miércoles, 10 de marzo de 2010

URGE IMPUESTO A LAS SOBRE GANANCIAS MINERAS


Entre el 2005 y 2009 las empresas de la gran minería han obtenido 22 mil millones de dólares de utilidades, más de 60 mil millones de soles. Urge impuesto a las sobre ganancias.

A propósito de la Convención Anual de Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC 2010), realizada en la ciudad canadiense de Toronto, que reúne esta semana a las más importantes compañías de exploración y explotación minera del mundo y a gobiernos e entidades financieras, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Martín Pérez, expreso, que el Perú hoy día es el tercer país más importante del mundo en términos de recepción de la inversiones mineras.

Pero ¿De qué sirve esto? Ante una declaración así, qué pueden pensar los policías, militares, maestros y enfermeros al pedir aumento cuando el gobierno responde que eso generaría inflación y déficit fiscal. ¿De qué sirve que el país entero sea una mina con la más alta tecnología si eso no se traduce en bienestar para la población?

Veamos. Durante los últimos 5 años, las grandes empresas mineras han obtenido utilidades por su actividad en el Perú de alredor de 22 mil millones de dólares. Esto equivale a un monto superior de 60 mil millones de soles. Sólo en el 2007, las utilidades netas fueron de 4,875 millones de dólares. Y recordemos que cuando calentaba el debate sobre la necesidad de un impuesto a las sobre ganancias, ofrecido por Alan García en su campaña presidencial en el 2006, solo se alcanzó un óbolo minero de 517 millones de soles que gestionó el entonces primer ministro Jorge del Castillo, recordándonos que nada podíamos hacer porque las empresas mineras tenían con el Perú acuerdos de estabilidad tributaria y por ello no era viable un impuesto adicional. Ni siquiera se planteó a las mineras la posibilidad de renegociar estos acuerdos que estaban cuestionados por lo desventajoso para el país..

Rompiendo mitos
Si bien, el Estado ha venido recaudando el impuesto a la renta de estas ganancias lo que ha hecho que nuestra caja fiscal sea altamente dependiente de la minería, se está perdiendo la oportunidad de constituir un gran fondo alimentado por estas sobre utilidades. Y no es algo que no pueda hacerse. La experiencia demuestra que si el Estado se pone firme y defiende los intereses nacionales, modificando, por tanto, su capacidad de negociar y regular la inversión extranjera, ésta no se va. Lo vemos en Bolivia, que nacionalizó buena parte de los recursos gasíferos y en el 2009 han crecido económicamente más que toda la región, 4% de variación positiva del PBI, debido a los recursos fiscales con los que cuentan en relación a su población y que les ha permitido impulsar la manufactura (empleo) y el bienestar social. Y si bien el salario mínimo en Bolivia es menor que en el Perú, los Bolivianos cuentan con un sistema de pensiones sociales (renta dignidad) que ya quisieran tener los millones de adultos mayores que en el Perú están en la miseria y los otros tantos que llevan años luchando contra la Oficina Nacional Previsional para obtener su jubilación.

Ahora bien, ¿cuánto empleo genera la gran minería en el Perú? Según Julio Gamero, ex viceministro de Trabajo, la minería peruana no es una actividad intensiva en mano de obra y representa sólo el 1% de la Población Económicamente Activa. Por su parte, Jorge Quezada, director del Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL), sostiene que entre la mediana y la gran minería apenas se llega a 130 mil puestos de trabajo. Pero aclara que de este número solo 36 mil trabajadores están contratados directamente por las empresas mineras, el resto (94 mil) tienen un vinculo mercerizado a través de las contratas o services cuyo trato es variado, pero con mucho menos beneficios que en la contratación directa.

Al parecer la política económica en el Perú se ha reducido a tres cosas: tomar y pagar deuda, firmar Tratados de Libre Comercio y alentar la inversión minera. Lo primero se hace a costa del ajuste presupuestario en los sectores sociales, lo segundo se hace sin importar el poner en riesgo a la manufactura, y lo tercero sin generar suficientes recursos fiscales.
Por Carlos Bedoya
2010/3/10 - 6:00

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