Por: Teresa Tovar Samanez.
Más de 30,000 personas de La Oroya están obligadas a elegir entre dos opciones nefastas: Aceptar que opere Doe Run y por tanto resignarse a seguir viviendo/muriendo con la contaminación de plomo en sus hijos, o quedarse sin trabajo y sin ingresos para sustentar a sus hijos. ¿Qué clase de desarrollo salvaje es el que obliga a las personas a decidir entre la desocupación y la sobrevivencia con plomo en la sangre?
Dos cosas son claras. 1. Los niños y niñas son los más afectados en ambas “opciones”. Hambre y desnutrición; enfermedad y/o muerte por intoxicación crónica con plomo (a niveles cercanos al 100% como cuando operaba Doe Run); futuro oscuro (irreversibles daños en el desarrollo intelectual); infancia mutilada por jugar entre el hollín o por ser encerrados en sus casas para no respirar gases tóxicos (la chimenea de La Oroya emite 1000 toneladas de gases tóxicos al día, cinco veces más de lo permitido). Las investigaciones demuestran que los tejidos blandos de los niños (cerebro, riñón, hígado y huesos), absorben un 50% del plomo (en los adultos es de un 20%). 2. El absurdo dilema no es casual. Obedece a una abstención del Estado para regular la acción de la inversión. Cuando el Estado abdica de su responsabilidad pública, lo que chorrea la inversión y el “crecimiento” económico es enfermedad, desigualdad y penuria, no es progreso. El 2006, el Ministerio de energía y Minas aceptó sin sonrojarse que Doe Run aplazara hasta el 2009 el cumplimiento de su PAMA.
Hoy Doe Run está denunciado internacionalmente. Cerca de 1300 casos de niños con plomo en la sangre que sobrepasan los niveles límite regulados por la OMS han sido presentados en cortes de Estados Unidos. En la Corte de San Luis, Misuri hay una demanda de los abogados de 35 niños de La Oroya, luego que dicha Corte falló a favor de pagar 22 millones de dólares a cada uno de 16 niños contaminados por Rennet, consorcio al que pertenece Doe Run. No es casual que al enterarse de que existen 1300 casos documentados de niños de La Oroya Rennet esté ofreciendo 100 millones de dólares de indemnización (que significa que se pagaría 76,000 dólares en lugar de 22 millones a cada niño contaminado). Doe Run además insiste en que sea el estado peruano quien asuma el pago de las indemnizaciones y multas por daño ambiental.
El caso de Doe Run es tan escandaloso que ha suscitado amplio consenso entre intelectuales, artistas, obispos y sacerdotes, periodistas, e inclusive empresarios e instituciones, a nivel nacional e internacional. Plataforma para un Cambio-Perú, Earthjustice, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Alianza Internacional de Agencias Católicas de Desarrollo (CIDSE) y Plataforma Europa Perú (PEP) están entre ellas. Su desenlace marcará un hito en el sentido de si se opta por un modelo de desarrollo que sepulte a los niños como parte de sus costos, o se diseña otro camino, que debe incluir una salida laboral a las 3500 familias que han sido puestas en un fatal dilema que no buscaron.
Dos alertas para la Educación: 1. No es posible lograr aprendizajes de calidad en condiciones de intoxicación crónica. 2. Es difícil construir ciudadanía en un país que admite dilemas de muerte.
Más de 30,000 personas de La Oroya están obligadas a elegir entre dos opciones nefastas: Aceptar que opere Doe Run y por tanto resignarse a seguir viviendo/muriendo con la contaminación de plomo en sus hijos, o quedarse sin trabajo y sin ingresos para sustentar a sus hijos. ¿Qué clase de desarrollo salvaje es el que obliga a las personas a decidir entre la desocupación y la sobrevivencia con plomo en la sangre?
Dos cosas son claras. 1. Los niños y niñas son los más afectados en ambas “opciones”. Hambre y desnutrición; enfermedad y/o muerte por intoxicación crónica con plomo (a niveles cercanos al 100% como cuando operaba Doe Run); futuro oscuro (irreversibles daños en el desarrollo intelectual); infancia mutilada por jugar entre el hollín o por ser encerrados en sus casas para no respirar gases tóxicos (la chimenea de La Oroya emite 1000 toneladas de gases tóxicos al día, cinco veces más de lo permitido). Las investigaciones demuestran que los tejidos blandos de los niños (cerebro, riñón, hígado y huesos), absorben un 50% del plomo (en los adultos es de un 20%). 2. El absurdo dilema no es casual. Obedece a una abstención del Estado para regular la acción de la inversión. Cuando el Estado abdica de su responsabilidad pública, lo que chorrea la inversión y el “crecimiento” económico es enfermedad, desigualdad y penuria, no es progreso. El 2006, el Ministerio de energía y Minas aceptó sin sonrojarse que Doe Run aplazara hasta el 2009 el cumplimiento de su PAMA.
Hoy Doe Run está denunciado internacionalmente. Cerca de 1300 casos de niños con plomo en la sangre que sobrepasan los niveles límite regulados por la OMS han sido presentados en cortes de Estados Unidos. En la Corte de San Luis, Misuri hay una demanda de los abogados de 35 niños de La Oroya, luego que dicha Corte falló a favor de pagar 22 millones de dólares a cada uno de 16 niños contaminados por Rennet, consorcio al que pertenece Doe Run. No es casual que al enterarse de que existen 1300 casos documentados de niños de La Oroya Rennet esté ofreciendo 100 millones de dólares de indemnización (que significa que se pagaría 76,000 dólares en lugar de 22 millones a cada niño contaminado). Doe Run además insiste en que sea el estado peruano quien asuma el pago de las indemnizaciones y multas por daño ambiental.
El caso de Doe Run es tan escandaloso que ha suscitado amplio consenso entre intelectuales, artistas, obispos y sacerdotes, periodistas, e inclusive empresarios e instituciones, a nivel nacional e internacional. Plataforma para un Cambio-Perú, Earthjustice, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Alianza Internacional de Agencias Católicas de Desarrollo (CIDSE) y Plataforma Europa Perú (PEP) están entre ellas. Su desenlace marcará un hito en el sentido de si se opta por un modelo de desarrollo que sepulte a los niños como parte de sus costos, o se diseña otro camino, que debe incluir una salida laboral a las 3500 familias que han sido puestas en un fatal dilema que no buscaron.
Dos alertas para la Educación: 1. No es posible lograr aprendizajes de calidad en condiciones de intoxicación crónica. 2. Es difícil construir ciudadanía en un país que admite dilemas de muerte.
No hay comentarios:
Publicar un comentario