martes, 9 de abril de 2013

LA VERDAD SOBRE LOS NARCOINDULTOS DE ALAN


Apenas propalado el informe del programa Cuarto Poder sobre los indultos y conmutaciones de penas a narcotraficantes durante el gobierno aprista, Alan García calificó de “mentiras” las acusaciones: “En los casos de tráfico ilícito de cocaína no se concedió ni un solo indulto”. Negó asimismo que se hubiera liberado a integrantes de bandas  y afirmó que se les redujo las penas a dos reos, que salieron de los penales en momentos diferentes. Justificó que actuó movido “por compasión” y afirmó que, de presentarse el caso, “lo volvería a hacer” (http://bit.ly/12xVhJM).

El informe preliminar de la Megacomisión desmiente todas sus afirmaciones. Quienes creen que se liberó a 400 narcos se equivocan: éstos fueron los de la modalidad agravada. Alan García liberó en total a 5.500 delincuentes y la amplia mayoría fueron narcotraficantes. De 104 indultos de carácter humanitario, 67 (el 64%) fueron para sentenciados por tráfico ilícito de drogas y de 5.246 conmutaciones 3.207  (el 61%) fueron para narcotraficantes.
Se liberó a bandas completas, como la formada por Amelia Emperatriz Reyes Alfaro, Lesly Yanira Zárate Quiroz y Demis Edgar Benavides Reyes, condenados por narcotráfico el 2007 a 15 años las mujeres y a 10 años el varón. García le conmutó la pena a Amelia Reyes de 15 a 6 años por la RS 088-2009, a Lesly Zárate, de 15 años a 4 años 6 meses, y a Demis Edgard, de 10 años a 4 años y un mes.

Percy Andrés Farías Aguirre, Jorge Andrés Farías Balarezo, Rosa Esther Huerta Aguirre, Milagros Leonor Farías Aguirre y Juan Carlos Farías Aguirre formaban otra banda condenada el 2004 a 15 años de prisión por tráfico ilícito de drogas. La RS 273-2009-JUS le redujo la pena a Rosa Huerta de 15 a 7 años. Recibieron luego la misma gracia Milagros y Jorge Farías, con una reducción de 15 a 6 años, a Percy le redujeron de 15 a 7 años, y Juan Carlos de 15 a 9 años.
Se liberó igualmente a la banda de Julio Roberto Rodríguez Chavarro, Roberto Xavier Boponti Correa, Jani Ysminio Alegría y Alberto Gutiérrez Perdomo. A Rodríguez, colombiano, se le redujo la pena de 15 años a 7 años 6 meses. A Boponte y Alegría de 15 a 8 años y a Gutiérrez de 10 años a 7 años 2 meses. La Megacomisión constató adicionalmente que en ciertos casos Alan García dispuso una reducción de condenas por debajo de lo propuesto por la Comisión de Gracias Presidenciales (http://bit.ly/10M9lsq).
Confrontado con las evidencias, García cambió su versión y afirmó que “solo” el 3% (167) de los sentenciados reincidieron. Esto debe ser un gran consuelo para las víctimas de Royer Henry Honorio Mas, indultado en marzo del 2008 por RS 037-2008-JUS, al que el Ministerio Público de Chachapoyas le archivó una denuncia por violación sexual en marzo del 2011 (http://bit.ly/YawV6l ) y volvió a prisión por asesinato en mayo del 2012. O para las de Sandro Bravo, que en los ocho meses que siguieron a su liberación violó a cuatro mujeres. Se favoreció asimismo a Mauro Choquehuanca, narcotraficante de alto vuelo que volvió a prisión en menos de un año, a Cleto Carhuapoma Aliaga, jefe de acopiadores de droga del Vraem, hoy incluido en las listas antidrogas de la Dirandro, Dircote y la DEA, y a Fernando Morales, que luego cayó en un laboratorio en Paraguay.
García sostiene que se liberó a estos delincuentes para combatir el hacinamiento en las cárceles. Pero la mayoría de los reclusos son procesados sin sentencia, y entre ellos hay inocentes que permanecen encerrados injustamente porque sus juicios no caminan. Para ellos no existe el indulto.
El colaborador de la DEA Óscar Linares Benites sostuvo ante la Megacomisión que se cobraba diez mil dólares por año de reducción de pena: “narcotraficantes peruanos, colombianos y mexicanos pagaron para salir en libertad, es decir, que lograron su conmutación de pena, pero luego retornaron a prisión por segunda vez” (http://bit.ly/ZJeQaf).
Alan García ha respondido proclamando su candidatura presidencial para el 2016 –como Kenji Fujimori, quien se descubrió presidenciable cuando se hallaron 100 kilos de cocaína en la empresa de la cual es accionista–, declarándose un perseguido político, añadiendo un desplante (“Si no les gusta mi política de indultos, no voten por mí”)  y lanzando amenazas: “No se dan cuenta que de esta manera están construyendo un adversario político”.
Estas son las pruebas a las cuales debe responder la democracia.

1 comentario:

  1. En esta republiqueta llamada Perú, todo político corrupto se autoproclama candidato a la presidencia y, por tanto, perseguido político. Y el Poder Judicial cae en su juego, convirtiéndolos en angelitos. ¡Pobre Perú !

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