Alberto Adrianzén M.
El jueves pasado el diario El Comercio publicó un editorial titulado “Contra peligrosas iniciativas” (también Sinesio López ha escrito sobre el mismo tema el día de ayer). Con ello dio inicio a una polémica necesaria respecto al papel de los medios audiovisuales (radio y televisión) en las campañas electorales. En realidad, ninguna de las propuestas que se vienen planteando propone regular los medios de comunicación en abstracto sino más bien definir su rol en los procesos electorales. Por lo tanto, lo primero que hay que despejar es que nadie (incluyo a Ollanta Humala) está, como dice el decano, por “atentar contra la autonomía y libertad de prensa de los medios de comunicación, principalmente los televisivos” y menos por una política mediática “que tiene un tufillo típicamente autoritario y chavista”. Tampoco por ayudar o sumarse al juego del prófugo, liberado por este gobierno, José Enrique Crousillat.
La pregunta, en este contexto, es muy simple: qué estamos debatiendo. Y la respuesta es igualmente simple: modificar la ley orgánica de elecciones y la de partidos, y adoptar una de las propuestas de la legislación electoral mexicana, o chilena o brasileña (ninguno de estos países es chavista), que consiste en prohibir la propaganda de partidos y de candidatos en medios audiovisuales privados durante el proceso electoral, para así darle más peso a la franja electoral como principal soporte de la competencia democrática. En esta medida no están ni pueden estar contemplados los medios escritos, como El Comercio u otros, por una sencilla razón: estos medios no emplean recursos públicos como sí sucede con los audiovisuales. En ese sentido la legislación que existe en esos países, y que muchos quisiéramos para el Perú, apunta a lograr un proceso electoral más equitativo entre todos los participantes, impidiendo que sea el dinero el que defina la cantidad de propaganda y por quién se debe votar.
En realidad, es un mecanismo de protección de la democracia ya que busca limitar la influencia de los lobbies, de los grandes grupos económicos y hasta del narcotráfico en la elección de los candidatos. Dicho en otras palabras, evitar que los partidos y/o candidatos elegidos terminen como “representantes” de sus donantes y no de sus electores, y, también, impedir que sean los sectores con dinero los que impongan a sus candidatos. Todo lo contrario a lo que hoy sucede en EEUU luego de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en enero de este año que da carta blanca a las grandes corporaciones en los procesos electorales y que el propio presidente Obama ha calificado como un golpe a la democracia.
También este cambio de legislación busca limitar el poder de los medios audiovisuales en los procesos electorales que muchas veces resulta decisivo. Todos sabemos que algunos medios, no todos obviamente, tienen candidatos preferidos, los cuales son “ayudados” ya sea “regalándoles” publicidad o estableciendo con ellos relaciones preferenciales y distintas respecto a los otros candidatos. Ello introduce una inequidad en el proceso electoral ya que no todos los candidatos tienen recursos similares. Los que compiten no son iguales. Finalmente, una legislación de ese tipo evitaría situaciones grotescas como las que se vivieron en el fujimorismo cuando los medios audiovisuales (léase canales de televisión) adictos a la dictadura se negaron a pasar propaganda electoral de la oposición argumentando, curiosamente, que lo hacían en nombre de la libertad de prensa.
Por eso creo que El Comercio se equivoca en sus argumentos o simplemente no ha entendido la propuesta. La otra posibilidad es que estemos frente a la defensa no de la democracia sino más bien de las ganancias de la empresa y de su poder político. Y eso, sinceramente, nada tiene que ver con la libertad de expresión y menos con la democracia.
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