LAS SINRAZONES DEL GRUPO "EL COMERCIO"

Si existe concentración de medios, usted no elige.

Los regímenes totalitarios les relatan un cuento a sus ciudadanos; les dicen que como en la sociedad circulan varios medios de comunicación, existe pluralidad y libertad de información.

Los ciudadanos se rebelan contra esa mentira porque saben que el número de medios es poco importante si estos son dominados por un solo discurso y orientación. En esos regímenes, el Estado asume el monopolio de la información.

Por esa razón, uno de los estándares de una sociedad democrática reside en que la ley declara ilegal el monopolio y la concentración de medios, por la vía pública o privada. Nuestra Constitución recoge este estándar en su artículo 61° cuando dispone lo siguiente: “La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social; y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares”.

Un estudiante de derecho ya sabe que la norma constitucional es originaria y por lo tanto es fuente directa y primaria de derecho. Por esa razón es absurdo y carente de toda solvencia jurídica sostener que existen artículos inválidos o no aplicables de la Constitución solo por carecer de una ley de desarrollo constitucional. Si esto fuese cierto, nuestra Constitución sería un texto decorativo y sin vida. Y no lo es.

Dos preguntas emergen de esta verdad jurídica incuestionable: 1) ¿La Constitución previene contra la concentración de medios impresos?; y 2) ¿Qué condiciones societarias deben concurrir para que se configure esa concentración?

Es innegable que la Constitución previene contra la concentración de medios; es obvio que las normas contra el monopolio y el dominio del mercado existen precisamente para mantener el derecho de los consumidores a elegir. Por ello es legalmente cuestionable toda operación societaria conducente a que un grupo económico concentre la propiedad de medios de comunicación.

Eso ha sucedido en la prensa escrita peruana. Antes de la compra de Epensa, el Grupo El Comercio controlaba el 49 % del mercado nacional de venta de diarios. Le seguían Epensa con 28 % y el Grupo La República con un 17 %. Al adquirir El Comercio el 54% de las acciones de Epensa, pasó a controlar el 78% del mercado de venta de diarios. Esa operación societaria tiene un nombre: alta concentración.

En ánimo de defensa, el Grupo El Comercio ha ensayado explicaciones jurídicamente vulnerables; la más recurrente afirma que la compra de un paquete de acciones no implica la compra de la línea editorial. Una seria lectura de la legislación peruana sobre propiedad, principalmente el Código Civil y la Ley General de Sociedades, permite concluir que la adquisición de la propiedad, una vez finalizado el acto, es un ejercicio supremo de los derechos reales y que todo acuerdo editorial es susceptible de revisión sobre todo si se tienen en cuenta ciertos antecedentes, por ejemplo, cuando se usa el control accionarial en América Televisión como represalia contra el Grupo La República por discrepar con la línea de los socios mayoritarios.

En la región se ha abierto un debate sobre la concentración de medios; en Ecuador, Argentina y Venezuela se pretende el mismo resultado usando métodos tramposos como el acoso judicial, las restricciones de la publicidad estatal, las presiones contra los anunciantes privados y la compra de medios por testaferros. El objetivo es el mismo y por esa razón nos oponemos principistamente a ello. Toda concentración de los medios, pública  o privada, es totalitaria. Ese es el centro del problema y ante esta mala noticia no sirve de nada matar al mensajero.

Editorial de La República, 27/10/13.