Por Humberto Campodónico
Cuando a principios del 2004 el gobierno argentino se dio cuenta de que no había reservas de gas suficientes para, a la vez, satisfacer su demanda interna y exportar a Chile, restringió las exportaciones porque el mandato fundamental para el cual había sido elegido era abastecer de energía a su pueblo.
Los contratos vigentes en ambos lados no eran entre empresas estatales sino entre privados. Como era de esperarse, el gobierno chileno protestó de manera enérgica, argumentando que los contratos debían cumplirse. Agregó que la inversión en los cuatro gasoductos trasandinos era US$ 2,000 millones, a lo que debía sumarse la inversión en centrales eléctricas a gas y la realizada por empresas industriales.
Pero el gobierno argentino se mantuvo firme y las empresas privadas tuvieron que acatar. De su lado, el gobierno chileno sacó las lecciones y se planteó como objetivo central la seguridad en el suministro, para lo cual construirían una Planta de Regasificación de gas, que vendría de cualquier parte del mundo. El Terminal de Quintero se inauguró el año pasado y hoy Chile tiene gas seguro, aunque más caro: le cuesta US$ 10 por millón de BTU.
En el Perú no sucede lo mismo, pues los gobiernos, tanto el de Toledo como el actual, defienden los intereses empresariales extranjeros pasando por encima de la población peruana. Para defender los intereses nacionales lo único que el gobierno tendría que hacer es respetar la estabilidad jurídica del contrato firmado en diciembre del 2000 entre el Consorcio Camisea y el gobierno peruano.
Pero del 2003 al 2005 se cambiaron las leyes en el Congreso y el Ejecutivo autorizó a Perupetro, con el DS 050-2005, a que renegocie el contrato del Lote 88 con el Consorcio Camisea, lo que se plasmó en el DS-006-2006 de enero del 2006. Un mes después, en febrero del 2006 el consorcio exportador Peru-LNG firmó los contratos de exportación del gas del Lote 56 y, también, del Lote 88, con el Consorcio Camisea. Esta renegociación del Lote 88 fue denunciada por Alan García el 28 de julio pasado: “Lo que sí deberán investigar el Ministerio Público y el Poder Judicial es por qué antes, sacrificando y entregando el mercado nacional, se cambiaron las leyes con normas de menor jerarquía, lo que constituye un delito”. Debido a ello, hubo una denuncia constitucional contra el Presidente Toledo y su Ministro de Energía.
Si este gobierno hubiera actuado de manera responsable, se debiera haber denunciado la renegociación del 2006 porque se basó en normas “que constituyen un delito”, motivo por el cual el gobierno se comprometía a respetar el contrato del 2000. Pero no se hizo nada y hoy los consumidores nacionales tienen que sufrir el racionamiento mientras Peru-LNG se prepara a exportar a México el gas de Camisea.
Dice el gobierno que sí existen las reservas suficientes porque hay más gas en el Lote 57 de Repsol. Pero eso es desviar la atención porque hasta el momento en que esas reservas se desarrollen –lo que va a durar por lo menos 5 años porque se tiene que construir un nuevo gasoducto– la industria y el sur peruano van a tener que esperar. ¿Y por qué no espera México? Además, cualquier gas que provenga de Lotes distintos al 88 y 56 (los “regalos de Dios” que nos dejó gratis la Shell) será mucho más caro.
Ya en el 2009, cuando se hace evidente que no se puede exportar el gas del Lote 56 por el gasoducto de TGP –como lo dijo el estudio Payet, Rey y Cauvi–, de inmediato el Ministro de Energía sale a defender la exportación con argumentos de otro estudio de abogados (sic) que dicen que sí se puede transportar el gas del Lote 56. Ya, pues.
Resumiendo, ahora el gobierno aprista va a cargar con la responsabilidad política de exportar el gas (algo que antes le achacaban a Toledo), dejando de lado su mandato fundamental: abastecer de energía a su pueblo, que ahora va a tener que seguir comprando petróleo caro importado. ¿No les parece que ha llegado la hora de decir, basta, que se debe gobernar para el Perú?
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