Por Rodrigo Montoya
Una cuestión previa clave es desenmascarar a la derecha que repite todas las tardes: “la izquierda quiere que no haya inversión extranjera en el país y que no se exploten los recursos nacionales”. Esa es simplemente una mentira muy grande. El problema de fondo es quién se lleva la mayor parte de la torta y por qué. Cuando Evo Morales ganó las elecciones en Bolivia aceptó el encargo que le dieron sus votantes, particularmente en El Alto, de nacionalizar el petróleo y el gas. Evo creía que la proporción justa en el reparto entre el Estado y las empresas multinacionales debería ser 50 y 50%. (Tal vez los apristas recuerden aún que Haya hablaba de la misma proporción pero en inglés, “fifty fifty”). Los electores dijeron no y le dieron la orden para que Evo mande obedeciendo e invierta la proporción hasta ese momento existente: el Estado recibiría el 82% que las empresas se llevaban y éstas recibirían sólo el 18% que antes correspondía al Estado. La derecha peruana anunció que con esa política las empresas se irían de Bolivia y el país quedaría en el desastre. Las empresas no se fueron, siguen ganando y la economía Boliviana goza desde entonces de mejor salud que antes.
Si queremos un gobierno de izquierda, quien pretenda dirigirlo debe prometer dos cosas fundamentales: renegociar los contratos y cambiar las proporciones de distribución de las ganancias: 80% para el estado peruano y 20 para las empresas multinacionales. La proporción es justa y el viejo “fifty fifty” no tiene sentido. Si tomamos en cuenta la doble contabilidad de las empresas, hoy día ocurre probablemente lo inverso y por eso el gobierno de García es de derecha pura y dura. El ejemplo de la escandalosa ganancia de las empresas mineras es un ejemplo cabal. Un cambio en las proporciones no produciría terremoto alguno, disminuiría la ganancia de las empresas y el Estado tendría más recursos para programas sociales en serio y sin corrupción.
Para que una nueva distribución de beneficios sea posible sería importante que el país recupere parte de su dignidad perdida anulando el artículo 63 de la Constitución vigente que le da al capital extranjero el mismo tratamiento que al capital nacional, cambiando los contratos con las empresas multinacionales y dejando sin efecto los blindajes impuestos por el consenso de Washington y la servidumbre de Fujimori y sus aliados.
Si estamos de lado de la proporción 80-20 en beneficio del Estado, nuestra propuesta sería de izquierda. Si aceptamos la proporción actual de 80-20 en beneficio de las empresas, la propuesta es de derecha. Si se habla de soberanía en el aire sin precisar proporciones, cuidado: el discurso puede parecer de izquierda, pero sólo eso.
Una cuestión previa clave es desenmascarar a la derecha que repite todas las tardes: “la izquierda quiere que no haya inversión extranjera en el país y que no se exploten los recursos nacionales”. Esa es simplemente una mentira muy grande. El problema de fondo es quién se lleva la mayor parte de la torta y por qué. Cuando Evo Morales ganó las elecciones en Bolivia aceptó el encargo que le dieron sus votantes, particularmente en El Alto, de nacionalizar el petróleo y el gas. Evo creía que la proporción justa en el reparto entre el Estado y las empresas multinacionales debería ser 50 y 50%. (Tal vez los apristas recuerden aún que Haya hablaba de la misma proporción pero en inglés, “fifty fifty”). Los electores dijeron no y le dieron la orden para que Evo mande obedeciendo e invierta la proporción hasta ese momento existente: el Estado recibiría el 82% que las empresas se llevaban y éstas recibirían sólo el 18% que antes correspondía al Estado. La derecha peruana anunció que con esa política las empresas se irían de Bolivia y el país quedaría en el desastre. Las empresas no se fueron, siguen ganando y la economía Boliviana goza desde entonces de mejor salud que antes.
Si queremos un gobierno de izquierda, quien pretenda dirigirlo debe prometer dos cosas fundamentales: renegociar los contratos y cambiar las proporciones de distribución de las ganancias: 80% para el estado peruano y 20 para las empresas multinacionales. La proporción es justa y el viejo “fifty fifty” no tiene sentido. Si tomamos en cuenta la doble contabilidad de las empresas, hoy día ocurre probablemente lo inverso y por eso el gobierno de García es de derecha pura y dura. El ejemplo de la escandalosa ganancia de las empresas mineras es un ejemplo cabal. Un cambio en las proporciones no produciría terremoto alguno, disminuiría la ganancia de las empresas y el Estado tendría más recursos para programas sociales en serio y sin corrupción.
Para que una nueva distribución de beneficios sea posible sería importante que el país recupere parte de su dignidad perdida anulando el artículo 63 de la Constitución vigente que le da al capital extranjero el mismo tratamiento que al capital nacional, cambiando los contratos con las empresas multinacionales y dejando sin efecto los blindajes impuestos por el consenso de Washington y la servidumbre de Fujimori y sus aliados.
Si estamos de lado de la proporción 80-20 en beneficio del Estado, nuestra propuesta sería de izquierda. Si aceptamos la proporción actual de 80-20 en beneficio de las empresas, la propuesta es de derecha. Si se habla de soberanía en el aire sin precisar proporciones, cuidado: el discurso puede parecer de izquierda, pero sólo eso.
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