BARRETO: EL JUEZ PRO-CORRUPCION

Por Raúl Wiener

Cumpliendo órdenes del Gobierno, el juez Barreto ha negado la validez de los petroaudios con el argumento de que fueron obtenidos por medios ilícitos. Entonces: ¿por qué abrió proceso y ordenó la detención de Rómulo León, el arresto domiciliario de Alberto Químper y la comparecencia de Fortunato Canaán (en una gradación arbitraria y sin sentido de los principales responsables), si los audios no debían tomarse en cuenta? ¿A título de qué, si no era por los audios, se permitió requisar los CPU de los implicados y luego seleccionó lo que le pareció importante con la única compañía del abogado de León? ¿Cómo podía interrogar a los mencionados por los audios, si no había “escuchado oficialmente” las grabaciones? ¿Cree Barreto que todo el país es una manga de zonzos como suele decir su presidente?
Es el caso de un ladrón que roba unas cartas donde están los detalles de un crimen. ¿Podría la policía, el fiscal o el juez, decir que la prueba no vale porque viene de un delincuente que la obtuvo de mala manera?

Por lo que deberá responder Barreto

Cuando haya que responder por lo que pasó en este caso emblemático del segundo gobierno aprista, sin duda que Barreto deberá responder por graves delitos: (a) retrasar la investigación con el cuento de falta de peritos para revisar los mails; (b) no revocar la detención domiciliaria de don Bieto, cuando se descubrió que la usaba para darse la gran vida; (c) intentar colocar en igual situación de semilibertad a Rómulo León, en lo que debió retroceder por el escándalo de opinión pública; (c) permitir al jefe directo de la mafia burlarse de la justicia, al venir unos días a Lima, logrando que le retiren todas las restricciones, para poder volver a su mansión en República Dominicana, donde se encuentra actualmente; (d) no citar a Jorge del Castillo y demás ex ministros y funcionarios del gobierno comprometidos en el caso; (e) hacer oídos sordos a los petroaudios y seleccionar maliciosamente los mails y documentos incriminadores. Todo un juez pro-corrupción.