Nicolás Lynch
Ha entrado bien Ollanta Humala planteando que se debe prohibir la propaganda política pagada en la televisión durante los procesos electorales, como ya sucede en México, Brasil y Chile. El tema apunta al núcleo de la precariedad de esta democracia que no es solo de ciudadanos socialmente desiguales, sino, y esto es lo grave, también de ciudadanos políticamente desiguales.
La democracia es un sistema donde la igualdad política contiene la promesa de ir cambiando la desigualdad en otras esferas, pero si la promesa no existe la democracia queda vacía.
¿Qué significa que pueda comprarse propaganda política durante los procesos electorales en la televisión? Pues que existen superelectores, me refiero a los intereses que financian a los partidos que compran, cuyo voto no vale uno, como el de cualquier ciudadano, sino cientos, miles o millones de votos, con lo cual el principio elemental de un ciudadano un voto queda desnaturalizado.
Si en razón de esta trampa los ciudadanos no pueden ejercer su influencia por la vía del voto en las mismas condiciones resulta lógico que recurran a la movilización social para plantear sus reclamos. De allí, que no tenga legitimidad la criminalización de la protesta a la que han estado abocados los gobiernos elegidos y que la movilización no haga sino expresar la desigualdad política existente.
No es curioso que, salvo Augusto Álvarez, la propuesta de Humala haya sido recibida con rasgamiento de vestiduras en aras de la libertad de expresión. Una de las vigas maestras del continuismo neoliberal ha sido el control casi absoluto de los grandes medios de comunicación, que tiene entre sus puntales la propaganda pagada en la televisión durante las elecciones. Lo que sí llama la atención es que no hayan otros políticos recogido la propuesta, aunque fuera por razones pragmáticas, ya que la prohibición de la propaganda televisiva ahorraría aproximadamente el 80% del costo de las campañas y abarataría tremendamente la actividad política, además de acercarla a los que menos tienen.
Sin embargo, esta hipocresía no hace sino revelar el temor que tienen algunos a dejar de ser superelectores y pasar a tener un peso específico similar al de cualquier ciudadano. Aunque no se aprobara la medida que comentamos su sola mención es ya un paso adelante en la democracia peruana.
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