a combatir la corrupción. En febrero del 2006, el Tribunal Constitucional le dio la razón al Ministerio de Defensa precisando, además de la idoneidad del reglamento de marras, que la Sección Primera contenía información sobre la intimidad de los funcionarios que también estaba protegida constitucionalmente.
En los otros juicios, en cambio, los jueces pensaron diferente. En setiembre del 2006, la Corte de Justicia de Lima falló en contra del Ministerio de Educación, ordenándole entregar a Casas toda la información solicitada. Y el 14 de setiembre del 2009, el Tribunal Constitucional nuevamente se pronunció, esta vez ante la demanda de hábeas data contra el Ministerio de Transportes, que había terminado allí después de seis años de litigio. El TC le dio la razón en buena parte al demandante. Los detalles merecen atención.
NADA QUE TEMER
¿Qué contiene la famosa Sección Primera? Tras los datos generales del declarante y de su cónyuge vienen todos los tipos de ingresos, ya sea del sector público o del privado, o por ejercicio individual, o por concepto de arriendo o dietas. Las casas o departamentos  deben ser identificados registralmente y hacerse el señalamiento de su valor, lo mismo que los autos u otros bienes muebles. Luego viene lo urticante: ahorros, colocaciones, depósitos e inversiones en el sistema financiero, tanto si son personales o matrimoniales. Finalmente, las deudas. En su segundo fallo sobre el tema, el TC consideró cada concepto y determinó que no todo debía ser protegido por la reserva. En realidad, la mayoría de los conceptos podían publicarse.
Consideró que los bienes muebles e inmuebles, por ejemplo, en la medida que pueden ser registrados, son de acceso público. Todos los ingresos provenientes del sector público también. En cuanto a los ahorros, depósitos e inversiones en el sistema financiero del declarante y su cónyuge, hizo dos salvedades. Las operaciones financieras estaban protegidas por el secreto bancario, pero los instrumentos financieros –por ejemplo, las cuentas y su identificación– no. Tampoco consideró que fueran de carácter público los ingresos provenientes del sector privado. En suma, esta sentencia, aunque tiene aspectos que pueden ser discutidos, va a contrapelo de lo que actualmente existe: una falsa publicidad de la declaración jurada.
Y en cumplimiento del fallo, varios ministros y altos funcionarios del MTC cumplieron con publicar su declaración jurada completa, con excepción de sus ingresos provenientes del sector privado. Lo hicieron, sucesivamente, Eduardo Iriarte, Verónica Zavala y Enrique Cornejo. Ninguno tuvo problemas de seguridad por ello.
Por eso fue inexplicable que el primer juez que vio la demanda de Bracamonte contra la Presidencia de la República dijera basarse en la sentencia de Casas contra el Ministerio de Transportes. En realidad este fallo del TC favorecía al periodista. No fue una sorpresa entonces que el 15 de marzo del 2012 la Corte Superior de Lima declarara fundada en parte la demanda de Bracamonte. La sentencia inicial ha sido corregida. El juicio no ha terminado aún, de modo que es prematuro vaticinar el resultado de una instancia superior.
LOS MENOS TRANSPARENTES
Hasta aquí, una situación en la vía jurídica que tiende a evolucionar hacia una mayor transparencia. Ninguno de los dos fallos del TC es vinculante, de modo que podría haber un tercero que continúe la tendencia de alguno de los dos que se opusieron. Es decir, podría haber un retroceso hacia confirmar que solo la Contraloría conozca las declaraciones juradas, o un avance hacia establecer que todos los dirigentes del sector público exhiban verdaderamente su patrimonio.
Aunque el gobierno se ha comprometido internacionalmente con un Plan de Gobierno abierto, no parece decidido a abrir las declaraciones juradas de sus más altos funcionarios, comenzando por el presidente Humala y su esposa. Podría hacerlo por propia iniciativa –para eso no se necesita decisión judicial–, lo que en ese aspecto lo pondría por delante de sus predecesores García y Toledo.
Por la situación descrita, la declaración jurada del presidente del Perú es una de las menos transparentes de la región, como puede verse en estas páginas. En cuanto al resto de los funcionarios, aún no existe una presión política para transparentar los ingresos, siendo el tema de los depósitos bancarios en el Perú y en el exterior lo que suscita más renuencia. En unos será por temor; en otros porque no los pueden justificar. En el Congreso, parlamentarios como Lourdes Alcorta y Luis Galarreta son los más transparentes con sus ingresos.
Quizá el escándalo no venga de la Contraloría ni del Ministerio Público, pues después de tantos años de guardarse, como perro del hortelano, la Sección Primera de las declaraciones, no conocemos ninguna investigación importante sobre enriquecimiento ilícito basada en esta información confidencial. Quizá ocurra como en España en la última semana. Tras la revelación de las millonarias sumas de dinero negro recibido y repartido por el ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, el presidente de gobierno –al que miles piden su renuncia– ha tenido un ataque de transparencia. La primera página de ayer de El País dice: “Rajoy niega los pagos y promete enseñar al público sus declaraciones”.
CLAVES
Artículo 40 de la Constitución. Es obligatoria la publicación periódica en el diario oficial de los ingresos que por todo concepto perciben los altos funcionarios y otros servidores públicos que señala la ley, en razón de sus cargos.
EL REGLAMENTO CENSOR: DS Nº 080-2001-PCM
Artículo 15. El Formato Único de Declaración Jurada de Ingresos, y de Bienes y Rentas que en anexo forma parte del presente Reglamento contiene dos secciones. La sección primera contendrá la información que será archivada y custodiada por la Dirección General de Administración o la dependencia que haga sus veces y que será remitida a la Contraloría General de la República. La sección segunda contendrá la información que deberá ser publicada en el Diario Oficial El Peruano de acuerdo con los plazos establecidos en el presente Reglamento.

MÁS MI RUBAS, MÁS TI QUIRO

¿Será verdad aquello de que "los pueblos tienen el gobernante que merecen" ? No otra cosa podemos pensar del pueblo peruano que estaría condenado a aceptar el falso aforismo: "Ha robado, pero ha hecho obras. ¿Quién no roba?". Por creer en estos principios absurdos siemepre ha votado, con total resignación, por polìticos y gobernantes corruptos, ladrones y reincidentes. Así, después del primer gobierno entreguista y corrupto de Belaúnde, lo volvieron a elegir en 1980. A García, quien destrozó el país en su primer gobierno y se convirtió en millonario, lo ungieron nuevamente en 2006. Fujimori, el dictador más sanguinario e inhumano de la historia peruana, que al mismo tiempo, robó miles de millones de dólares al país, se dio el lujo de ganar tres elecciones continuas.

El caso de Castañeda es de Ripley: Fue Alcalde de Lima durante 8 años continuos, pero fue incapaz de resolver los problemas  mása acuciantes de la capital, como eran el traslado de La Parada, el caos del transporte y la seguridad ciudadana. Solo sembró cemento, pero la corrupción corroyó su régimen hasta la médula. Sin embargo, hoy parece que los limeños añoran a este alcalde y amenazan con sentarlo nuevamente en el sillón municipal.

Contrariamente, tal parece que  a los peruanos nos caen incómodos y antipáticos los gobernantes o alcaldes que son como los perros del hortelalno: No roban, ni dejan robar. Así  sucedió con el General Velasco, a quien ni sus enemigos más encarnizados pudieron encontrar hecho alguno de corrupción, pues dejó el poder más pobre que cuando lo asumió;  y así está ocurriendo con Susana Villarán, a quien pretenden revocarla por ser honesta y porque en solo dos años de gestión ya logró dos obras importantísimas: La reubicaciòn de los comerciantes de La Parada y el reordenamiento del transporte.

 ¿Somos un pueblo masoquista que repite siempre "más mi rubas. más ti quiro"?

martes, 29 de enero de 2013

DIME QUIÉN PAGÓ LA ENCUESTA, Y TE DIRÉ QUIÉN ES EL FAVORECIDO.

Ernesto Luyo Arias: Universidad Nacional de Ingeniería.

La encuestadoras Apoyo, Datum, CPI, etc, son las mismas que contribuyeron a sostener la dictadura civico-militar Fuji-montesinista, levantando la imagen del dictador japones cada vez que se le descubría alguna fechoría. Después, para los incrédulos los encuestadores aparecieron en los vladivideos siendo bien aceitadas por Vladimiro Montesinos. Durante las recientes campañas electorales NUNCA favorecieron ni le dieron chance alguna, a Villarán ni a Humala. La única encuesta acertada en ambos casos, fue la que realizo por llamadas telefónicas el Canal 11 de Belmont.
Recuerdese la furia de Lourdes Flores cuando nos mando a "meternos al Poto la Alcaldía" al enterarse que su candidatura se iba a pique y el "sabio" consejo de Xavier Barron de comunicarse con Apoyo para arreglar algunos dígitos en la encuesta que se iba a publicar.
Estas mismas encuestadoras, así como los medios de comunicación mafiosos que llegaron a acusara Humala de "criminal", extrañamente ahora han dado un volteretazo, y no saben como defenderlo y ensalzarlo, y efectivamente mensualmente le suben 5% la aprobación al felón y señora, y a este paso terminaran no solo con 110 sino con 200% de aprobación.
La falta escrúpulos y la sobonería bate records en el Perú. y pregutemósnos que ha hecho esta pareja por el pueblo y por cumplir sus promesas electorales, que merezca tanto reconocimiento, la miseria sigue reinando, el costo de los productos de primera necesidad esta por la nubes, la salud abandonada igual que la educación, la delincuencia no deja de aumentar, los contratos entreguistas siguen vigentes y hasta son renovados (Telefónica, Yanacocha, Consorcio Camisea), etc.
Estas encuestadoras y medios de comunicación expertos en el engaño en otro pais ya habrian sido desaparecidos por estafadores, pues solo son los muñecos ventrílocuos de los mafiosos que siguen enriquecíendose con el sudor ajeno.

ENCUESTADORAS AL SERVICIO DE LA CORRUPCIÓN Y MAFIAS POLÍTICAS

Paco Bustamante ·

La creciente popularidad del uso y abuso de estos datos como herramientas de comunicación político-electiva por la narco-corrupción, la prensa prostituida (periódicos y canales de TV) y por los narco-partidos políticos, da lugar a todo tipo de reflexiones sobre el marco regulatorio en el que operan las casas encuestadoras, la interpretación en medios de éstas y la lectura que los analistas hacen de los datos publicados. Por ejemplo, parece que varios medios tienen pocos o nulos conflictos éticos con la compra-venta de encuestas a modo a solicitud de sus clientes: los corruptos. Las encuestadoras y los medios no olvidan que los narco-partidos políticos tienen acceso a una gran cantidad de recursos, parte de los cuales, irónicamente, podrían provenir del ahorro que implica tener tiempos de radio y TV sin costo alguno. De esta manera, en una misma semana, solemos ver encuestas que colocan a la delincuencia revocadora puntera hasta con 20 puntos de ventaja sobre la decencia, mientras otras reducen el margen a un solo dígito. Este comportamiento atípico –por decir lo menos—del panorama de estas herramientas de medición, generan dudas justificadas respecto a su legitimidad como productos que reflejen aproximaciones cercanas a las verdaderas tendencias del votante.

Para los políticos corruptos, la efectividad de un arreglo con una o más casas encuestadoras aliadas sólidamente con medios de comunicación prostituidos, está clara. En este sentido hay dos factores básicos a considerar: los votantes y la maleabilidad de la información.

Respecto del primero, la audiencia más interesada y especializada que entiende estos datos tiene un volumen bastante bajo, mientras que la mayoría del pueblo recibe esta información según el giro que le den los medios prostituidos a las cifras. Esto último se relaciona a que, por otra parte, los datos de las encuestas son de fácil manipulación. Para el grueso de los potenciales votantes, los medios de comunicación desempeñan un papel central en la generación de percepciones entre los ciudadanos. Un mismo dato como un porcentaje de preferencia determinado, comunicado en dos formas distintas -- como por ejemplo “subió x puntos” y, por otro lado, “sigue x puntos abajo” -- conlleva mensajes distintos que omiten otros análisis de fondo. Esto suele dejar al público poco informado a merced de la interpretación de analistas, comentaristas y narradores de noticias.

Sin embargo, ¿cuáles podrían ser los incentivos que tuviera una encuestadora para arriesgar su prestigio y coludirse con uno u otro bando político? Obviamente el dinero sucio del narco-lavado. ¿Qué pasa cuando el resultado final de una elección deja muy mal paradas a las capacidades de monitoreo de tendencias de alguna de estas empresas? La respuesta: ¡nada! Simplemente el encuestador recurre al viejo argumento de que “las encuestas son únicamente una fotografía de un instante dentro de toda una compleja campaña”; con esto sale del ridículo y queda listo para seguir sirviendo a la corrupción y el crimen político organizado, a cambio de más dólares lavados.

Se preguntaran ¿qué tan fácil o difícil es manipular información estadística con el objetivo de moldear la opinión pública en favor de los corruptos? Veamos la secuencia de acciones que generalmente siguen las encuestadoras al servicio de la narco-corrupción y el crimen político: a) Piden un padrón -- con números telefónicos y direcciones-- de agraciados de programas de beneficencia (o como los llaman ahora, de inclusión social) del gobierno (gobierno central, municipal, regional, distrital, etc.) asociado a los partidos políticos que los contratan. b) Con el padrón en mano, juntan al azar 1000 o 1,200 nombres provenientes de municipios afines al partido que les paga. c) Llaman y visitan a esas 1000 o 1,200 personas, haciendo siempre las mismas preguntas "¿conoce usted la propuesta X del partido Y?" y luego "¿Por quién votaría usted?" con esto guían la intención de voto, porque les explican solo una propuesta de un candidato y no mencionan a otros contendientes. d) Del total de encuestas, eliminan, de las estadísticas, a los que no contestaron o contestaron "No sabe". e) Calculan sus porcentajes sobre el total de encuestas que si revelaron intención del voto. Ejemplo, de 100 encuestas sólo 40 dijeron por quién votaría, si suponemos que 20 dijeron que por la revocatoria, en lugar de 20% sobre 100 encuestas, será 50% sobre 40 encuestas. En este ejemplo los 60 indecisos fueron desechados a la basura; y e) Buscan un periódico de circulación nacional y pagan la inserción de la encuesta falseada en primera plana o en una sección importante, para influir en la opinión de la mayor cantidad de gente posible.

Es con la participación de la prensa prostituida que engañan a la población ingenua. Luego los canales de TV corruptos, utilizan a sus comentaristas, para repetir esta patraña mañana, tarde, y noche; unos con más gusto que otros. Resumiendo, no les hagas caso a las encuestadoras peruanas que se mueven dentro de un marco no regulado y hacen con la opinión pública lo que les da la gana o lo que sus narco-clientes políticos y corruptos les pagan para hacer y decir.

martes, 22 de enero de 2013

TELEFONICA SE COMPRA AL PERÚ POR 3,000 MILLONES.

Vergonzoso señor Lévano: este diario se ha sumado a todos los medios de comunicación convertidos en voceros y defensores de esta empresa corrupta e indigna de la hospitalidad del Perú. ¿Qué malavares hizo Telefónica para que ninguno de los diarios  ni canales de TV mencionen siquiera el problema de la millonaria deuda que la empresa se niega a pagar al Estado ? ¿La plata viene sola, señor Director ? Porque no hay ni una sola palabra sobre los 2,000 millones de soles que, según SUNAT,  Telefónica debe al Perú. El gobierno está actuando como aquel dueño de casa que, a pesar de que el inquilino ha destrozado su casa, se ha portado mal con el dueño, no ha cumplido con sus cocmpromisos y le debe una fuerte cantidad por alquileres, y, sin embargo, le renueva el contrato por muchos años más.

¿Qué clase de país es este ? Estamos ante un nuevo caso de condonación de una deuda al Estado de parte de una empresa extranjera corrupta, lo que constituye un grave delito penado severamente por las leyes peruanas. Exactamente como el caso de la International Petroleum Company que tumbó al  segundo gobierno de Belaúnde. ¿Surgirá un Velasco que solucione este problema en menos de 9 días y sin que España pase más allá de las amenazas, como sucedió con el gobierno de Estados Unidos ? Humala y su Ministro Paredes deben saber que la historia se repite. (El ministro de Fomento de Belaúnde, Carriquiry, fue perseguido por este delito de condonaciòn y se refugió en Canadá donde recibió su castigo merecido, pues murió en un accidente). La historia secreta de la Telefónica está por escribirse. . .  Ya veremos qué participación tuvo en este problema el rey de España y las razones de los viajes de Humala a ese país. 

jueves, 17 de enero de 2013

DAKAR: El agravio al Perú del piloto chileno

Los peruanos lo recibieron como a un héroe. Le invitaron cebichito. Le pidieron autógrafos. Se tomaron fotos con él y su poderosa motocicleta KTM 450 que luce el número 129. Miles  de chorrillanos lo vitorearon el pasado 5 de enero cuando le tocó su turno en la partida del Dakar 2013.
Pero el piloto chileno Andrés Simón Cárevic García nos devolvió el favor con un agravio: luciendo el mismo quepí que utilizó la soldadesca chilena que saqueó e incendió Chorrillos la madrugada del 14 de enero de 1881, masacrando a la población luego de pasar por la armas a los peruanos heridos y rendidos tras la batalla de Chorrillos.


Podría ser una inocentada propia de un piloto ignorante en historia.
Pero no es así.
Andrés Simón Cárevic García es paracaidista militar y capitán de infantería del ejército chileno. Nació en Antofagasta el 7 de diciembre de 1979. Cumple sus funciones en la I Brigada Acorazada de Arica “Coraceros”, donde lo conocen como el “capitán rally”. Corre en el Dakar 2013 con los auspicios del ejército chileno y de otras entidades estatales, incluyendo el gobierno regional de Arica. Por si fuera poco, tiene todo el apoyo del diario conservador El Mercurio. De ahí que su motocicleta luciera un camuflaje militar similar al de su traje de piloto. Incluyendo el casco. El mismo casco que -según reglamentos del Dakar- debió lucir durante la partida en Chorrillos, pero que Cárevic no se puso para lucir el quepí que utilizó la infame soldadesca que incendió Chorrillos aquella fatídica madrugada de hace 132 años.
Pese a burlar el reglamento de las partidas en el Dakar, el capitán Cárevic no fue amonestado por los organizadores.
Todo lo contrario, hasta le permitieron lucir una bandera chilena con un apellido inscrito en el blanco de la tricolor.
Cárevic realizó su “travesura” (hasta parece una apuesta) frente al Morro Solar, escenario de la sangrienta batalla de Chorrillos, donde se luce la estatua al soldado desconocido. Y lo hizo frente al estrado donde aplaudía el presidente Ollanta Humala Tasso, representante de la nación peruana y oficial retirado del ejército peruano. No se inmutó ni ante la presencia de un representante del Dakar que parece recriminarlo por no lucir el casco reglamentario.
¿Qué hubiera pasado si un asistente a la inauguración se hubiera percatado de la afrenta y le hubiera lanzado un insulto por lucir el quepí de las tropas que saqueron Chorrillos? ¿Y si lo hubieran abucheado? ¿Y si algún chorrillano presente en la partida se hubiera acercado para arrancarle el quepí inoportuno?


El gesto del capitán Cárevic fue innecesario. Una falta de respeto a los anfitriones, a los soldados peruanos y chilenos muertos en la batalla de Chorrillos y a los civiles masacrados en sus hogares por la soldadesca saqueadora.
El capitán Cárevic debe saber que varios oficiales -como él- del ejército chileno fueron asesinados por sus propias tropas cuando intentaron detener el vandalismo de esa soldadesca que lucía el quepí rojo. Debe saber que los soldados chilenos se mataron entre ellos para repartirse el botín.
Quiero creer que Cárevic es un ignorante más. Tan ignorante como esos peruanos que lo aplaudieron en Chorrillos pese a que lució el bendito quepí.
Cárevic debería leer estas líneas que describen la hecatombe en Chorrillos y escrita por los propios chilenos:
“Las innumerables tiendas del pueblo, agregadas algunas mansiones y casas que poseían bodegas de finos licores, vinos y piscos son asaltadas y desvalijadas, procediendo esa parte de la tropa a beberse lo que encontraban. Ebrios, grupos de estos soldados comienzan a provocar todo tipo de desmanes y desórdenes. Asesinatos, ajusticiamientos, violaciones, robos, asaltos, saqueos y ataques a la escasa población, algunos de los cuales neutrales, comienzan a tornarse en una situación incontrolable, incluso para los propios oficiales chilenos, que intervienen tratando de sofocar el pillaje. Las disposiciones de controlar a la turba de estos soldados borrachos, que incluso se atacaban entre sí por poseer algo de lo desvalijado, se trata de imponer con otras tropas organizadas que dan paso a verdaderos combates en los que caen muertos de ambas partes. Algunos cálculos, ni precisos ni completamente documentados, hablan algo desproporcionadamente de la pérdida de casi 200 hombres (chilenos) en esta trágica jornada que ocupó toda la noche del 13 al 14 de enero. El prestigio de la organización y disciplina del ejército chileno, hasta entonces reconocido por oficiales extranjeros que se habían agregado como observadores, se ve desafiado entre las ruinas de la ciudad devastada no sólo por la batalla, sino además por el vandalismo. La así llamada “soldadesca”, según el léxico empleado en el Perú,  ataca sin misericordia, provocando incluso la muerte de civiles…” (http://laguerradelpacifico1879)
El capitán Cárevic debe saber que la ciudad de Lima se salvó del saqueo y del vandalismo posterior al de Chorrillos gracias a la intervención del almirante Abel Bergasse du Petit Thouars, quien comandaba la armada francesa y que amenazó con hundir a los buques de guerra chilenos anclados frente a Chorrillos y el Callao si se repetían los saqueos en la capital peruana. Así de grave fue el vandalismo de esa soldadesca coronada con el quepí rojo.
Estaremos alertas, capitán Andrés Simón Cárevic García.
La próxima vez que visites Lima no te vamos a aplaudir.


*La partida de Cárevic se puede ver en este vídeo, a partir del minuto 15
http://www.youtube.com/watch?v=FgqOYG4UfDM

EL MILAGRO VENEZOLANO DE CHAVEZ


La “crisis” venezolana, por la salud del presidente Hugo Chávez, es muy peculiar. En octubre, Chávez fue reelegido con un amplio margen de 12% sobre Capriles. En diciembre hubo elecciones regionales: el PSUV y sus aliados ganaron 20 de 23 gobernaciones y 22 de 23 Consejos Legislativos regionales. Las fuerzas de Chávez ganaron abrumadoramente dos elecciones mostrando fuerza, legitimidad y legalidad.

A pesar de ello y de la resolución del Tribunal Electoral sobre su juramentación, hay quienes pretenden una crisis de gobernabilidad y legalidad, no un tema puntual debido a la crisis de salud del presidente. En eso están medios de comunicación mundiales vinculados a la orientación de los EEUU y las fuerzas políticas que –como el fujimorismo, el alanismo y los sectores más derechistas– buscan imponer una vía distinta a la escogida por los venezolanos. Y quieren destruir un proceso que, desde 1998, ha sido un factor dinamizador en los cambios políticos en AL.

¿Acaso los venezolanos no saben votar en las 8 elecciones efectuadas desde 1998? ¿Cuestionan la legitimidad y legalidad del gobierno por la crisis de salud de Chávez? En verdad, buscan golpear un régimen que ha colocado el tema de la soberanía nacional de Venezuela, la unidad de AL (Unasur, Celac, el Banco del Sur, etc.), y el tema de la justicia social y de la redistribución de la riqueza para mejorar la calidad de vida de los venezolanos, en el centro de su propuesta. Ello, más allá del estilo personal de Chávez con el que se puede no simpatizar.

Según Gallup (2010), Venezuela empata con Finlandia en el 5º lugar de los países donde la población está más feliz. ¿Por qué? Aquí algunas razones: la pobreza cayó de 71% en 1996 a 21% el 2010; la extrema bajó de 40% a 7%. La desigualdad se redujo 54% (la menor en AL). Las pensiones de jubilación aumentaron de 387.000 a 2.100.000.

En educación, 1 de cada 3 venezolanos (de toda edad) está en un programa. 72% de infantes va a guarderías y 85% de niños en edad escolar a la escuela. En el Perú 62% va a inicial (solo 43% en sectores pobres). Venezuela está en segundo lugar en AL y en el quinto mundial en estudiantes universitarios.

En el 98, el 21% de la población era desnutrida; hoy el 5%. En el Perú, el 2010 teníamos 17,9% de desnutrición y 31,3% en área rural. 5 millones de venezolanos reciben comida gratis: 4 millones en las escuelas y 6.000 comedores alimentan a 900.000 personas. La mortalidad infantil bajó de 25 por 1.000 (1990) a 13 por 1.000 (2010) mientras en Perú es 18 por mil. 96% de la población tiene agua potable. Si en 1998 había 18 médicos por cada 10.000 habitantes, hoy son 58 por cada 10.000: la salud pública tiene 95.000 médicos y se han construido 13.721 clínicas frente a 5.081 existentes. Tienen la mayor cantidad de unidades de cuidados intensivos en AL. El Programa Barrio Adentro (con ayuda cubana) y 7.000 clínicas han ofrecido 500 millones de consultas y han salvado 1,4 millones de vidas; el 2011, 67.000 venezolanos recibieron medicamentos gratuitos de alto costo para tratar 139 patologías como el cáncer, la hepatitis, la osteoporosis, la esquizofrenia, entre otras. Hay 34 centros estatales de tratamiento de adicciones. Farmacias estatales venden medicamentos subsidiados. 1,5 millones han recuperado la visión por tratamiento oftalmológico.
El 2011, las lluvias dejaron sin hogar a 100.000 personas. En 18 meses el gobierno construyó 250.000 viviendas. Comparemos con Pisco, Chincha e Ica.

La economía venezolana tiene una baja deuda y grandes reservas y ahorros. La reserva petrolera de Venezuela (500 millones de barriles de petróleo) es la más grande del mundo y ha permitido construir una infraestructura industrial y agrícola antes olvidada. La economía ha crecido 47,4% en diez años, es decir, un 4,3% anual con redistribución social, a diferencia del Perú. El ingreso per cápita en Perú es de $ 8,389 dólares; el venezolano es $ 13,070. Venezuela está en el puesto 61 del Índice de Desarrollo Humano mundial, mientras Perú está en el 81 con índices por debajo del promedio de AL.

Y no mencioné la participación de la población en las decisiones políticas y presupuestales vía 30.000 Consejos Comunales y mecanismos participativos, cuyo empoderamiento es un freno al afán de promover la crisis en Venezuela. (Fuente de data usada en art.: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5566)