sábado, 20 de septiembre de 2014

ALAN GARCÍA: NO SOLO DOCTOR BAMBA, TAMBIÉN MAGISTER BAMBA


Por Ramiro Angulo

Según refiere UNA fuente de confianza Chang ordenó tramitar maestría de Economía del expresidente a pesar de que nunca cumplió con las exigencias estipuladas por la Universidad San Martín de Porres. 

Nuevas revelaciones sobre la presunta maestría de García

Una fuente, que trabajó en la Facultad de Ciencias Contables Económicas y Financieras (FCCEF) de la Universidad de San Martín de Porres (USMP), dijo a Diario UNO que el grado de magíster en Economía que el expresidente Alan García recibió de esta casa de estudios carece de validez porque éste nunca asistió a clases de manera regular.

Reveló que José Antonio Chang, rector de esta universidad, le solicitó al actual decano de la referida facultad, Domingo Sáenz Yaya, otorgar el grado de magíster en Economía al expresidente pese a que éste no cumplía con los procedimientos académicos y administrativos exigidos por ley para obtener el grado en mención.

Manifestó que el planteamiento administrativo propuesto para emitir la resolución con el grado de magíster para García fue la de utilizar los documentos que éste había obtenido en otra universidad para hacer una convalidación de cursos y emitir el título infringiendo así los estatutos y el reglamento de esta casa de estudios.

Señaló que en la época (inicios del 2003) en que tuvo conocimiento de la información que ahora revela, Sáenz Yaya, ocupaba el cargo de director de la Escuela Profesional de Economía de la FCCEF y que en ese entonces el decano de la Facultad era Juan Amadeo Alva Gómez, tal y como consta en la información sobre los antecedentes históricos de la propia página web de la USMP.

“Se resolvió aprobar por unanimidad la fusión de la Facultad de Ciencias Financieras y Contables y la Facultad de Ciencias Económicas, la misma que a partir de la fecha se denomina: Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras, integrada por las siguientes Escuelas Profesionales: Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas y Escuela Profesional de Economía”.

“Encargando, según Resolución Rectoral N° 781-2002-CU-R-USMP de fecha 17 de julio del 2002, el Decanato de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras al doctor Juan Amadeo Alva Gómez, hasta la elección de los órganos de gobierno de la Facultad y la correspondiente elección del Decano titular”.

Actualmente Alva Gómez es director de la Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas de la FCCEF.
Los cuestionamientos y dudas sobre la legitimidad del título de magíster en Economía de García crecieron luego de las reacciones que generó su tuit del martes 22 de julio admitiendo que no poseía el grado de doctor con el que el Instituto de Gobierno y de Gestión Pública (IGGP), que éste dirige, lo publicitaba.

Según han denunciado diversos analistas políticos y parlamentarios el otorgamiento del título de magíster parece más una ayuda de Chang para que García pueda dirigir el IGGP, ya que en el año en que habría empezado a estudiar la maestría (2001) lo designaron director del Instituto en mención. Hecho que genera dudas sobre la legitimidad de la maestría en cuestión ya que en el año 2001 García se encontraba en plena campaña electoral tentando la Presidencia de la República para el periodo 2001-2006.

Si en el año 2001 García se encontraba en plena campaña electoral tentando la P residencia de la República para el periodo 2001-2006 ¿habría tenido el tiempo para dedicarse a estudiar un posgrado en economía? ¿Si en el año 2001 fue designado como director del IGGP podría haber firmado títulos con el grado de magíster sin contar con uno?

Según la Ley Universitaria un director de instituto que ofrece maestrías debe poseer el mismo grado académico para poder otorgarlo y al momento de la creación de dicha institución García aún no poseía el grado.

Si el expresidente cumplió con el reglamento y los estatutos de la USMP para obtener el grado de magíster, las autoridades de esta casa de estudios deberían contar con un expediente del exmandatario en donde estén cada uno de los documentos que acrediten que éste sí asistió a clases de manera regular y cumplió con todos los procedimientos administrativos y académicos establecidos.

¿CUMPLIÓ LOS REQUISITOS?

Si consideramos el comunicado que la USMP emitió el martes 22 de julio señalando que el expresidente obtuvo el grado de magíster en el año 2003, García debió haber estudiado la maestría los dos años anteriores a la obtención del título, es decir, durante los semestres académicos de marzo a julio y de agosto a diciembre de los años 2001 y 2002.
Si fuese así la universidad debería tener un expediente que contenga las constancias de matrícula, las actas que registren la asistencia a clases, un certificado de notas de los cuatro ciclos académicos estudiados y una ficha de inscripción en el Programa de Preparación y Presentación de tesis concluida para optar por el grado de maestro.

También debería tener un acta en la que conste la designación de un asesor metodológico y temático, la designación de los jurados dictaminadores, la fecha y hora en la que García sustentó la tesis, la calificación de ésta, la solicitud del grado académico de maestro de parte del egresado, seis ejemplares anillados de la tesis y un CD con la tesis en versión virtual.

Parte de la información en mención debería estar en la Oficina de Grados y Títulos a cargo de Víctor Loret de Mola Cobarrubias, en la Oficina del secretario general y director de la Sección de Posgrado, Augusto Blanco Falcón o en la Oficina de Registros Académicos que está a cargo de Belinda Quicaño Macedo, todas estas dependencias de la FCCEF.

Según información de la página web de la USMP la primera de estas oficinas se encarga entre otras cosas de “canalizar el proceso de Graduación y Titulación de los egresados de la Facultad”, la segunda se encarga de “certificar los actos académicos de los estudiantes de pregrado, posgrado y egresados de la facultad” y la última de “dar curso a diversos trámites que solicitan los alumnos como emisión de Certificados de Estudios y constancias diversas”.

Luego de que el 22 de julio García confirmara vía twitter no tener el grado académico de doctor la repercusión mediática del tema fue grande lo cual, según nuestra fuente, hizo que el expediente del exmandatario desaparezca de las oficinas de la FCCEF. Según refiere, el archivo de García ahora se encuentra en la oficina del rector José Chang, quien fue ministro de Educación y expremier durante el último gobierno aprista.

¿DÓNDE ESTÁ LA TESIS?

Ni en el link de búsqueda en línea del Sistema de Bibliotecas de la USMP, en donde deberían estar catalogados los autores de libros que tiene esta casa de estudios, ni en el link Cybertesis aparece el nombre del trabajo de tesis del expresidente cuando uno ingresa su nombre completo. El resultado es el siguiente: “la búsqueda no ha producido resultados”.

El link Cybertesis conduce a una página que lleva como título “Repositorio académico – USMP” y en ésta se puede leer que se trata de un “portal para la publicación, difusión y conservación de tesis de pregrado y posgrado generadas por la USMP en texto completo a través de un sistema de información en formato digital”, pese a esta información la biblioteca central de esta casa de estudios no tiene registrado el trabajo en cuestión.

En el link de búsqueda en línea aparecen 35 referencias al nombre del expresidente García. Entre los libros de su autoría que figuran están, “Pida la palabra: por la libertad, la plenitud y el éxito”, “El mundo de Maquiavelo: drama y comedia de una dictadura” entre otros, pero ninguno de ellos es su tesis de maestría.

¿QUÉ HACÍA EN EL 2001?

García habría podido cumplir con todos los procedimientos académicos y administrativos para obtener el grado de magíster y culminar adecuadamente el proceso para la obtención del grado de maestro, pero, como ya lo preguntamos, ¿cómo podría haberlo hecho si en el año 2001, cuando supuestamente estudiaba, éste se encontraba en plena campaña electoral tentando la Presidencia para el período 2001-2006?

¿Cómo pudo haber tenido el tiempo para cumplir con las exigencias académicas y obtener el grado en cuestión en el año 2003 tal y como lo señaló el comunicado de la USMP el último 22 de julio?

MÁS CUESTIONAMIENTOS
Otro de los cuestionamientos que pesan sobre la legitimidad del título obtenido por García es que éste no incluyó la mencionada maestría en la declaración jurada que hizo ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cuando fue candidato presidencial en el año 2006, y solo incluyó los estudios de derecho que hizo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y los cursos que siguió en la década de 1970 en París y Madrid.

Lo curioso es que la maestría en Economía Comercio y Finanzas Internacionales sí está registrada en la página web de la extinta Asamblea Nacional de Rectores (ANR).

Cuando las universidades ofrecen programas de maestría establecen cuáles son los estudiantes que pueden acceder a éstas según el nivel de afinidad con los estudios que realizaron previamente.
De ahí algunos cuestionamientos sobre la afinidad que existe entre los cursos de derecho, humanidades y ciencias políticas que siguió García en el Perú en la década del ‘70 en Europa con una especialización en Economía, Comercio y Finanzas Internacionales que requiere como mínimo un nivel medio de conocimientos matemáticos.

Si bien en la página web de la USMP ni en la de la FCCEF existen rastros de la maestría que siguió el expresidente en Internet aparece la información sobre esta especialización y en ella se establece con claridad que las carreras relacionadas con la maestría que habría seguido el expresidente son Comercio Exterior, Economía y Finanzas y en ninguna parte aparecen los estudios de derecho, sociología o ciencias políticas como carreras afines a los estudios de posgrado que habría seguido el exjefe de Estado.

En el ítem referido al perfil de estudiante se señala lo siguiente: “Profesionales vinculados con la contabilidad, finanzas, auditoría y tributación. Docentes universitarios que tienden al intercambio de conocimientos y difusión de las nuevas doctrinas contables. Bachilleres de las diversas especialidades que deseen perfeccionarse en las áreas del mundo de los negocios”.

BUSCAMOS A CHANG

El 24 de julio último buscamos al exministro de García y actual rector de la USMP en la ceremonia de inauguración de laboratorios de odontología que se realizó en el campus universitario de Santa Anita. Cuando lo abordamos por primera vez y le consultamos sobre los cuestionamientos a la legitimidad del grado de magíster que García obtuvo nos contestó que estábamos en plena ceremonia y que nos respondería cuando ésta acabara.

Al finalizar el evento nos volvimos a acercar y luego de hacer la misma pregunta evitó responder diciendo que la ceremonia aún no había terminado y reiteró que cuando ésta finalizara nos respondería.
Lo esperamos en la puerta del recinto en donde se ofreció el cóctel en el que brindaron las altas autoridades de la USMP, pero al finalizar salió por la puerta trasera y nunca respondió nuestras preguntas.

Asimismo en reiteradas oportunidades intentamos comunicarnos con la oficina del decano de la FCCEF, Domingo Sáenz Yaya, para obtener su versión sobre la denuncia en cuestión pero hasta el cierre de esta edición esto no fue posible.

¿OTRO TÍTULO BAMBA?

El uso de títulos cuestionados en la USMP no es algo ajeno para las autoridades de esta universidad. Según el libro “Premio al delito: Ministro y Premier” de Jimmy Calla en 1994 Rodolfo Gavilano Oliver, entonces y actual secretario general de esta casa de estudios junto con el exrector Carlos Vílchez Vera firmaron la resolución directoral (N° 446–94–SMP) en la que se autorizaba el viaje del Ing. José Chang para seguir un curso de capacitación en Informática y Sistemas en la Universidad de Hartford en Estados Unidos.
De esta casa de estudios, Chang obtuvo una certificación que presentó como una maestría para poder acceder al cargo de rector en 1996; sin embargo, en el 2001, una subcomisión del Congreso que investigó a la USMP cuestionó la legitimidad de Chang como rector ya que según estableció éste usó una certificación de unos estudios que duraron un mes como si se tratara de una maestría cuando este tipo de estudios dura un aproximado de cuatro semestres académicos, es decir dos años.
¿2003 Ó 2004?
García escribió el 22 de julio en su twitter que obtuvo el grado de magíster en el año 2004, la USMP en febrero del 2003. La contradicción entre la USMP y el expresidente es evidente.

Lo que decía la USMP sobre la maestría

“La maestría en Economía con mención en Comercio y Finanzas Internacionales que ofrece la Escuela de Economía de la Universidad de San Martín de Porres, tiene como objetivo formar líderes gerenciales con sólidos conocimientos en Comercio y Finanzas Internacionales y Banca y Finanzas”.

Perfil del participante: Profesionales vinculados con la contabilidad, finanzas, auditoría y tributación; Docentes universitarios que tienden al intercambio de conocimientos y difusión de las nuevas doctrinas contables; Bachilleres de las diversas especialidades que deseen perfeccionarse en las áreas del mundo de los negocios.

Reglamento de posgrado

◘ Según el artículo 22 del reglamento de la Oficina de Posgrado de la USMP los ciclos académicos tienen dos periodos, el primero de éstos va de marzo a julio y el segundo de éstos de agosto a diciembre. Asimismo, señala que la asistencia a clases teóricas y prácticas es obligatoria y que de las 17 semanas de cada ciclo los alumnos solo pueden faltar tres sesiones.

CASO COMUNICORE: DE CÓMO CASTAÑEDA LE ROBÓ 33 MILLONES AL CONCEJO DE LIMA





El Poder Judicial excluyó del caso Comunicore a Luis Castañeda, pero los fiscales que acusan al menos a media docena de sus ex funcionarios señalan que estos no pudieron actuar por cuenta propia.

Mientras que para el ex alcalde Luis Castañeda el caso Comunicore “es un asunto entre privados”, para las autoridades que acusan de corrupción a ex funcionarios de la gestión municipal del líder de Solidaridad Nacional, estos actuaron bajo conocimiento y autoridad de Castañeda.

Ángel Páez.

Luis Castañeda Lossio logró desvincularse del caso Comunicore. Pero en el caso Comunicore Castañeda es una inevitable pieza clave.
La Sexta Sala Superior Penal de Reos Libres se apresta a iniciar juicio oral a media docena de ex funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima que pertenecieron a la gestión de Castañeda, a los que el fiscal superior penal Aldo Cairo Pastor acusó de colusión desleal el 22 de noviembre del 2013.(Hay que investigar a este fiscal por supuestas malas decisiones)
El fiscal superior Cairo denunció a cuatro ex funcionarios del municipio limeño: el ex gerente de Finanzas del municipio Juan Blest García; al ex subgerente de Tesorería Ulises Merino Rojas; al ex subgerente de Contabilidad Sergio Guerra Castillo; y al ex asesor de la Gerencia de Finanzas Daniel Arias Donayre.
Cairo, sin embargo, excluyó del caso al ex gerente municipal Ángel Pérez Rodas; al ex gerente administrativo Carlos Chávez Málaga; al ex gerente de Servicios para la Ciudad, Carlos Asmat Dyer, quienes fueron inicialmente acusados por la fiscal especializada en corrupción de funcionarios, Fanny Quispe Farfán, el 9 de diciembre del 2010. .(Hay que investigar a este fiscal por supuestas malas decisiones)
La Procuraduría Anticorrupción ha requerido a la Sexta Sala Superior Penal de Reos Libres que, antes de iniciar el juicio oral, incluya en el proceso a Pérez, Chávez y Asmat, por el papel protagónico que cumplieron en el denominado caso Comunicore.
CADENA DE HECHOS
De acuerdo con los informes acusatorios de los fiscales Fanny Quispe y Aldo Cairo, así como de la Comisión Investigadora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el caso Comunicore es el resultado de una concertación de voluntades para buscar el beneficio económico de terceras personas. Para alcanzar dicho resultado, altos funcionarios de la gestión de Luis Castañeda aprovecharon sus cargos.
El caso Comunicore se consumó mediante tres operaciones paralelas y vinculadas entrañablemente:
a)     La renovación del contrato de servicios con la compañía de limpieza Relima por diez  años más, del 2005 al 2015, y que alcanza un monto aproximado de 550 millones de soles.
b) El pago de 35,9 millones de soles a favor de Relima y que debía resolverse como parte del acuerdo para la renovación del contrato.
c) El desvío de fondos públicos para cumplir con abonar a Relima la deuda de 35,9 millones de soles.
El caso Comunicore, que se ventilará en la Sexta Sala Superior Penal de Reos Libres, no aborda el presunto delito de lavado de activos que se imputa a ex funcionarios del concejo limeño, de la empresa Relima y de Comunicore. La titular de la Primera Fiscalía contra el Crimen Organizado, Paola Díaz, es la que investiga este caso y acaba de requerir una ampliación de 120 días más para aplicar pericias contables a siete ex funcionarios de la gestión de Castañeda.
Luis Castañeda Lossio logró zafarse del caso Comunicore, pero como puede desprenderse de las acusaciones fiscales y del informe de la Comisión de Investigación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, los ex funcionarios acusados actuaron de acuerdo con autorizaciones y directivas del ex alcalde. No debería sorprender, ya que el propio Castañeda defendió la operación financiera y la elogió como uno de los episodios más exitosos de su gestión.
El 3 de marzo del 2010, cuando el ex alcalde se presentó ante la Comisión de Fiscalización que investigaba el caso, llegó a afirmar que el concejo limeño ganó con la operación y que se ahorró dinero. “Relima, en las negociaciones que ha tenido con la municipalidad, ha dejado de percibir 70 millones de soles. Unos 14 millones por el menor pago de un laudo arbitral y otros 56 millones por la renegociación o renovación del contrato con Relima. Entonces eso significa 70 millones de soles a favor de la Municipalidad de Lima Metropolitana”, dijo.
Como lo indican los fiscales Fanny Quispe y Aldo Cairo, así como el informe de la Comisión Investigadora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, además de informes de la Contraloría General de la República, la renovación del contrato  con Relima por diez años más (2005-2015) se consumó sin tomarse en cuenta los severos cuestionamientos a la calidad de los servicios prestados por la compañía brasileña de limpieza durante el periodo del primer contrato (1995-2005).
Pero la observación más importante de las autoridades acusadoras dista mucho de la versión triunfalista de Castañeda.
GANADORES Y PERDEDORES
Si bien el municipio ahorró con el pago a Relima de 35,9 millones de soles por una deuda fijada por laudo arbitral –y no por el éxito de la gestión municipal–, también es cierto que la empresa brasileña consiguió el contrato de renovación por 550 millones de soles.
Tampoco mencionó el ex alcalde ante el Congreso que los 35,9 millones que el municipio acopió para pagarle a Relima terminó en manos de la empresa Comunicore, entre cuyos socios se encontraba Álex Montoya Agüero, prófugo de la justicia desde que se le imputó la condición de “blanqueador” de millones de dólares del narcotráfico.
Para las autoridades, el caso Comunicore pudo concretarse porque entre quienes cumplieron un papel determinante había estrechos vínculos.
El 7 de enero del 2005 –el mismo año en que se vencía el contrato con Relima–, en uno de los primeros actos del caso Comunicore, el director administrativo del municipio, Carlos Chávez Málaga, por su propia iniciativa pidió al estudio de abogados Benites, De Las Casas, Forno & Ugaz una opinión legal sobre la renovación del contrato con la empresa de limpieza brasileña por diez años más. Las autoridades han establecido que hasta ese momento Relima nunca solicitó al municipio la renovación del contrato.
Curiosamente, muy poco después, el 9 de febrero, el gerente general de Relima, Odilón Gaspar Amado, propuso al alcalde Castañeda renovar el contrato. Y el 29 de marzo, el gerente de Finanzas, Juan Blest García, informó al gerente administrativo de Relima, Miguel Garro Barrera, que el municipio estaba en condiciones de pagar la deuda de 35,9 millones de soles.
Carlos Chávez Málaga y Juan Blest García trabajaban para Castañeda desde la década de los ochenta, en distintas instituciones públicas, y el primero era amigo de Miguel Garro Barrera, quien, al mismo tiempo que laboraba en Relima también era el hombre fuerte de Comunicore.
Esto explica por qué la renovación del contrato con Relima, el pago de la deuda a esta compañía brasileña y la transferencia de los fondos abonados por el municipio de Lima a la empresa Relima terminaron en una cuenta de Comunicore.
TODO ESTÁ PROBADO
Las autoridades atribuyen a Juan Blest García la arquitectura financiera de la operación Comunicore. Está acusado de colusión desleal y malversación de fondos, y, además, es investigado por presunto lavado de activos.
“Todo lo que se publica es mentira”, dijo Juan Blest a La República: “Para qué voy a dar una entrevista si solamente van a publicar lo que quieren. El caso está judicializado, así que todo se verá en el Poder Judicial. Por eso no me interesa hablar ni aclarar nada. Yo he entregado todas las pruebas necesarias al Poder Judicial y será el Poder Judicial el que determinará la verdad de los hechos. Yo no tengo nada más que decir”.
La línea de defensa de Luis Castañeda Lossio consiste en señalar que los ex funcionarios de su gestión como alcalde acusados por presuntos actos de corrupción vinculados con el caso Comunicore deben responder ante las autoridades como corresponde, ya que actuaron dentro de las facultades que se les asignó. (Este problema se presenta en todas las instituciones estatales porque el Jefe no firma nada, deberia  modificarse algunos articulos para salvaguardar los intereses económicos del Pueblo)
Lo que han encontrado las autoridades son evidencias de que los ex funcionarios imputados no actuaron por su cuenta sino bajo mandato de la ex autoridad edil.
Como demuestra la exhaustiva cronología que aparece en estas páginas, elaborada sobre la base de la información de las acusaciones fiscales, los informes de la Contraloría y de laComisión Investigadora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el 24 de agosto del 2005 el entonces alcalde suscribió la resolución N° 2282 encargándole el puesto de director general de Finanzas a Juan Blest García retroactivamente desde el primero de enero del 2005, precisamente poco antes de que se iniciara la llamada Operación Comunicore, hasta el 17 de octubre del mismo año.
Y a partir de esta fecha se encargó a Juan Blest la Oficina General de Finanzas del municipio limeño, que es la que pagó a Comunicore en cinco armadas los 35,9 millones de soles (que se redujo a 33,7 millones por una serie de pagos administrativos).
Y el 27 de diciembre de 2005, el mismo día que Relima comunicó al municipio que había cedido a Comunicore sus derechos sobre la deuda de 35,9 millones de soles, el municipio encargó a Juan Blest que a partir de dicha fecha asumiera la Gerencia Municipal (resolución de alcaldía N° 2835), hasta el 2 de enero del 2006.
Esto es, desde la alcaldía le entregaron todo el poder a Juan Blest García para que cumpliera con la operación financiera y pagarle la deuda a Relima de 35,9 millones de soles –y que cobraría Comunicore–, y la renovación del contrato con la empresa de limpieza brasileña por diez años más por un costo proyectado en 550 millones de soles.
De todos estos nombramientos ex profesos el ex alcalde estaba informado.
CONEXIONES VIRTUALES
“Según nuestro criterio como Procuraduría Anticorrupción, Luis Castañeda sí tenía conocimiento de estos hechos. No solo por la forma apresurada en la que se gestaron todos estos pagos sino también por la participación de todos estos gerentes que eran sus funcionarios de confianza y por el sistema de pago que usaron. Sin embargo, ni para el Ministerio Público ni para el Poder Judicial estos hechos no eran suficientemente relevantes para incluir a Castañeda en el juicio”, afirmó a La República el procurador anticorrupción Christian Salas Beteta.
“Si bien la responsabilidad penal la asumirán los procesados, resulta extraño para la Procuraduría Anticorrupción que no se haya permitido investigar también al ex alcalde Castañeda”, añadió Salas.
Hay dos operaciones financieras que las autoridades han identificado como sospechosas por su relación entre sí y su rapidez, como se puede observar en la infografía de estas páginas. En un mismo día, el 4 de agosto del 2005, antes de que se pagaran los 35,9 millones de soles a Relima/Comunicore –pero ya se había acordado que se abonaría dicha suma–, se aprobó y firmó para la renovación del contrato con la empresa de limpieza por 550 millones de soles:
a)     A las 3 y 30 de la tarde el director de Servicios a la Ciudad, Carlos Amat Dyer, sustentó ante la Comisión de Asuntos Legales, sin que el tema estuviera en agenda, la renovación del contrato con Relima. La comisión aprobó la iniciativa.
b)     Entre las 5 de la tarde y 7 y 20 de la noche, el mismo Amat, ante la sesión del concejo encabezada por Luis Castañeda Lossio, argumentó a favor de la renovación del contrato. El concejo dio su visto bueno.
c)     Carlos Amat, en nombre del municipio, suscribió el contrato de servicios de limpieza con Relima, en una hora que hasta el momento se desconoce.
Poco después también salió rapidísimo –y con la participación de casi los mismos funcionarios de Castañeda– el pago de 35,9 millones de soles a Relima que luego se transfirió a Comunicore:
a)     El 20 de diciembre, Relima acuerda con Comunicore venderle la deuda de 35,9 millones de soles que le tenía el municipio de Lima.
b)     El 26 de diciembre, Emape le devolvió al municipio un préstamo de 13 millones que no había solicitado. Blest era un funcionario de Emape asignado como gerente de Finanzas del municipio. Ese dinero sería parte del pago a Relima/Comunicore.
c)     El 27 de diciembre, Relima y Comunicore informaron al municipio sobre el acuerdo de venta de la deuda de 35,9 millones de soles. Juan Blest pidió en el día a la Gerencia de Asuntos Jurídicos si procedía la venta de la deuda.
d)     Blest, quien en un principio acordó pagar a Relima la deuda de 35,9 millones en un plazo de 10 años, informó a la empresa brasileña que lo haría en seis meses a partir del 3 de enero del 2006.
e)     El 3 de enero, Blest pagó la primera armada de 3,8 millones de soles a Comunicore, sin ni siquiera esperar la opinión de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.
¿No sabía nada de esto Castañeda?
“Esa es una pregunta que no me la debe hacer a mí sino al señor Castañeda. Solo puedo decir que este es un tema judicial que enfrentan los gerentes de la municipalidad del tiempo en que Castañeda fue alcalde. Por lo tanto, si hay algo que preguntar sobre este tema es al señor Castañeda. Es más, autorizo que lo pongan así, que yo sugiero que le pregunten al señor Castañeda”, dijo a La República el congresista Martín Belaunde Moreyra, de la bancada de Solidaridad Nacional.
Pero para Castañeda, en lo que concierne a él, Comunicore es un caso cerrado. 
(COMO QUE NO SABIA NADA CASTAÑEDA, ES COMO QUE SE PIERDA PLATA EN SU CASA Y NO SE DA CUENTA DE ESTO, Y MILLLONES , SE DEBE CAMBIAR O MODIFICAR O AGREGAR ARTICULOS PARA CASTIGAR DE INMEDIATO A LOS JEFES DIRECTOS COMO EN ESTE CASO DE CASTAÑEDA, LA AUTORIDAD DE MAS ALTA GERARQUIA EN UNA INSTITUCION CUAQUIERA SE LE DEBE CASTIGAR E INHABILITARLO, Y SE SOLUCIONA TODOS LOS PROBLEMAS, PERO ESTO ESTA EN MANOS DEL PODER JUDICIAL , QUIEN SERA EL MACHO QUE LO HARA)
COINCIDENTES AUSENCIAS DEL EXALCALDE
El 17 de octubre del 2005, al día siguiente de que Miguel Garro, a pedido de Juan Blest, emitió 10 facturas para que le pagaran a Relima/Comunicore los 35,9 millones de soles, el concejo limeño aprobó el pedido del entonces alcalde Luis Castañeda de una licencia a cuenta de sus vacaciones, del 18 de noviembre al 2 de diciembre del 2005.
Sin embargo, el concejo le amplió la licencia del 9 al 20 de diciembre. Y lo hizo por tercera vez, en esta ocasión del 28 de diciembre del 2005 al 8 de enero del 2006.
Estas coincidencias llamativas son investigadas por las autoridades del caso porque en dicho periodo de ausencias de Castañeda, se produjo la reestructuración financiera del municipio limeño con el propósito de pagar los 35,9 millones de soles a Comunicore y renovar el contrato con Relima por diez años más por 550 millones de soles.
Por si fuera poco, en tales fechas el municipio de Lima comenzó a pagar la deuda con Relima, y esta empresa a su vez le transfirió a Comunicore, la que durante la ausencia de Castañeda comenzó a recibir los montos en cinco armadas por parte del municipio. Estas acciones las cumplieron funcionarios nombrados ad hoc.

sábado, 13 de septiembre de 2014

LOS TÍTULOS FIRMADOS POR EL DOCTOR BAMBA NO VALEN

 
El ex presidente García afirma haber seguido cursos de doctorado, pero ello no le concede el título de doctor. Pues hay que sustentarlo con el grado correspondiente expedido por una universidad especializada; García no es doctor, por tanto no debe llamársele doctor y menos engañar a los alumnos de doctorado de una universidad arrogándose tal título sin tenerlo. Si se está en un instituto donde se dan cursos de postgrado como los doctorados, y el director no tiene Doctorado, este no puede dirigir la institución. De ser así se está vulnerando el artículo 38° de la Ley Universitaria promulgada el 09 de julio del presente año que exige que la unidad encargada de integrar las actividades de postgrado debe ser dirigida por un docente con mayor grado a los que otorga. Es decir que el Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la USMP debe tener un director con título de doctor de acuerdo a ley. Igualmente, el Reglamento de la USMP, publicado en su portal web, indica que los directores de las escuelas de postgrado deben tener dicho grado académico.

¿Cómo es posible que alguien que no tenga el título de Doctor pueda firmar y dar títulos de Doctor?, ¿cómo se come está lógica?, que alguien que no sepa conducir autos extienda brevetes; que, “¿tan difícil es ser honesto?”. No existe antiaprismo sino indignación ante tanta mugre política. Sus alumnos que se “tragaron el sapo” han sido birlados grotescamente y los títulos de DOCTOR de estos alumnos son objetables ante cualquier instancia sea administrativa o judicial no valiéndoles nada por haber sido autorizados por quien no posee título doctoral. Por ello García debe ser denunciado ante la Fiscalía Penal Anticorrupción y aquellos quienes resulten responsables, como son los funcionarios de la Universidad San Martín y su rector Chang, de esta tremenda farsa. 

 Nuestro Código Penal contempla en su artículo 362 “El que, públicamente, se arroga grado académico, título profesional que no le corresponden, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de un año”. Esta norma se complementa con el delito de Falsedad Genérica previsto en el artículo 438 del mismo texto legal que establece que el delito de falsedad genérica será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.”