Los seis mineros asesinados por la policía en Chala representan un trágico eslabón de una larga cadena que constituye la minería artesanal y que tiene como elementos la lucha por la sobrevivencia, la sobreexplotación de la mano de obra, el trabajo infantil, la corrupción de autoridades, la prostitución, el atentado brutal contra el medio ambiente, la incapacidad del Estado y de los gobiernos de turno para resolver este complejo problema. El producto brillante, el oro, es la cosecha sangrienta que enriquece a pocos, provocando la desgracia de muchos.
Se calcula que en la minería artesanal trabajan más de 70,000 mineros y que esta actividad produce más de 200 millones de dólares al año. Madre de Dios destaca como la región emblemática de esta actividad, que se extiende peligrosamente a otras regiones de Puno, Arequipa, Ica, Ayacucho, Huancavelica, Lima, La Libertad, Piura y Cajamarca. La minería artesanal se caracteriza por el uso intensivo de mano de obra en condiciones infrahumanas debido a la baja tecnología utilizada; el alto impacto sobre el medio ambiente y la ecología como consecuencia del uso indiscriminado del mercurio; la informalidad en que se realiza, lo que entre otras cosas permite la explotación del trabajo infantil y que los trabajadores no cuenten con derechos laborales; generalmente se realiza en zonas alejadas, de difícil acceso, donde los pobladores viven sin servicios básicos, con carestía de vida, altos índices de prostitución, alcoholismo y otras actividades delictivas, siendo evidente la poca o nula presencia del Estado.
El problema de fondo es la pervivencia del esquema primarioexportador de nuestra economía, reforzado en los últimos años con la aplicación del modelo neoliberal, que además ha provocado la quiebra del aparato productivo y la crisis agraria. Si a ello sumamos el impacto de los desastres naturales, que el gobierno se ha mostrado incapaz de prevenir y atender sus consecuencias, tenemos un cuadro dramático donde decenas de miles de pobladores se ven impelidos a desarrollar las más disímiles actividades, generalmente en la informalidad, para poder sobrevivir. No es raro que gran parte de la migración de la sierra hoy en día se oriente hacia las zonas selváticas donde abunda el cultivo de la coca, y a las regiones proclives a las actividades de minería artesanal.
En uno y otro caso el gobierno no ataca las causas del problema, sino las consecuencias, recurriendo a métodos cada vez más autoritarios. En lugar de promover alternativas de desarrollo para las regiones, resolver los graves problemas de desempleo, dotar de servicios a las poblaciones alejadas, se opta por la demagogia, el garrote y la ley del embudo. Mientras se protege a las grandes empresas mineras, se les otorgan contratos blindados, se les exonera de impuestos, se conculcan derechos laborales y criminaliza la protesta social, se permite la depredación del medio ambiente, el saqueo de los recursos naturales y el despojo de sus tierras a los campesinos; por otro lado, levantando de manera cínica las banderas de protección al medio ambiente y a los derechos laborales, se da carta blanca para que la policía dispare a quemarropa sobre trabajadores indefensos.
La salida autoritaria que pone en marcha el gobierno para resolver los conflictos sociales ha causado baños de sangre en varias regiones del país, lo que hace con total impunidad y el mayor descaro. Esta es la “democracia” que practica la derecha: guantes de seda para el capital foráneo y los grandes empresarios; puño de hierro para la gran mayoría de peruanos, en especial para quienes luchan por sus derechos y se enfrentan al modelo que se lleva a cabo.
Por supuesto que hay que defender a nuestros recursos y medio ambiente; hay que combatir la sobreexplotación del trabajador y erradicar el trabajo infantil; por supuesto que hay que combatir y terminar con la actividad de la minería artesanal y sus secuelas. Pero la derecha no tiene ninguna autoridad para enarbolar estas banderas, y menos para asesinar pobladores en nombre de ellas. No nos dejemos embaucar por su prédica demagógica.
El Perú necesita abrir un nuevo rumbo, donde la economía esté orientada a la satisfacción de las necesidades de las grandes mayorías. Los variados recursos que posee el país deben ser explotados racionalmente en el marco de un Proyecto Nacional que promueva el desarrollo armónico de las regiones. Superar el esquema primarioexportador y dependiente del capital extranjero, defender consecuentemente la soberanía nacional y los recursos del país, garantizar los derechos laborales y el bienestar de la población; combatir frontalmente a la corrupción y regenerar moralmente al conjunto de la sociedad: eso es lo que nunca ha hecho ni va a hacer la derecha apátrida, ni sus representantes de turno, como el presente gobierno aprista. Condenar la matanza de Chala y otras similares, exigir sanción a los responsables, es necesario, pero insuficiente. Hay que atreverse a abrir un nuevo rumbo para el país, a refundar la república, a luchar por una nueva Constitución, a unirnos para derrotar a la derecha causante del atraso del país. Si no lo hacemos, tendremos nuevos episodios, donde la sangre se derrama en beneficio del capital.
Se calcula que en la minería artesanal trabajan más de 70,000 mineros y que esta actividad produce más de 200 millones de dólares al año. Madre de Dios destaca como la región emblemática de esta actividad, que se extiende peligrosamente a otras regiones de Puno, Arequipa, Ica, Ayacucho, Huancavelica, Lima, La Libertad, Piura y Cajamarca. La minería artesanal se caracteriza por el uso intensivo de mano de obra en condiciones infrahumanas debido a la baja tecnología utilizada; el alto impacto sobre el medio ambiente y la ecología como consecuencia del uso indiscriminado del mercurio; la informalidad en que se realiza, lo que entre otras cosas permite la explotación del trabajo infantil y que los trabajadores no cuenten con derechos laborales; generalmente se realiza en zonas alejadas, de difícil acceso, donde los pobladores viven sin servicios básicos, con carestía de vida, altos índices de prostitución, alcoholismo y otras actividades delictivas, siendo evidente la poca o nula presencia del Estado.
El problema de fondo es la pervivencia del esquema primarioexportador de nuestra economía, reforzado en los últimos años con la aplicación del modelo neoliberal, que además ha provocado la quiebra del aparato productivo y la crisis agraria. Si a ello sumamos el impacto de los desastres naturales, que el gobierno se ha mostrado incapaz de prevenir y atender sus consecuencias, tenemos un cuadro dramático donde decenas de miles de pobladores se ven impelidos a desarrollar las más disímiles actividades, generalmente en la informalidad, para poder sobrevivir. No es raro que gran parte de la migración de la sierra hoy en día se oriente hacia las zonas selváticas donde abunda el cultivo de la coca, y a las regiones proclives a las actividades de minería artesanal.
En uno y otro caso el gobierno no ataca las causas del problema, sino las consecuencias, recurriendo a métodos cada vez más autoritarios. En lugar de promover alternativas de desarrollo para las regiones, resolver los graves problemas de desempleo, dotar de servicios a las poblaciones alejadas, se opta por la demagogia, el garrote y la ley del embudo. Mientras se protege a las grandes empresas mineras, se les otorgan contratos blindados, se les exonera de impuestos, se conculcan derechos laborales y criminaliza la protesta social, se permite la depredación del medio ambiente, el saqueo de los recursos naturales y el despojo de sus tierras a los campesinos; por otro lado, levantando de manera cínica las banderas de protección al medio ambiente y a los derechos laborales, se da carta blanca para que la policía dispare a quemarropa sobre trabajadores indefensos.
La salida autoritaria que pone en marcha el gobierno para resolver los conflictos sociales ha causado baños de sangre en varias regiones del país, lo que hace con total impunidad y el mayor descaro. Esta es la “democracia” que practica la derecha: guantes de seda para el capital foráneo y los grandes empresarios; puño de hierro para la gran mayoría de peruanos, en especial para quienes luchan por sus derechos y se enfrentan al modelo que se lleva a cabo.
Por supuesto que hay que defender a nuestros recursos y medio ambiente; hay que combatir la sobreexplotación del trabajador y erradicar el trabajo infantil; por supuesto que hay que combatir y terminar con la actividad de la minería artesanal y sus secuelas. Pero la derecha no tiene ninguna autoridad para enarbolar estas banderas, y menos para asesinar pobladores en nombre de ellas. No nos dejemos embaucar por su prédica demagógica.
El Perú necesita abrir un nuevo rumbo, donde la economía esté orientada a la satisfacción de las necesidades de las grandes mayorías. Los variados recursos que posee el país deben ser explotados racionalmente en el marco de un Proyecto Nacional que promueva el desarrollo armónico de las regiones. Superar el esquema primarioexportador y dependiente del capital extranjero, defender consecuentemente la soberanía nacional y los recursos del país, garantizar los derechos laborales y el bienestar de la población; combatir frontalmente a la corrupción y regenerar moralmente al conjunto de la sociedad: eso es lo que nunca ha hecho ni va a hacer la derecha apátrida, ni sus representantes de turno, como el presente gobierno aprista. Condenar la matanza de Chala y otras similares, exigir sanción a los responsables, es necesario, pero insuficiente. Hay que atreverse a abrir un nuevo rumbo para el país, a refundar la república, a luchar por una nueva Constitución, a unirnos para derrotar a la derecha causante del atraso del país. Si no lo hacemos, tendremos nuevos episodios, donde la sangre se derrama en beneficio del capital.
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