Por Nelson Manrique
La conferencia interdisciplinaria “Estados descentrados: formación y deformación política en los Andes” en Quito, ha sido una buena oportunidad para establecer comparaciones entre los procesos sociales y políticos que vienen desarrollándose en la región andina. Existe una enorme diferencia entre los procesos que se viven, de una parte, en el Perú, y de otra en Bolivia y Ecuador. En el Perú, el segundo gobierno de Alan García se ha caracterizado por el remate de los recursos naturales de la nación a favor de las empresas transnacionales y sus socios nativos y una corrupción extendida. A este gobierno le tocó en suerte una coyuntura internacional de extraordinarios precios de las materias primas que exportamos, pero la riqueza así conseguida no ha llegado sino muy limitadamente a los peruanos. Alan García no renegoció –como había prometido– los contratos lesivos al país, ni impuso a las empresas un impuesto a las sobreutilidades mineras (una medida normal en el sistema económico mundial, que acaba de implementar el gobierno de Australia). Se limitó a demandar de las empresas mineras un óbolo voluntario de alrededor de US$ 180 millones anuales (que ahora se niegan a seguir pagando), con el argumento de que eso ahuyentaría a los capitales extranjeros.
Evo Morales en cambio incrementó la participación del Estado boliviano en la renta petrolera del 18% al 82% y redujo la de las empresas multinacionales del 82% al 18%. Por supuesto, ninguna de las empresas afectadas se marchó, porque los precios internacionales del petróleo eran tan buenos que aun en las nuevas condiciones podían seguir haciendo buenas utilidades. El argumento de que reivindicar los intereses de la nación ahuyentaría a las empresas extranjeras fue solo un pretexto de García para evitar tocar dichos intereses, dilapidando miles de millones que podían haber permitido una inversión social que redujera en algo las desigualdades sociales. Cuando se investigue los actos de corrupción de este gobierno posiblemente se conocerán las verdaderas razones de tamaña generosidad.
El incremento de la renta percibida por el Estado le permitió a Evo Morales incrementar el gasto social en cinco veces, con muchas mejoras tangibles para la población, como por ejemplo otorgar una pensión de jubilación a todos los bolivianos, incluidos aquellos ancianos indígenas que jamás en su vida tuvieron un contrato de trabajo, ni, por supuesto, seguro de ningún tipo. Algo que la mayoría de los peruanos no puede ni soñar. Se entiende por qué goza de un respaldo popular que le ha permitido derrotar los intentos separatistas impulsados desde Santa Cruz y la media luna oriental y ser reelegido con más del 60% de los votos.
Rafael Correa en Ecuador tiene también una firme política de defensa de los intereses nacionales, que, entre otras cosas, ha obligado a los militares norteamericanos a mudar la base aérea que tenían en Mantas (Ecuador) a Colombia, donde Uribe, el único político que secunda el entreguismo de García en el subcontinente, les ha otorgado siete bases desde donde podrán desplegar sus fuerzas de intervención rápida en toda A. Latina. Y mantiene una firme política de defensa de los intereses populares que no se ha detenido ni siquiera ante el riesgo de perder el apoyo de la clase media. Se propuso encarar la explotación sufrida por la gran mayoría de las trabajadoras domésticas, denunciando su situación como una virtual esclavitud. No se quedó en las palabras y dispuso que tuvieran un contrato de trabajo y seguro social pagado por los patronos. A pesar de que se alegó que con estas medidas estaba condenando a estas trabajadoras al desempleo, pues nadie las contrataría, Correa se mantuvo firme y fue más allá, cerrando las puertas a arreglos irregulares prohibiendo los contratos de tiempo parcial. Finalmente, ante la perspectiva de quedarse sin servidumbre, la clase media tuvo que aceptar pagar algo más equitativamente a sus empleadas. Un amigo profesional me contaba que el ingreso de su empleada doméstica se ha elevado de 90 a 240 dólares mensuales, aparte de que ahora cuenta con un seguro, lo que es fiscalizado por inspectores gubernamentales.
Es posible otra política. Depende de los votantes seguir en las mismas o decidirse a cambiar.
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