Teresa Tovar Samanez
La Ley de Desarrollo Docente está en camino. Los argumentos para defender la anterior que no dio frutos ya están desfasados. Luego de un debate serio y amplio, podremos tener una nueva Ley para la carrera magisterial, pero queremos también tener maestros reconocidos que se sientan parte del cambio educativo.
Esto exige en primer lugar rechazar tajantemente los comentarios ofensivos de los maestros que los trataron de burros y flojos (Correo), así como antes los tildaron de comechados (Alan y Chang). Otros no los insultaron pero se escandalizaron de que se les dé un aumento salarial “a cambio de nada”, olvidando que el país tiene una enorme deuda histórica con ellos que apenas podría empezar a pagarse con un aumento flat que los saque del nivel de sobrevivencia al que han sido sometidos.
La actual propuesta otorga un aumento general al mismo tiempo que coloca a los docentes dentro de la carrera magisterial, estimulándolos a mejorar, pero desde un mejor pie o punto de partida, pues actualmente con 1,200 soles promedio de sueldo, la mayor parte de maestros tiene dos o tres trabajos y muy poco tiempo para estudiar para un examen fundamentalmente cognitivo que amenazaba con dejarlos fuera de la carrera. No es, pues, “a cambio de nada”, es a cambio de tratar al docente como profesional en lugar de como miserable.
Ya no se trata del insulto sino del vilipendio que desde las clases altas considera que un maestro debe darse por bien servido con 1,200 soles y es posible amenazarlo con sacarlo fuera de la carrera si no “rinde” con ese sueldo ínfimo que es uno de los más bajos de América Latina (476 dólares vs 1,280 en Colombia, 1,196 en Chile u 934 en Argentina).
Otros van más allá y culpan a los docentes de todos los males de la Educación, dejando de lado asuntos elementales como por ejemplo que el Perú invierte solo 500 dólares por año por estudiante, 20 veces menos que Brasil, México o Colombia, o pasando por alto que el DS 882 posibilitó que surgieran cientos de Institutos Pedagógicos privados tipo chifa al paso que estafaron a muchos docentes, que hoy sufren los efectos de una deficiente formación. Hay también, pues, una deuda pública de formación profesional con ellos que está pendiente y que debe formar parte de la “inversión” actual en Educación.
No se trata de idealizar a los docentes, a los cuales hay que exigirles un desempeño profesional y ético a la par que otorgarles condiciones de trabajo dignas. Es preciso censurar drásticamente a aquellos docentes abusadores, terroristas y corruptos; diferenciándolos de la gran mayoría de maestros, a los que el país debe darles oportunidad de capacitarse, mejorar y cubrir el desfase profesional al que han sido sometidos ocasionado por la postergación de la Educación en nuestras prioridades de política.
Nuestros niños necesitan no solo buenos docentes, sino maestros motivados y satisfechos. Los maestros deben ser convocados, no arrinconados, y formar parte del diálogo que hoy se abre para mejorar la Educación. Está en juego la relación del cambio educativo con el magisterio, la misma que ha sido ausente o equívoca en reformas anteriores.
La actual propuesta otorga un aumento general al mismo tiempo que coloca a los docentes dentro de la carrera magisterial, estimulándolos a mejorar, pero desde un mejor pie o punto de partida, pues actualmente con 1,200 soles promedio de sueldo, la mayor parte de maestros tiene dos o tres trabajos y muy poco tiempo para estudiar para un examen fundamentalmente cognitivo que amenazaba con dejarlos fuera de la carrera. No es, pues, “a cambio de nada”, es a cambio de tratar al docente como profesional en lugar de como miserable.
Ya no se trata del insulto sino del vilipendio que desde las clases altas considera que un maestro debe darse por bien servido con 1,200 soles y es posible amenazarlo con sacarlo fuera de la carrera si no “rinde” con ese sueldo ínfimo que es uno de los más bajos de América Latina (476 dólares vs 1,280 en Colombia, 1,196 en Chile u 934 en Argentina).
Otros van más allá y culpan a los docentes de todos los males de la Educación, dejando de lado asuntos elementales como por ejemplo que el Perú invierte solo 500 dólares por año por estudiante, 20 veces menos que Brasil, México o Colombia, o pasando por alto que el DS 882 posibilitó que surgieran cientos de Institutos Pedagógicos privados tipo chifa al paso que estafaron a muchos docentes, que hoy sufren los efectos de una deficiente formación. Hay también, pues, una deuda pública de formación profesional con ellos que está pendiente y que debe formar parte de la “inversión” actual en Educación.
No se trata de idealizar a los docentes, a los cuales hay que exigirles un desempeño profesional y ético a la par que otorgarles condiciones de trabajo dignas. Es preciso censurar drásticamente a aquellos docentes abusadores, terroristas y corruptos; diferenciándolos de la gran mayoría de maestros, a los que el país debe darles oportunidad de capacitarse, mejorar y cubrir el desfase profesional al que han sido sometidos ocasionado por la postergación de la Educación en nuestras prioridades de política.
Nuestros niños necesitan no solo buenos docentes, sino maestros motivados y satisfechos. Los maestros deben ser convocados, no arrinconados, y formar parte del diálogo que hoy se abre para mejorar la Educación. Está en juego la relación del cambio educativo con el magisterio, la misma que ha sido ausente o equívoca en reformas anteriores.
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