Un ex procurador que algo sabe de corrupción, por haberla combatido, ha dicho reiteradamente que la terquedad del ex primer ministro Jorge del Castillo, de usar todo su poder partidario de manipulación para hacerse nominar candidato al Congreso de la República, va mucho más allá del simple empecinamiento.
En opinión del jurista y hoy candidato a la vicepresidencia, lo que el personaje quiere es en realidad hacerse elegir como sea nuevamente congresista, para disfrutar del poder que el cargo conlleva, del margen de juego que permite convertir cualquier problema legal en una contienda política y, sobre todo, de la inmunidad que la Constitución otorga a quienes el pueblo ha elegido, un paraguas que tiene fines mucho más elevados que el de simple impunidad que le asignan muchos malos representantes parlamentarios.
En ese afán, el personaje recorre medios, ensaya declaraciones, lanza amenazas sutiles a su propio gobierno; ataca a la candidata presidencial que ha escogido su partido –a la que, por cierto, su presencia no le causaba molestia ética cuando era ministra del gabinete que él encabezaba-, se enfrenta a la dirección política del aprismo y mueve cielo y tierra para salirse con la suya, pese a que la dirigencia aprista entiende, aunque no lo haya dicho, que su presencia desprestigia y devalúa aún más las opciones electorales del viejo partido.
Su actitud, como informamos en esta edición, ha dado lugar que sea virtualmente vetado como candidato y repudiado por las más altas instancias partidarias, pero sobre todo ha acentuado el rechazo de la ciudadanía a su imagen, asociada a la corrupción que ha marcado al presente régimen, independientemente de lo que diga o deje de decir algún informe fiscal, por cierto preliminar, sobre su conducta en uno de los casos en los que está involucrado.
Tal informe, en lo que muchos llaman ya telenovela aprista, está pendiente y es presentado como decisivo para que el personaje sea o no candidato. Pero la opinión pública no cree que ello sea suficiente y aplica con sabiduría aquello de que no basta ser honrado sino también hay que estar libre de toda sospecha, como decían los antiguos romanos de la mujer del César.
Harían muy bien la dirigencia aprista y la cúpula gobernante, en no permitir un mayor deterioro de su credibilidad y aval ciudadano. Sólo podrán lograrlo desembarazándose de quien a los ojos de los peruanos se ha convertido en el emblema del uso del poder con fines indebidos.
A estas alturas, nada de lo que haga el personaje podrá cambiar esa percepción, compartida por analistas de las más diversas tendencias, incluso por aquellos que pretenden avalarlo y presentar su caso como un tema meramente político y no ético.
En opinión del jurista y hoy candidato a la vicepresidencia, lo que el personaje quiere es en realidad hacerse elegir como sea nuevamente congresista, para disfrutar del poder que el cargo conlleva, del margen de juego que permite convertir cualquier problema legal en una contienda política y, sobre todo, de la inmunidad que la Constitución otorga a quienes el pueblo ha elegido, un paraguas que tiene fines mucho más elevados que el de simple impunidad que le asignan muchos malos representantes parlamentarios.
En ese afán, el personaje recorre medios, ensaya declaraciones, lanza amenazas sutiles a su propio gobierno; ataca a la candidata presidencial que ha escogido su partido –a la que, por cierto, su presencia no le causaba molestia ética cuando era ministra del gabinete que él encabezaba-, se enfrenta a la dirección política del aprismo y mueve cielo y tierra para salirse con la suya, pese a que la dirigencia aprista entiende, aunque no lo haya dicho, que su presencia desprestigia y devalúa aún más las opciones electorales del viejo partido.
Su actitud, como informamos en esta edición, ha dado lugar que sea virtualmente vetado como candidato y repudiado por las más altas instancias partidarias, pero sobre todo ha acentuado el rechazo de la ciudadanía a su imagen, asociada a la corrupción que ha marcado al presente régimen, independientemente de lo que diga o deje de decir algún informe fiscal, por cierto preliminar, sobre su conducta en uno de los casos en los que está involucrado.
Tal informe, en lo que muchos llaman ya telenovela aprista, está pendiente y es presentado como decisivo para que el personaje sea o no candidato. Pero la opinión pública no cree que ello sea suficiente y aplica con sabiduría aquello de que no basta ser honrado sino también hay que estar libre de toda sospecha, como decían los antiguos romanos de la mujer del César.
Harían muy bien la dirigencia aprista y la cúpula gobernante, en no permitir un mayor deterioro de su credibilidad y aval ciudadano. Sólo podrán lograrlo desembarazándose de quien a los ojos de los peruanos se ha convertido en el emblema del uso del poder con fines indebidos.
A estas alturas, nada de lo que haga el personaje podrá cambiar esa percepción, compartida por analistas de las más diversas tendencias, incluso por aquellos que pretenden avalarlo y presentar su caso como un tema meramente político y no ético.
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