1. Incumplen los criterios de legalidad establecidos por el Tribunal Constitucional en la sentencia del 10 de noviembre del 2009.
2. Incumplen el requisito establecido por el Tribunal Constitucional respecto a su carácter de medidas extraordinarias, pues sus supuestos beneficios no surgen en gran medida del contenido mismo del decreto, sino están referidos en su gran mayoría a acciones diferidas en el tiempo.
3. Los considerandos no se fundamentan en alguna situación que constituya un peligro extraordinario, excepcional y urgente para la economía nacional o las finanzas públicas, debido a que están referidos a condiciones administrativas.
4. Reducen los requisitos de aprobación de los proyectos de inversión a simples estudios de prefactibilidad, anulando la obligatoriedad de los estudios de factibilidad.
5. Eliminan la certificación ambiental como requisito previo para las autorizaciones administrativas de carácter sectorial.
6. Anulan la obligatoriedad de la consulta previa afectando el cumplimiento del mandato de la consulta a los pueblos indígenas establecido por la OIT
7. Subvalúan activos y bienes públicos al transferir a título gratuito los terrenos y/o edificaciones del Estado, incluyendo los que pertenecen a las empresas del Estado, sean de propiedad directa o indirecta.
8. Sin autorización invaden las competencias y normas de las entidades del Estado obligando a que los funcionarios de los mismos realicen actos contrarios a sus funciones.
9. Vulneran las propiedades de los ciudadanos, de las empresas públicas e incluso los bienes de dominio público.
10. Establecen un amplio cofinanciamiento que aportará el Estado, el que por la envergadura de las infraestructuras estratégicas comprometidas será cuantioso.
11. Anulan el control público sobre los 33 proyectos de infraestructura estratégica.
12- Pretenden ratificar la ilegal exportación del gas de Camisea y el creciente desabastecimiento de energía ante los requerimientos del país.
13. Los decretos pretenden acelerar la instalación del control del monopolio naviero portuario Chileno sobre la infraestructura estratégica de transporte intermodal.
14. Buscan posición de dominio para el grupo Repsol sobre la industria nacional del petróleo y el gas.
15. Los decretos autorizan en forma improvisada y a futuro la entrega por tramos de las diversas carreteras del país, reemplazando con negociados lo que debería ser la realización de un Plan Nacional de Transporte Intermodal.
2. Incumplen el requisito establecido por el Tribunal Constitucional respecto a su carácter de medidas extraordinarias, pues sus supuestos beneficios no surgen en gran medida del contenido mismo del decreto, sino están referidos en su gran mayoría a acciones diferidas en el tiempo.
3. Los considerandos no se fundamentan en alguna situación que constituya un peligro extraordinario, excepcional y urgente para la economía nacional o las finanzas públicas, debido a que están referidos a condiciones administrativas.
4. Reducen los requisitos de aprobación de los proyectos de inversión a simples estudios de prefactibilidad, anulando la obligatoriedad de los estudios de factibilidad.
5. Eliminan la certificación ambiental como requisito previo para las autorizaciones administrativas de carácter sectorial.
6. Anulan la obligatoriedad de la consulta previa afectando el cumplimiento del mandato de la consulta a los pueblos indígenas establecido por la OIT
7. Subvalúan activos y bienes públicos al transferir a título gratuito los terrenos y/o edificaciones del Estado, incluyendo los que pertenecen a las empresas del Estado, sean de propiedad directa o indirecta.
8. Sin autorización invaden las competencias y normas de las entidades del Estado obligando a que los funcionarios de los mismos realicen actos contrarios a sus funciones.
9. Vulneran las propiedades de los ciudadanos, de las empresas públicas e incluso los bienes de dominio público.
10. Establecen un amplio cofinanciamiento que aportará el Estado, el que por la envergadura de las infraestructuras estratégicas comprometidas será cuantioso.
11. Anulan el control público sobre los 33 proyectos de infraestructura estratégica.
12- Pretenden ratificar la ilegal exportación del gas de Camisea y el creciente desabastecimiento de energía ante los requerimientos del país.
13. Los decretos pretenden acelerar la instalación del control del monopolio naviero portuario Chileno sobre la infraestructura estratégica de transporte intermodal.
14. Buscan posición de dominio para el grupo Repsol sobre la industria nacional del petróleo y el gas.
15. Los decretos autorizan en forma improvisada y a futuro la entrega por tramos de las diversas carreteras del país, reemplazando con negociados lo que debería ser la realización de un Plan Nacional de Transporte Intermodal.
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