Desde la promulgación de la Ley Orgánica N° 27867 de Gobiernos Regionales, el 16 de noviembre de 2002, hace 7 años, estaba cantado que la norma representaba cambios cosméticos y no iba al fondo del problema, pues no estaba orientada a revertir las condiciones socioeconómicas que viven ancestralmente los pueblos del Perú. Una seudo-regionalización impuesta desde Lima sólo aspiraba a contener y distraer las protestas sociales, sin solucionar los problemas que les daban origen.
Y es que la casta dominante desde hace más de cinco siglos no estaba ni está dispuesta a darle autonomía a los pueblos para que estos prioricen su desarrollo. De modo que –tal como mostramos en cuadros adjuntos– en la práctica el funcionamiento de las regiones sigue ceñido a la lógica de los departamentos: Exigüos recursos, manejo irresponsable en su administración y, sobre todo, una agenda contrapuesta a los intereses de los sectores sociales e impuesta a estos por el gobierno de turno.
En teoría, la naturaleza jurídica de los gobiernos regionales garantiza su autonomía política, económica y administrativa con un pliego presupuestario cuyo fin expresamente declarado es promover el desarrollo regional, estimulando la inversión pública y privada, así como el empleo.
Hasta allí, el guión del lobo feroz resignado (Lima) y la Caperucita (Regiones) que reclama. Pero como lo que valen son los hechos y los resultados ¿en qué cambió la distribución del presupuesto nacional después de siete años en la Costa, la Sierra y la Selva?
Desde siempre el privilegio lo han tenido Lima y algunos departamentos de mayor gravitancia política en el escenario nacional y allí se cerró el circulo. Los demás desde siempre han tenido que hacer su cola en actitud mendicante. El hecho que Áncash hoy posea grandes recursos (770 millones), producto de regalías y canon mineros, no desmiente lo que afirmamos. Esos recursos siguen siendo manejados por el Ministerio de Economía y Finanzas, que pone trabas a toda iniciativa regional. Por eso, mientras no se reemplace el SNIP nacional por los SNIP regionales, los pueblos más empobrecidos deben seguir abriendo la boca para tomar algunas gotitas del presupuesto público.
Cambiar todo, para que nada cambie
El flujo de capitales frescos externos hacia los sectores financiero, minero, petrolero e hidrocarburífero, iniciado hace más de una década, debía traducirse en una reducción significativa de la brecha entre ricos y pobres y, por tanto, de integración de las regiones al desarrollo, pero eso sólo ocurre en la imaginación presidencial.
El nudo gordiano, sin duda, se halla en Lima y la pervivencia de una Constitución producto de un golpe de Estado, una Constitución que privilegia el sacrosanto mercado, el endiosado capital y sus santificadas sobreganancias, que se traducen en una política que lo único que está haciendo es embalsar y posponer las soluciones a los problemas ancestrales.
Al igual que en el Congreso, un poder del Estado muy devaluado, la mayoría de los gobiernos regionales y municipales están impregnados del lastre de la corrupción y de la falta de transparencia.
Lo curioso es que esa carencia se da con más énfasis en las regiones más pobres. Un caso emblemático es el de Apurímac que, de lejos, lidera a las demás en ocultamiento de información ¿Y quien lo secunda? Áncash. Apurímac y Áncash con cerca de 200 y 700 millones de recursos en el 2009, respectivamente, representan por igual ejemplos de la realidad de una política de descentralización formal, que en los hechos pretende seguir controlando desde Lima los presupuestos que debieran ser para abrir vías, mejorar infraestructura, impulsar el desarrollo ciudadano y elevar la calidad de la educación y no para la frondosa burocracia limeña, poblada por el favoritismo y ajena a la meritocracia. Justamente la ineficiencia en la administración de los recursos del Perú se debe en muy buena medida a que el Estado carece de una política de carrera pública. Esto explica la falta de transparencia, la falta de participación ciudadana para decidir, controlar, supervisar e incluso decidir la inversión más conveniente. Los presupuestos participativos son un saludo a la bandera. Al final los presidentes regionales –en su mayoría– se burlan de los acuerdos.
Esto seguirá ocurriendo mientras los partidos, los movimientos u organizaciones no asuman con firmeza la necesidad de un cambio que termine con el modelo centralista vigente. La ansiada descentralización sólo será un maquillaje, un engañamuchachos. La regionalización, para los pueblos de todo el Perú es un embuste, un fraude.
Porque regionalizar es otra cosa. Es unir y cohesionar fuerzas, zonas y áreas productivas en función de identidades históricas y culturales que proyecten una complementariedad económica que confiere una unidad mayor, cuya acción prioritaria ha de ser la descentralización, la autonomía para crear tributos regionales, para recaudar impuestos, instituir un organismo de supervisión regional y por sobre todo contar con SNIP descentralizado (hoy, el Ministerio de Economía tiene más poder que todos los presidentes regionales del Perú), para ser autónomos en las iniciativas de inversión regional.
Para hacer un gran país
>La verdadera descentralización y regionalización requiere de una visión común del país que recoja los problemas y responda con soluciones, pero complementada con decisiones políticas como la revocatoria de todas las autoridades elegidas, desde los concejales distritales, hasta el mismísimo Presidente de la República, pues la gente está harta de los políticos tradicionales acostumbrados a prometer una cosa y hacer otra, y exige una democracia activa y participativa, en la que decida y no sólo vote.
Hay que establecer por tanto mecanismos para la participación ciudadana en cada rincón del país, en temas concretos como la elaboración, ejecución y supervisión del presupuesto. La economía debe estar al servicio de la gente para que cambie su vida y para lograr metas nacionales fundamentales, como la erradicación del analfabetismo.
El nuevo modelo de descentralización debe basarse en una economía que promueva la pequeña y mediana empresa para que fortalezcan al mercado interno y promuevan el empleo y la microcapitalización; y debe apuntar a la construcción de un país realmente plurinacional y multi-étnico, como somos, que garantice el bienestar de sus ciudadanos, con educación para todos, trabajo y salarios de calidad y derechos laborales auténticos.
Las fuerzas sociales del cambio deben impulsar su unidad en torno a las metas citadas, en beneficio de las grandes mayorías, pues solamente así el Perú dejará de estar a espaldas de América Latina y podrá aportar a la integración regional.
La vía alternativa es factible, pues las recetas de De Soto o García llevan muchas veces a los países al caos, la convulsión social y la barbarie. Aun estamos a tiempo.(ANI)
Andrés Nicolás Icaza
Y es que la casta dominante desde hace más de cinco siglos no estaba ni está dispuesta a darle autonomía a los pueblos para que estos prioricen su desarrollo. De modo que –tal como mostramos en cuadros adjuntos– en la práctica el funcionamiento de las regiones sigue ceñido a la lógica de los departamentos: Exigüos recursos, manejo irresponsable en su administración y, sobre todo, una agenda contrapuesta a los intereses de los sectores sociales e impuesta a estos por el gobierno de turno.
En teoría, la naturaleza jurídica de los gobiernos regionales garantiza su autonomía política, económica y administrativa con un pliego presupuestario cuyo fin expresamente declarado es promover el desarrollo regional, estimulando la inversión pública y privada, así como el empleo.
Hasta allí, el guión del lobo feroz resignado (Lima) y la Caperucita (Regiones) que reclama. Pero como lo que valen son los hechos y los resultados ¿en qué cambió la distribución del presupuesto nacional después de siete años en la Costa, la Sierra y la Selva?
Desde siempre el privilegio lo han tenido Lima y algunos departamentos de mayor gravitancia política en el escenario nacional y allí se cerró el circulo. Los demás desde siempre han tenido que hacer su cola en actitud mendicante. El hecho que Áncash hoy posea grandes recursos (770 millones), producto de regalías y canon mineros, no desmiente lo que afirmamos. Esos recursos siguen siendo manejados por el Ministerio de Economía y Finanzas, que pone trabas a toda iniciativa regional. Por eso, mientras no se reemplace el SNIP nacional por los SNIP regionales, los pueblos más empobrecidos deben seguir abriendo la boca para tomar algunas gotitas del presupuesto público.
Cambiar todo, para que nada cambie
El flujo de capitales frescos externos hacia los sectores financiero, minero, petrolero e hidrocarburífero, iniciado hace más de una década, debía traducirse en una reducción significativa de la brecha entre ricos y pobres y, por tanto, de integración de las regiones al desarrollo, pero eso sólo ocurre en la imaginación presidencial.
El nudo gordiano, sin duda, se halla en Lima y la pervivencia de una Constitución producto de un golpe de Estado, una Constitución que privilegia el sacrosanto mercado, el endiosado capital y sus santificadas sobreganancias, que se traducen en una política que lo único que está haciendo es embalsar y posponer las soluciones a los problemas ancestrales.
Al igual que en el Congreso, un poder del Estado muy devaluado, la mayoría de los gobiernos regionales y municipales están impregnados del lastre de la corrupción y de la falta de transparencia.
Lo curioso es que esa carencia se da con más énfasis en las regiones más pobres. Un caso emblemático es el de Apurímac que, de lejos, lidera a las demás en ocultamiento de información ¿Y quien lo secunda? Áncash. Apurímac y Áncash con cerca de 200 y 700 millones de recursos en el 2009, respectivamente, representan por igual ejemplos de la realidad de una política de descentralización formal, que en los hechos pretende seguir controlando desde Lima los presupuestos que debieran ser para abrir vías, mejorar infraestructura, impulsar el desarrollo ciudadano y elevar la calidad de la educación y no para la frondosa burocracia limeña, poblada por el favoritismo y ajena a la meritocracia. Justamente la ineficiencia en la administración de los recursos del Perú se debe en muy buena medida a que el Estado carece de una política de carrera pública. Esto explica la falta de transparencia, la falta de participación ciudadana para decidir, controlar, supervisar e incluso decidir la inversión más conveniente. Los presupuestos participativos son un saludo a la bandera. Al final los presidentes regionales –en su mayoría– se burlan de los acuerdos.
Esto seguirá ocurriendo mientras los partidos, los movimientos u organizaciones no asuman con firmeza la necesidad de un cambio que termine con el modelo centralista vigente. La ansiada descentralización sólo será un maquillaje, un engañamuchachos. La regionalización, para los pueblos de todo el Perú es un embuste, un fraude.
Porque regionalizar es otra cosa. Es unir y cohesionar fuerzas, zonas y áreas productivas en función de identidades históricas y culturales que proyecten una complementariedad económica que confiere una unidad mayor, cuya acción prioritaria ha de ser la descentralización, la autonomía para crear tributos regionales, para recaudar impuestos, instituir un organismo de supervisión regional y por sobre todo contar con SNIP descentralizado (hoy, el Ministerio de Economía tiene más poder que todos los presidentes regionales del Perú), para ser autónomos en las iniciativas de inversión regional.
Para hacer un gran país
>La verdadera descentralización y regionalización requiere de una visión común del país que recoja los problemas y responda con soluciones, pero complementada con decisiones políticas como la revocatoria de todas las autoridades elegidas, desde los concejales distritales, hasta el mismísimo Presidente de la República, pues la gente está harta de los políticos tradicionales acostumbrados a prometer una cosa y hacer otra, y exige una democracia activa y participativa, en la que decida y no sólo vote.
Hay que establecer por tanto mecanismos para la participación ciudadana en cada rincón del país, en temas concretos como la elaboración, ejecución y supervisión del presupuesto. La economía debe estar al servicio de la gente para que cambie su vida y para lograr metas nacionales fundamentales, como la erradicación del analfabetismo.
El nuevo modelo de descentralización debe basarse en una economía que promueva la pequeña y mediana empresa para que fortalezcan al mercado interno y promuevan el empleo y la microcapitalización; y debe apuntar a la construcción de un país realmente plurinacional y multi-étnico, como somos, que garantice el bienestar de sus ciudadanos, con educación para todos, trabajo y salarios de calidad y derechos laborales auténticos.
Las fuerzas sociales del cambio deben impulsar su unidad en torno a las metas citadas, en beneficio de las grandes mayorías, pues solamente así el Perú dejará de estar a espaldas de América Latina y podrá aportar a la integración regional.
La vía alternativa es factible, pues las recetas de De Soto o García llevan muchas veces a los países al caos, la convulsión social y la barbarie. Aun estamos a tiempo.(ANI)
Andrés Nicolás Icaza
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