Por Fernando Rospigliosi
Este gobierno ha sido nefasto en varios aspectos. La seguridad ciudadana, sin duda; pero también en el respeto a los derechos humanos.
os decretos legislativos promulgados el 1 de setiembre, al amparo de facultades delegadas por un Congreso mediocre y corrupto, posibilitan la puesta en libertad de los asesinos del grupo Colina y otros criminales, así como la impunidad para decenas de otros delincuentes que cometieron crímenes atroces.
No hay prácticamente diferencia entre esta decisión del gobierno aprista y la de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos en junio de 1995, cuando, usando también un Congreso tan putrefacto como el actual, amnistiaron al grupo Colina y a otros criminales.
Peor que Fujimori
Pero lo que ha hecho el gobierno de Alan García es tal vez peor, porque el Perú ya había superado esa etapa. Los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo avanzaron, como nunca antes en la historia del Perú, al crear un sistema anticorrupción que permitió que se juzgara y sancionara a una parte importante de la banda de ladrones que saqueó al Estado en el gobierno de Fujimori y Montesinos, y a los violadores de los derechos humanos.
Por eso esta barbaridad perpetrada por Alan García constituye un retroceso monumental respecto a lo desarrollado en la primera mitad de la década.
Como se ha dicho muchas veces en esta columna, la alianza de García con el fujimorismo va mucho más allá que un negocio de toma y daca de votos en el Congreso. La presencia de prominentes fujimoristas en el gobierno es una muestra. Pero más importante, existe una auténtica simbiosis entre García y el fujimorismo.
No se trata solo de las ideas económicas o la corrupción. Tienen mucho más en común, como lo muestra el apoyo de García a la hija del dictador para las elecciones del 2011; y esta retahíla de decretos que, además, son inconstitucionales y violan acuerdos internacionales suscritos por el Perú, como han señalado varios expertos y organismos defensores de los derechos humanos.
Aprovechando el embrollo
Como bien ha recordado Ronald Gamarra en La República, insertarse en un mundo globalizado no solo es firmar tratados de libre comercio y abrir las puertas para el intercambio de bienes y servicios. También es ponerse a tono con el sistema internacional de vigencia de libertades democráticas y respeto a los derechos humanos.
El desprecio por esos estándares produjo un progresivo aislamiento internacional del régimen de Fujimori y Montesinos, que tuvo consecuencias para la dictadura en el año 2000, precipitando su caída.
Y provocó una situación enmarañada desde el punto de vista legal, que llevó a la anulación de juicios y sentencias, y a nuevos y complejos procesos contra los terroristas, delincuentes, corruptos y violadores de los derechos humanos.
Precisamente de ese embrollo propiciado por Fujimori y Montesinos es que provienen las demoras y enredos, que han hecho que los procesos contra los violadores de los derechos humanos, que ahora García pretende amnistiar, demoren una eternidad y sirvan de pretexto para los decretos mencionados (Nº 1094, 1095, 1096 y 1097).
Desprecio por las víctimas
Se trata de un retroceso esencial con respecto al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), creada en el gobierno de Paniagua y reforzada en el de Toledo. Es simbólico que García haya promulgado sus decretos de amnistía encubierta casi coincidiendo con el 7º aniversario del Informe Final de la CVR (28 de agosto).
Los decretos de García son una bofetada a las miles de víctimas de las violaciones a los derechos humanos, casi todos campesinos, pobres, marginales. Como dijo el presidente de la CVR, Salomón Lerner, cuando entregó su informe al presidente Toledo:
“De cada cuatro víctimas de la violencia, tres fueron campesinos o campesinas cuya lengua materna era el quechua, un amplio sector de la población históricamente ignorado –hasta en ocasiones despreciado– por el Estado y por la sociedad urbana, aquella que sí disfruta de los beneficios de la comunidad política”.
Y añadió:
“El informe que le entregamos expone, pues, un doble escándalo: el del asesinato, la desaparición y la tortura en gran escala, y el de la indolencia, la ineptitud y la indiferencia de quienes pudieron impedir esta catástrofe humanitaria y no lo hicieron”.
Entre quienes pudieron impedirlo y no lo hicieron está el primer García, en cuyo anterior gobierno se cometieron parte de los crímenes que señaló la CVR. El segundo García ha hecho algo quizás peor, reiterando ahora su deprecio por las víctimas, escupiendo sobre sus tumbas.
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