En Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Costa rica y Uruguay el Estado y la sociedad, cumpliendo con estas obligaciones básicas de solidaridad, han establecido pensiones no contributivas. En el caso Boliviano la Renta Dignidad se financia con los ingresos estatales del impuesto directo a los Hidrocarburos (IDH), por ello es sustentable financieramente, beneficia a 700,000 personas mayores de 60 años y comprende una pensión mensual de 250 Bolivianos (35 dólares) para quienes no son jubilados y 200 Bolivianos (28 dólares) para los adultos mayores que sí poseen una jubilación. La Renta Dignidad se percibe en Bolivia desde el 10 de febrero del 2008 en el contexto de una economía que por su disciplina macroeconómica ha arrojado en los últimos tres años superávit fiscal. Con variantes las modalidades de las pensiones no contributivas en Chile, Uruguay o Brasil responden al mismo criterio: el cumplimiento de una obligación de solidaridad que promueve equidad y cohesión social, con financiamiento saludable y con efectos positivos en la expansión de la demanda interna.
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