Por Humberto Campodónico
En el 2009, el consorcio petrolero norteamericano-israelí Noble-Delev descubrió gas natural en Israel, en el Mediterráneo Oriental. Primero se dijo que las reservas eran 6 billones de pies cúbicos (bpc; tcf, en inglés), pero ahora se estiman en 8.4 bpc (como Camisea). Noble ha dicho que el total podría llegar a 30 bpc, lo que duplica las reservas del Reino Unido.
En Israel, país que consume 320,000 barriles diarios de petróleo (el 95% importados) la noticia fue calificada de “excelente”, pues le permitirá avanzar al autoabastecimiento energético, sustituirá una buena parte del consumo de petróleo y permitirá generar energía eléctrica a precios competitivos.
En el 2010, el Ministro de Finanzas Yuval Steinitz designó una comisión presidida por Eytan Sheshinski, de la Universidad Hebrea, para que examine la política fiscal de regalías e impuestos de los recursos naturales y proponga mejoras a la actual Ley de Petróleo. Después de una revisión de diferentes modelos de contratos y tributación petrolera en diferentes partes del mundo, la comisión presentó su propuesta.
Dice la Comisión Sheshinski que el nivel actual de ingresos gubernamentales es de solo 27% del total, uno de los más bajos del mundo, por lo cual debe elevarse. Propone que la regalía actual de 12.5% se mantenga igual, pero se suprime el “factor agotamiento” de reservas (que se trata como un costo de la empresa y reduce el impuesto a la renta).
Además, la Comisión propone cambios en el impuesto a la renta (IR, que actualmente es de 25%). El primero es que el IR se cobre de acuerdo a la producción de cada pozo (y no sobre los ingresos totales de la empresa), porque eso les permitía una serie de deducciones que disminuían la tributación total.
El segundo es que el total de tributación se va a elevar al 66% en toda la vida del proyecto, nivel al cual se llegará mediante la aplicación de una nueva escala impositiva variable que va del 20 al 60%. Hasta que la recuperación de la inversión llegue al 50%, la tasa del IR será de 20%. El IR va subiendo poco a poco hasta el máximo de 60%, que se cobra cuando la empresa haya recuperado el 150% de su inversión inicial, lo que garantiza una adecuada rentabilidad.
Además, que estos cambios legales se aplicarán a los contratos vigentes, lo que incluye a Noble-Delev. Como era de esperarse, el consorcio se ha quejado en todos los tonos y afirma que peleará para que no se aprueben en el Congreso en diciembre. Pero Steinitz ha dicho que los israelíes no pueden ser menos que los noruegos, holandeses y norteamericanos: “deben beneficiarse de sus recursos naturales, de acuerdo a los criterios normales del mundo desarrollado” (Jerusalem Post, 9/11/2010).
Como se aprecia, se plantea que el Estado capture una mayor renta de los recursos naturales. Agreguemos que el gobierno de Netanyahu es un gobierno de ultraderecha por lo que de ninguna manera podría ser calificado de “antisistema”.
Pero eso no sucede en el Perú donde los defensores nacionales de los intereses de las empresas mineras se oponen a cualquier tipo de impuesto a las sobreganancias, no solo de las empresas que ya están explotando el recurso, sino de los cambios que se deben introducir a nuestras leyes para modernizarlas (como hace Israel) y aplicarlas en los nuevos contratos. Tienen el cuajo, además, de decir que es inmoral impedir que estas empresas se sigan llevando las sobreganancias a manos llenas.
La cuestión de fondo es que el Estado también debe beneficiarse de esas sobreganancias (que no tienen su origen en inversiones empresariales, sino en el alza extraordinaria de precios) para aumentar la recaudación tributaria e invertir en salud, educación e infraestructura, lo que mejora la competitividad. Juzguen los lectores –a partir de las experiencias de otros países como Chile, Reino Unido e Israel- donde está la inmoralidad.
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