LOS MILITARES DE LA BACHELET

Revista PUNTO FINAL de Santiago de Chile.
Por Eduardo Andrade Boné
PINOCHETISMO
El caso del general Fuente-Alba induce a reflexión. Hay precedentes que indican que en materia de militares, asuntos que aparecían claros e indiscutibles, dejaron de serlo después. Ha sucedido con otros nombramientos de altos oficiales de las fuerzas armadas. Esto se relaciona con el “pacto de silencio” que rige entre los uniformados y que ha entorpecido la investigación de los crímenes de la dictadura. El hecho de haber sido Fuente-Alba un joven subteniente en 1973, no borra el hecho de que la mayor parte de su carrera militar transcurrió en el ejército comandado por Pinochet y su camarilla de asesinos y ladrones.

Fuente-Alba no pudo, al menos, dejar de tener noticias de los crímenes y atrocidades cometidos por sus camaradas de armas. Su silencio implica una evidente responsabilidad ética. Sin embargo, el mismo razonamiento debería aplicarse prácticamente a todos los mandos actuales del ejército, por lo menos hasta el grado de coronel, o incluso más abajo. Esta situación significa que en las fuerzas armadas existen elementos de peligrosidad latente que deberían ser afrontados con tacto pero también con firmeza, buscando formar una nueva mentalidad castrense que se inspire en valores democráticos y que permita a la sociedad avanzar sin amenazas hacia formas más profundas de igualdad y justicia social.

Es inquietante saber que Pinochet -con todos sus crímenes y enriquecimiento ilícito a cuestas- sigue siendo una figura emblemática y admirada en el ejército y en el conjunto de las fuerzas armadas. Esto sucede mientras el asesinato del ex comandante en jefe, general Carlos Prats González, y de su esposa, sigue impune.

Durante los 20 años de la democracia de baja intensidad que impera en Chile, las fuerzas armadas han sido intocables y son un tema tabú en el debate político. Ninguno de los candidatos presidenciales se ha atrevido a enfrentar el tema y a proponer una política que termine con privilegios, corruptelas y potenciales peligros antidemocráticos.

Las fuerzas armadas siguen siendo -tal como las dejó Pinochet- un estamento privilegiado de la sociedad, sometido a la doctrina de Seguridad Nacional levemente maquillada y repotenciada para la lucha “antiterrorista” que hoy propugna el Pentágono y que amenaza al continente desde las bases que instalará en Colombia.

PRIVILEGIADOS Y CORRUPTOS

Los privilegios de que gozan los militares chilenos son variados. Desde la discrecionalidad con que los altos mandos deciden la compra de armamentos (4.778 millones de dólares en 2008, según el Instituto de Investigaciones para la Paz, de Estocolmo) con los recursos que provienen de las ventas de cobre de Codelco, hasta sus regímenes especiales de previsión y salud. Aunque ese sistema previsional está quebrado, sigue funcionando gracias al aporte fiscal -pagado por todos los chilenos- a razón de más de 1.500 millones de dólares anuales. Los hospitales de cada rama de las fuerzas armadas y de Carabineros son los más modernos del país -como el nuevo Hospital Militar inaugurado en la comuna de La Reina-. Los uniformados gozan de todo tipo de asignaciones especiales que ya se las quisieran profesores y funcionarios públicos que gritan su pobreza en las calles.

El Código de Justicia Militar les asegura una justicia propia que invariablemente los favorece. Cada una de las ramas de las fuerzas armadas cuenta con patrimonio propio del que disponen como si lo hubieran adquirido con su trabajo y no gracias al financiamiento fiscal. El dispendio en el gasto militar facilita la corrupción, como se ha visto en el caso de los aviones Mirage y en la adquisición de los tanques Leopard. Los suicidios de conscriptos rara vez son investigados a fondo, y menos los crímenes como el de Pedro Soto Tapia o el del cabo Orlando Morales Pinto, este último para ocultar un desfalco en el Comando de Salud del ejército. Hizo falta la movilización y protesta para que el ejército se diera por enterado de los casos de radiación que afectaron a conscriptos que sirvieron en el centro nuclear de Lo Aguirre.

Tampoco se puede sostener razonablemente que las fuerzas armadas se hayan empleado a fondo para ayudar a la justicia en materia de violaciones de los derechos humanos. Esto alimenta las sospechas y suspicacias cuando se producen ascensos en los altos mandos. Con razón los ciudadanos se preguntan: ¿dónde estaba y qué hacía ese general o aquel almirante cuando la dictadura militar torturaba, asesinaba y hacía desaparecer prisioneros? ¿O es que los actuales comandantes en jefe fueron abnegados y pulcros oficiales, dedicados a su perfeccionamiento profesional y a la formación de contingentes en los cuarteles? ¿Fueron sólo oficiales de escritorios, polígonos y desfiles? ¿Nunca se enteraron de lo que hacían sus compañeros en la Dina, la CNI, la Dine, etc.?

El gobierno de la presidenta Bachelet, que por antecedentes familiares y profesionales pudo haber abordado con mayor autoridad el tema de las fuerzas armadas y su readecuación para servir a la Patria en democracia, ni siquiera intentó comenzar esa tarea que seguirá congelada durante el próximo gobierno, según nos prometen los candidatos que se disputan la Presidencia de la República.