Dr. Hugo SALINAS
El Perú vive sus peores momentos de crisis
moral. Una crisis ligada al manejo de los bienes del país, físicos y
financieros. Personas, personalidades e instituciones políticas y sociales ya
no hacen diferencia entre el bien y el mal, entre el interés personal y el
interés colectivo.
Ya no es solamente la criminalidad
entre personas o contra personas. Es una criminalidad organizada contra el país.
A pesar de que el país cuenta con escasos recursos financieros para construir
su futuro, los criminales con cuello y corbata se lo apropian. El país trata de acumular activos
que le permitan cimentar un crecimiento más acelerado, y estos criminales
muestran asientos contables que las obras han sido ejecutadas cuando, sobre el
terreno, no hay nada ejecutado y, en el mejor de los casos, realizadas sin
respetar las normas de calidad.
Los
criminales contra el país no son solamente aquellos que dirigieron el acto sino
también aquellos que facilitaron los hechos. Y la competencia por la
criminalidad ya no tiene límites. Ya no se puede hacer diferencia entre las
muertes producidas por manejar o ´por desbaratar la mafia enquistada en el
poder político, judicial, policial y militar.
Estamos
viviendo en una sociedad amoral desde la cúspide hasta el ciudadano de a pié. Presidentes de la República ya sea
en prisión y en camino de serlos. Congresistas, jueces, fiscales ,funcionarios…,
todos ellos, implicados en los más absurdos delitos contra el país. ¿Podremos seguir soportando esta
lacra que impide un normal desenvolvimiento de nuestra vida económica,
política, educativa y social?
Ya no es
solamente la moral que está quebrada. Son las instituciones del país que ya no
cuentan con ninguna credibilidad. Pero ahí no queda la osadía de quienes han
perdido toda referencia a la ética y la moral. Son los ideales de construir un
mundo mejor que se están destruyendo al realizar un mal uso de los activos que
pertenecen a toda la comunidad.
El punto de criminalidad ha llegado a
tal nivel, que incluso está destruyendo lo último que nos queda:
la esperanza de construir
un futuro mejor. Ideales como la transformación del país, la conservación del
medio ambiente, la defensa del agua…, se sienten heridos por el accionar de
personas que han confundido el interés personal con los intereses del país.
¿Qué hacer para volver a convertirnos en los seres humanos que amamos a nuestra
sociedad?
No teniendo ninguna confianza en los jueces, debemos volver a la
justicia popular; es decir, al Tribunal Popular. Es el
pueblo quien debe sancionar a los criminales contra el país. Y la sentencia
debe ser la máxima, porque es al pueblo en su totalidad que se le está haciendo
daño. No podemos ser ciegos ni blandos.
Siendo el centralismo uno de los elementos que favorece la
criminalidad contra el país, son las mismas poblaciones quienes deben juzgar y
sentenciar a los criminales contra el país. El Tribunal Popular no debe estar
sujeto a los códigos actualmente vigentes porque, hecha la ley, hecha la trampa.
Todos esos códigos han sido
elaborados para juzgar y sentenciar a los pobres, los desempleados, a los sin
recursos; y salvar a los criminales contra el país.
Por
consiguiente, el Tribunal Popular debe ser local, a un solo nivel de decisión
(sin derecho a apelación), y sujetarse a los usos y costumbres de cada
localidad. Es al pueblo que se le está haciendo daño. Es el pueblo que les debe
juzgar y sentenciar.
Y si
queremos restablecer la moral en el manejo de lo más sagrado, como son los
bienes del país, los tribunales populares deben sentar precedente en sus
veredictos. Y no hay mejor forma de realizarlo que generando un electro shock
en la mente y comportamiento de la población. El Tribunal Popular debe establecer
la pena de muerte contra quienes hacen un mal uso de los bienes físicos y
financieros del país.
Que la
honestidad se imponga ante el dinero. Que el interés colectivo se imponga al
interés individualista. Volvamos a recrear los valores del ser humano y no los
del oro y la plata.
Cajamarca,
17 de mayo del 2014
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